Por: Diego Lanese

Como parte de la política salarial impulsada el año pasado, el gobierno nacional mantuvo bajo un estricto techo salarial los ingresos de los empleados públicos. La idea de no homologar acuerdos por encima del 1-2 por ciento, por orden de ministro Luis Caputo, se mantuvo a rajatabla en el sector público, en especial en la paritaria estatal. Además, en el sector universitario se mantuvo la misma lógica, y la semana pasada confirmó un nuevo incremento bajo esos parámetros.

Según se supo, la Secretaría de Políticas Universitarias informó el envío de un instructivo que establece, de manera unilateral, un bono remunerativo no bonificable de 50 mil pesos por única vez a partir de diciembre y un aumento del 2 por ciento en los salarios de los docentes y nodocentes.

La decisión de sostener esta estrategia, que profundiza la pérdida salarial, generó el malestar de los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que reclamaron una “reapertura de la paritaria”, y la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario, que en febrero debe estar en plena vigencia según la justicia. En este contexto, crece la idea de un paro antes que comience el ciclo lectivo, y se alerta que en este contexto “las universidades no podrán funcionar normalmente”.

La queja de los docentes y nodocentes por el aumento sin discusión que otorgó el gobierno se dispararon esta semana, con amenazas de medidas de fuerza. Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) cuestionaron duramente la medida y denunciaron que el incremento fue dispuesto “de forma intempestiva, autoritaria y sin ningún tipo de negociación salarial”, en una nueva muestra del “desconocimiento del gobierno nacional hacia las instancias paritarias”.

En ese sentido, la organización sindical que conduce Walter Merkis fue categórica al advertir que no aceptará nuevos intentos de imponer aumentos salariales de manera unilateral. “No vamos a aceptar nuevamente aumentos sin paritarias y sin argumentos lógicos, cuyo único objetivo es ajustar a las y los trabajadores universitarios para seguir pagando la fiesta de la timba financiera para unos pocos”, señalaron mediante un comunicado. Para los nodocentes, la política salarial del gobierno “no solo deteriora el poder adquisitivo, sino que forma parte de una estrategia de ajuste más amplia sobre el sistema universitario público”.

 

 

 

 

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A la cuestión salarial se suma la falta de puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario y el ajuste que genera el presupuesto 2026, que profundiza el achicamiento de recursos para las casas de estudio. Así lo alerta Julián Di Silvestro, secretario general de ATUNLa, el gremio de los empleados de la Universidad Nacional de Lanús, que aseguró que “la situación económica y financiera es muy compleja, no sólo por la degradación de los salarios en estos dos años sino además por la situación alarmante del presupuesto universitario, que contiene los recursos necesarios para el funcionamiento normal”.

En diálogo con Política del Sur, el referente sindical dijo que los recursos para este año “se encuentran completamente desfasados, hay un congelamiento que nada tienen que ver con las necesidades para atender a las 2 millones de personas que asisten a las universidades”. En este sentido,  Di Silvestro admitió que  por la baja en los recursos “corre serio peligro el inicio del ciclo lectivo 2026 y el normal dictado de clases”.

Este complejo panorama es compartido por el resto de los gremios del sector, además de los rectores reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las agrupaciones de estudiantes. “No sería para nada extraño que durante este año, si el gobierno no cambia su actitud y entrega el financiamiento que fue aprobado por una ley que logró amplio apoyo del Congreso y evitado el veto, haya acciones directas”, agregó el referente de la ATUNLa.

Además,  Di Silvestro denunció que el deterioro salarial está generando “una enorme fuga” de los planteles docentes, que se van al sector privado en busca de mejores ingresos. En cuanto a los trabajadores nodocentes, esta realidad “empuja al pluriempleo, la changa después del trabajo para poder completar los ingresos, porque los salarios están lejos de poder atenderlas demandas de las familias”.

Para los nodocentes, se trata de “un ataque ideológico” por parte del gobierno nacional, que pretende “atacar a los millones de argentinos que ven en la universidad un proyecto para la movilidad social y el crecimiento”. Como ejemplo, recordó que la Argentina “es el país que tiene tres premios Nobel, los cuales vienen de la universidad pública, que es un patrimonio social totalmente arraigado y el pueblo sabrá defenderlo”. “Vamos a tener que atravesar esta historia, hay que seguir luchando para cambiar esto”, recalcó Di Silvestro.

En tanto, los datos marcan que el deterioro salarial se mantiene pese al aumento otorgado. Dentro de los trabajadores estatales, los docentes y nodocentes son de los que mayor poder adquisitivo perdieron en los últimos dos años, con un retroceso de entre el 35 por ciento y el 40 por ciento desde el inicio del actual gobierno. En términos reales, el recorte equivale a trabajar siete meses sin percibir ingresos, según el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

 

 

 

 

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Para recomponer el poder adquisitivo vigente a fines de 2023, tal como establece la Ley de Financiamiento Universitario, sería necesaria “una suba salarial de entre el 50 por ciento y el 58 por ciento”. Sin embargo, se quejaron, “bajo la actual orientación económica del gobierno nacional, ese escenario aparece cada vez más distante y vuelve a colocar al financiamiento universitario en el centro del debate público”. Por eso, el tema de la norma nacional que aprobó el Congreso y evitó el veto presidencial es fundamental para intentar revertir esto.

Vale recordar que la Justicia respondió en diciembre a la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el gobierno recibió un nuevo revés. De todos modos, sigue sin implementarse. “Después de dos años de lucha, habiendo generado masivas movilizaciones y con una ley de financiamiento vigente nosotros decimos que hay una solución que es muy simple: el gobierno debe acatar el fallo que lo obliga a cumplir con la ley de financiamiento”, concluyeron los gremios del sector.