De cara a las sesiones extraordinarias, en las cuales se trarán distintos proyectos enviados por el Gobierno, Política del Sur consultó a Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional del bloque Unión por la Patria, sobre las consecuencias de la reforma laboral. 

“Es un proyecto de ley que fue hecho en las consultoras de tres o cuatro grandes grupos de empresarios. De modernización laboral no tiene absolutamente nada, no resuelve ninguno de los problemas de la informalidad, a tal punto que declara a los trabajadores de plataformas, trabajadores independientes, sin relación de dependencia ni ningún tipo de presunción de relación laboral”, aseguró el dirigente. “Está claro que se trata de quitarle el poder de negociación a los sindicatos, avasallar el derecho de huelga, abaratar los despidos, reducir derechos, nada que se pueda rescatar”, sostuvo.

En ese sentido, adelantó que el sector no se quedará de brazos cruzados. “Las dos CTA vamos a enfrentar la reforma en la discusión legislativa, como ya lo estamos haciendo y también en el plano de la movilización”, comentó. Yasky precisó que se convocó un plenario conjunto para el 3 de febrero, en el cual se tomarán medidas.

También destacó que este miércoles 28 se reunirían en la sede de la UOM “donde seguramente se va a avanzar en la posibilidad de articular con la CGT”. “Están definidos ya los tiempos, no solamente del rechazo, sino de la protesta social”, subrayó.

Con respecto a la situación actual de los trabajadores en general, sostuvo que “algo que grafica de manera muy clara la situación de los trabajadores es que el salario mínimo vital y móvil de la Argentina hoy es uno de los más bajos de todo el continente". "Pasamos de tener un salario mínimo vital y móvil, que promediando el gobierno de Cristina Kirchner, era el más alto de América, medido en dólares, a ser hoy el más bajo”, completó.

Sumado a esto, remarcó que “hay un gobierno que sistemáticamente está actuando de manera coercitiva sobre las discusiones paritarias para no homologar ningún acuerdo que empate o esté un poquito por encima de la inflación. Los trabajadores del sector público perdieron prácticamente el 40% de su ingreso, los del sector privado también quedaron debajo de la inflación. Así que la política para los trabajadores es desastrosa”.

“Hoy está creciendo la informalidad laboral, se despide a trabajadores con convenio que pasan a convertirse en trabajadores que tratan de sobrevivir haciendo changas. Si pueden comprándose un auto para hacer Uber, otros pasan a los delivery. Empezamos a ver un cuadro social en la Argentina, muy parecido al de otros países de América Latina, como Perú, que el ministro de economía, (Luis) Caputo, toma como modelo a seguir”, planteó.

En este marco, planteó: “Estamos en un modelo que borró las palabras empleo, crecimiento del consumo, industria de su diccionario. El gobierno de (Javier) Milei está atento a los grandes negocios que tienen que ver con el sector energético, a la especulación financiera. Pero no aparece en su preocupación ni la mejora de la capacidad adquisitiva, ni el apalancamiento del consumo, ni la salvaguarda de las PyMes ni las industrias para que el empleo no siga destruyéndose”. 

“Todo hace pensar que la macroeconomía de la que tanto se ufana el gobierno de Milei va a seguir teniendo como correlato trabajadores que no llegan a fin de mes, jubilados que viven en una penuria cotidiana y trabajadores del sector público con salarios miserables”, lamentó Yasky.

Baja de la edad de imputabilidad

El líder sindical se refirió, por otro lado, al otro proyecto que se tratará en el Congreso en período de sesiones extraordinarias y que propone la baja de edad de imputabilidad. “Es un proyecto que parte de una aberración: pensar que la niñez tiene que ser sometida a las mismas condiciones punitivas que caben para los adultos. ‘El que las hace, las paga’ es el lema de esta demagogia punitivista. Porque no es otra cosa que demagogia pura”, mencionó.

“Están queriendo convertir en un problema algo que es una excepcionalidad absoluta”, consideró. Y sostuvo que los índices de criminalidad atribuidos a niños y niñas menores de edad son prácticamente inexistentes. Y acotó: “Está claro que el Gobierno mete este tema para tratar de establecer una línea divisoria que lo muestren ‘bukelizando’ las leyes de la Argentina. Trata de extraer rédito político apelando a la demagogia más sucia que existe usando hechos de violencia que son excepcionales con niños o niñas para tratar de justificar su iniciativa”. 

Finalmente, consideró que el gobierno nacional con esta medida trata de eludir el verdadero debate: “Cómo garantizamos que las instituciones, la escuela, los clubes de barrio, las capillas, los movimientos sociales, las instituciones del estado lleguen a los niños antes que los narcos y que la policía que los suele usar para delinquir. Eso se niega, eso se tapa”, opinó.