La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires nuevamente se ve envuelta en una polémica con propiedades y nuevamente el nombre involucrado es el fallecido Humberto Nito Bertinat, quien fuera secretario general de los trabajadores municipales de Hurlingham y de la Federación también.

En este caso, el hecho obedece a la venta de una propiedad de la Federación en Junín que según denuncia su ex titular, el hombre de Tres de Febrero Oscar Ruggiero, se habría ejecutado de manera, al menos, irregular. Lo que no trascendió es la suma de dinero involucrada y el presunto destino de ese dinero.

Ruggiero directamente presentó una denuncia que declara lo que para él es una presunta venta ilegal de un inmueble durante la pandemia y que ahora complicaría al actual secretario general, Walter Leonardi.

En la carta documento Ruggiero aclara que “se agrega que en la Escritura Pública premencionada se alude a una disposición de bienes federativos a posteriori, pasados por escritura número 146 el Registro Público de Junín, a cargo del Notario Darío H. Salinas, de fecha 3 de octubre de 2021, en tanto que me hallaba en pleno ejercicio de la Secretaría General, conforme lo establecen los artículos 25, especialmente el artículo 27 que prevé que para vender, ceder o transferir vienen inmuebles de propiedad de la Federación, el Consejo Directivo estará obligado a requerir la autorización del Congreso”.

Esta propiedad era una sede sindical de Junín que se hizo, al parecer, sin la aprobación formal del congreso gremial, violándose todo mecanismo previsto en los estatutos, según consta en la denuncia presentada.

De acuerdo a lo que consta en la intimación formal, Ruggiero denuncia que Bertinat fue quien habría vendido en septiembre de 2021 -en plena pandemia de COVID-19-, un inmueble perteneciente al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Junín, el cual se encontraba escriturado a nombre de la Federación provincial.

Ruggiero basa su denuncia en registros microfílmicos del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, a los que habría tenido acceso y donde se observaría que Bertinat firmó en soledad la escritura de venta, sin la intervención del secretario general ni del secretario de finanzas, ambos con mandato vigente entre el 24/09/2018 y el 24/09/2022.

De acuerdo a lo informado por el sitio web InfoBlanco sobre Negro, fuentes consultadas afirmaron que la venta se habría realizado utilizando un poder “ilimitado” otorgado por la Comisión Directiva de ese período; la situación, según Ruggiero,  jamás habría sido tratada ni aprobada en una reunión de comisión directiva en la que haya estado presente. Así y todo la operación habría sido además respaldada por la escribana interviniente, quien menciona la existencia de actas que avalarían dicha autorización, pero sin embargo no trascendió tampoco el nombre de la escribanía.

Con estas pruebas, Ruggiero intimó formalmente a que se le remitan copias certificadas de las actas mencionadas, con el objetivo de determinar quién convocó a una reunión de comisión directiva y verificar si la misma se realizó sin su firma, pese a que —según afirma— no se encontraba de licencia ni con problemas de salud, además de constatar si su firma fue insertada en algún acta, ya que asegura no haber participado ni firmado documentación alguna que autorizara la venta del inmueble.

Bertinat ya había estado involucrado en otra venta irregular en Hurlingham. En este caso la Federación adeudaría a un particular 1.500.000 dólares por la adquisición de un inmueble por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales de Hurlingham. Sandro Silva es quien presentó la demanda y quien en ese caso aportó las pruebas a Política del Sur.

Silva contó a PDSur que hubo una denuncia penal contra Bertinat y el tesorero del gremio Carlos Alberto Lanzillota por estafa, que estuvo a cargo del Fiscal Sergio Augusto Dileo en la UFI 6 de Morón, con número de instrucción preparatoria 10-00-049298-19/00, en la cual se presentó como prueba el compromiso de pago, reconociendo la deuda por parte de los dirigentes gremiales y el pagaré que se firmó en su momento.