El Gobierno incluyó en su temario de sesiones extraordinarias el proyecto de ley que propone bajar de la edad de la imputabilidad penal. Roberto Cipriano García, abogado, psicólogo social y secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, alertó a Política del Sur sobre las posibles consecuencias.

El abogado planteó que el proyecto “no intenta resolver ningún problema de fondo”. Ya que si ese fuera el objetivo, “debería ser una respuesta integral que piense las niñeces no sólo en clave de represión y castigo del delito que puedan cometer, sino también en cuáles son los problemas estructurales que atraviesan y que están directamente vinculados a políticas públicas que producen desigualdad y restricción de derechos y oportunidades”, como cuestiones sociales, familiares, de vivienda, económicas, educativas, sanitarias, ambientales, etc.

Asimismo, expresó que el eje no está puesto en mejorar o resolver la situación de vulneración de derechos de las niñeces sino que se focaliza en endurecer la respuesta frente al delito, y señaló que además se habla de incrementar penas reformando el Código Penal. “Es alimentar la voracidad punitiva, de castigo, clasista, de un sector de la sociedad sobre los niños o jóvenes pobres sindicados como el enemigo a neutralizar. Si realmente quisieran abordar el delito juvenil deberían atacar las causas y no únicamente las consecuencias que produce”, alertó.

Cipriano García advirtió que esta es “una reforma para la tribuna” que no tendrá impacto real en el tema de la seguridad. Y detalló que en la provincia de Buenos Aires hay 477 jóvenes en dispositivos del Órgano de Niñez de los cuales 68 tienen menos de 16 y son los que cometieron delitos graves como homicidios o violaciones.

Además, detalló que en 2024 hubo 814 homicidios dolosos y 70 de ellos fueron cometidos por jóvenes menores de 18 años, la mayoría de los victimarios tenía entre 16 y 18 años. “Todos fueron alcanzados por el sistema penal y encerrados. También los pocos cometidos por menores de 16”, aclaró. 

“En Argentina el homicidio doloso tiene una tasa de 4.5 de cada 100.000 habitantes, es menor que el de EE.UU. que es de 5.5 cada 100.000, menor que la mayoría de los países de la región y similar a países europeos. Un solo homicidio es grave y debe tratar de evitarse, pero no es una epidemia descontrolada o que no pueda abordarse considerando la complejidad del tema. Por el contrario, se simplifican las respuestas y se tornan irracionales, ilógicas y fundamentalmente ilegales ya que va contra la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales incorporados a ella”, aseguró.

Con respecto a la incidencia del encierro en los jóvenes, contó que el sistema de alojamiento de jóvenes en la provincia de Buenos Aires, y en la mayor parte del país, está formado por instituciones que “replican la lógica carcelaria de adultos”. “Son cárceles para jóvenes donde se vulneran sistemáticamente sus derechos y no se cumple con la normativa vigente. Torturas y malos tratos se aplican en todos los lugares con distinta modalidad e intensidad. Golpes, aislamiento extremo de entre 18 y 24 hs continúas, condiciones inhumanas de alojamiento, escaso acceso a la educación o formación laboral”, precisó. 

Y remarcó que son lugares de “neutralización subjetiva” y que pocas veces “producen la responsabilización del joven por el delito que cometió o su resocialización, que son los objetivos declarados del sistema”. Al mismo tiempo, denunció que hay “falta de atención de la salud integral, nulo acceso a tratamientos  psicológicos, indispensables para jóvenes que en su mayoría atraviesan o atravesaron el consumo problemático de sustancias que en muchos casos los llevó al delito”. 

“El encierro no mejora en nada a los jóvenes, por el contrario los ingresa en un camino de agravamiento de sus padecimientos y en muchos casos es el camino de ingreso  a la cárcel cuando se convierten en adultos”, subrayó.

Consideró que “el problema de estos proyectos que exacerban el punitivismo planteando soluciones ficticias, es que el sistema se endurece y detiene cada vez más a los jóvenes pobres con derechos vulnerados. Crece la prisionización, la sobrepoblación y hacinamiento, sumando nuevos problemas y agravamientos que deterioran aún más estos ámbitos. La reforma genera mayor presión punitiva policial en el territorio sobre los pibes". "La conclusión es más jóvenes detenidos a quienes se vulneran sus derechos”, apuntó.

Finalmente, Cipriano García resaltó que el proyecto menciona dispositivos educativos y alternativos pero “no son una novedad, ya existen y funcionan mal por falta de financiamiento, recursos humanos y materiales”. Y denunció que “los gobiernos tienen todas las herramientas legales para abordar los problemas que se plantean, pero si se achican los presupuestos para las niñeces, se desfinancian sus políticas, y se incrementan los presupuestos policiales, lo único que queda es el encierro, que es lo más fácil y sencillo para los operadores judiciales”.

Los riesgos de esta modificación en la ley son: “más vulneración de derechos de los jóvenes pobres, el crecimiento de un sistema penal que sólo neutraliza a los pibes y no sirve para nada”. “Si realmente están preocupados por las niñeces, que comiencen por aplicar las leyes vigentes, invertir en políticas sociales que realmente las incluyan y den oportunidades. Los países con menores índices de delitos son aquellos donde la desigualdad es menor”, cerró.