Por: Diego Lanese

La gestión sanitaria del gobierno de La Libertad Avanza estuvo desde un principio en la mira, con decisiones polémicas que fueron cuestionadas por especialistas y trabajadores.

La salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) –siguiendo la iniciativa de Estados Unidos –fue la primera de un derrotero que intenta desregular el sistema, en clara consonancia con el modelo norteamericano. Mario Lugones es el encargado de esa tarea,  y desde que asumió al frente del Ministerio de Salud viene recibiendo críticas por esta política.

Es que en dos años, la estructura de la cartera sanitaria se resintió de tal manera que se cerraron programas y direcciones, de la mano de un brutal ajuste presupuestario, que un reciente informe única en torne del 30 por ciento.

Se trata de un balance de los dos años de gestión libertaria realizado por la Fundación Soberanía Sanitaria, que analizó el impacto que tuvo ese recorte en las distintas áreas del sistema, en especial aquellas muy sensibles, como medicamentos y discapacidad. “El período de 2024 y 2025 se caracteriza por una redefinición profunda del rol del Estado en salud, con impactos significativos sobre el acceso, la prevención, la capacidad institucional y la equidad del sistema”, analizó el reporte.

Para los gremios del sector, estas situaciones generan “un combo explosivo y criminal”, y responsabilizan al ministro del sector Mario Lugones.  

El análisis de los dos primeros años de gestión del gobierno de Javier Milei en materia de salud realizado por la fundación marca las dificultades que se generaron en materia de atención, a partir del ajuste, y los efectos en las condiciones laborales del personal.

Durante el período 2024 y 2025, destacó el informe al que tuvo acceso Política del Sur, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud de la Nación “se caracteriza por una contracción significativa de los recursos en términos reales, acompañada por elevados niveles de sub-ejecución”.

En esos años, el presupuesto ejecutado “registra una caída real del 31por ciento. En 2025 se observa “una nueva reducción del 13 por ciento respecto del año anterior, acumulando una disminución real del 34 por ciento en relación con 2023”. La reducción del gasto, alerta la entidad, “se ve agravada por una sub-ejecución persistente de los créditos vigentes, particularmente en partidas vinculadas a la atención directa, el sostenimiento de efectores públicos y la provisión de bienes y servicios esenciales”.

Esta dinámica contribuye a “desarticular políticas sanitarias nacionales y a trasladar crecientemente responsabilidades a las provincias”. Una de las principales consecuencias se puede ver en los programas sanitarios, que se caracterizó por “el cierre, desfinanciamiento o sub-ejecución de programas sanitarios estratégicos, debilitando la capacidad del Estado nacional para sostener políticas de prevención, promoción y acceso en todo el territorio”.

En 2024, el presupuesto ejecutado en programas sanitarios del Ministerio de Salud descendió un 35 por ciento en términos reales. Entre los programas más afectados se encuentra SUMAR, con una caída del 28 por ciento, lo que impacta directamente sobre el financiamiento del primer nivel de atención y la capacidad de las provincias para sostener prestaciones básicas.

La motosierra libertaria afecta la tarea diario del personal de salud, incluso en las provincias, donde el sistema está bajo jurisdicción local. “El ajuste brutal en el Ministerio de Salud impacta en toda la ciudadanía, no solo los efectores que dependen de Nación, como los hospitales SAMIC, sino que todo el recorte en los distintos programas y el despidos del personal tiene repercusión directa en la garantía del derecho a la salud de toda la población”, remarcó María Fernanda Boriotti, titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA).

En diálogo con Política del Sur, puso como ejemplo la baja en la aplicación de vacunas del Calendario oficial como una de esas consecuencias. “Si no hacés campañas, si despedís al personal de control y distribución de las dosis, el impacto es directamente proporcional al ajuste que aplicas”, agregó Boriotti.

Otro punto que puede verse en las provincias es la baja en el envío de medicamentos por parte de Nación. “No todas las provincias van a comprar en la misma magnitud, porque no tienen los fondos o les falta de decisión política, y eso impacta en el acceso de la población a esos tratamientos”, recalcó Boriotti, que es referente del gremio médico de Santa Fe, SIPRUS.

La falta de control, incluso de los fármacos que se usan en el sistema privado, generó el escándalo del fentanilo contaminado, con más de 100 muertos. Para la titular de FESPROSA, eso paso “por el ajuste en el ANMAT, el organismo de control nacional”.

El ajuste que denuncia la Fundación Soberanía Sanitaria tiene consecuencias concretas, como explicó Boriotti. Otra de las detectadas apunta a las condiciones laborales de trabajadores y profesionales de la salud. Según el trabajo, “el debilitamiento del sistema de residencias, principal dispositivo de formación de posgrado de los profesionales de la salud”, es uno de los temas más alarmantes.

En 2025, la resolución 2109/2025 del Ministerio de Salud de la Nación redefinió el vínculo de los residentes como “beca”, excluyendo “cualquier encuadre laboral y profundizando la precarización en un contexto ya marcado por bajos ingresos y alta carga asistencial”.

Asimismo, tras irregularidades detectadas en el Examen Único de ingreso, se resolvió su desarticulación y la provincialización del proceso de selección a partir de 2026. Esta decisión “implica la pérdida de un instrumento nacional que garantizaba criterios comunes de evaluación, reducía barreras económicas y territoriales de acceso y aportaba información estratégica para la planificación sanitaria”.

Para Boriotti, a esto se le suman “los despidos en hospitales como el Posadas, que impactan en la atención de la población, lo mismo que eliminar el programa de cardiopatías congénitas”. “todo lo que se reduce, ya sean programas, personal o presupuesto, tiene un impacto brutal y directo en la salud de toda la población”, insistió la titular de FESPROSA. La entidad viene denuncian el aumento de casos de tuberculosis y otras enfermedades prevenibles, la falta de adherencia adecuada a la vacunación y otras cuestiones que generar “un combo explosivo y criminal”. 

El Cabildo Abierto por la Salud rechaza la privatización de los Hospitales SAMIC

El gobierno nacional anunció la privatización de varios hospitales públicos. Fesprosa, junto con las demás organizaciones del Cabildo Abierto, repudian la medida.https://t.co/CFg2sgjH4w pic.twitter.com/mrx8fQihWR

— Prensa FESPROSA (@PrensaFESPROSA) January 14, 2026

En síntesis, para Soberanía Sanitaria este ajuste “evidencia una orientación consistente hacia la retracción del Estado nacional, expresada en la caída real del financiamiento, la sub-ejecución presupuestaria, la desarticulación de programas estratégicos y la desregulación de los subsistemas de seguridad social y medicina privada”.

Este conjunto de decisiones configura “un cambio estructural en el rol del Estado como rector y coordinador del sistema sanitario”. Este proceso se expresa de manera particularmente crítica en áreas estratégicas como el acceso a medicamentos esenciales y la formación de la fuerza laboral en salud, “donde las decisiones adoptadas impactan directamente sobre la continuidad de tratamientos y la disponibilidad futura de personal sanitario”. “La evolución presupuestaria de los principales organismos nacionales refuerza este diagnóstico, mostrando deterioros significativos en términos reales que afectan la capacidad operativa, las funciones de regulación y la sostenibilidad de políticas dirigidas a poblaciones vulnerables”, agregó el reporte.

Al mismo tiempo, “la inconsistencia de las proyecciones presupuestarias a futuro sugiere que la magnitud del ajuste podría profundizarse”. La contracara de este proceso es el traslado creciente de responsabilidades hacia las provincias.

En este contexto, “el acceso a la salud se vuelve crecientemente dependiente del lugar de residencia, erosionando el principio de equidad del sistema y consolidando un escenario en el que las condiciones de atención y de vida están cada vez más determinadas por la provincia en la que se nace o se vive”. Ante esto, desde FESPROSA piden la renuncia del ministro Lugones, como principal responsable de ejecutar la motosierra presidencial.

“Pedimos la salida del ministro por la cantidad de muertos que carga en sus espaldas, las del fentanilo, por falta de entrega de medicación de alto costo de la DADSE, y otras”, cerró Boriotti.