Por: Federico Cedarri

Más allá de las dos iniciativas que apuntan a ser protagonistas del calendario legislativo en el 2026, tanto la reelección indefinida de los intendentes como el intento de implementación de la boleta única de papel (BUP) en territorio bonaerense, también asoma como posible otro tema que podría cosechar las atenciones en el terreno parlamentario: la definición concreta de los cuatro lugares vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Hoy, el Máximo Tribunal no alcanza los miembros necesarios para alcanzar el quórum necesario para sesionar por lo que debe sentar a la mesa de deliberaciones al actual procurador General Julio Conte Grand para poder llevar adelante las labores que le competen.

Hay referentes legislativos del oficialismo que no se atreven a descartar que en el combo de negociaciones por la caducidad de la norma que prohíbe la reelección indefinida de los alcaldes y la intención libertaria de implementar  la boleta única de papel en el sistema electoral bonaerense, pueda colarse como prenda de negociación los sillones de la Suprema Corte de Justicia  bonaense provincial.

De hecho, el cristinismo y el abadismo eran de los más entusiastas durante el rosqueo por el endeudamiento en incluir en las negociaciones los lugares vacantes en la Corte: el radicalismo bonaerense añoraba para sí uno de los sillones.

Vale recordar que la última renovación del Máximo Tribunal data de 2017 cuando la por entonces gobernadora María Eugenia Vidal impulsó el pliego de Sergio Torres. Hoy, la Corte Suprema de Justicia bonaerense cuenta con apenas tres miembros activos, el mencionado Torres, Daniel Soria y la actual titular del Cuerpo Hilda Kogan.

En su momento, el gobernador bonaerense Axel Kicillof había cavilado un esquema de distribución salomónica de los sillones vacantes que contemplaba un escaño para cada sector interno del oficialismo y que la restante silla recaiga en el radicalismo, tomando en cuenta que el PRO había cobrado con Torres en 2017. Pero luego se precipitó sin condescendencia el estallido de la interna peronista bonaerense donde recrudecieron por doquier las tensiones entre el cristinismo y el armado del gobernador bonaerense Derecho al Futuro por lo que aquel plan primigenio quedó definitivamente trunco.

La reconfiguración legislativa dejó muy disminuido al radicalismo por lo que se descuenta que el partido centenario quedará fuera del juego por la disputa de un espacio en el Máximo Tribunal. Algunos parlamentarios oficialistas dejan entrever que el Gobernador bonaerense deberá negociar indefectiblemente con los demás sectores del abanico oficialista, tanto massistas como cristinistas, para consensuar tres nombres potables que deje conformes a las tribus internas.

La lista de postulantes al Máximo Tribunal debe ser elevado por el Gobernador en primera instancia a la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado bonaerense que por el momento preside el camporista Emmanuel González Santalla, una vez aprobados los expedientes de manera unánime en ese órgano recién obtendrán las credenciales para desembarcar en el recinto  donde necesitarán de la mayoría simple de 24 manos levantadas, algo que el oficialismo hoy puede garantizar con los propios.

Está claro que la interna peronista con sus complejidades y la proximidad de la elección para revalidar al titular del PJ bonaerense en marzo terminará por patear cualquier definición sobre los lugares vacantes en la Corte para luego de la apertura del período ordinario.

Uno de los nombres que ha trascendido que podría servir como prenda de consenso en el campamento oficialista sería el del actual ministro de Justica bonaerense, Juan Martín Mena, con terminales políticas en el cristinismo: sin embargo, todas las fuentes a las que consultó PDS prefirieron la cautela y no creen conveniente  arriesgar apellidos con tanta antelación.

De acuerdo al nuevo escenario legislativo configurado a partir de la elección del pasado 7 de septiembre, el cuatro escaño vacante de la Corte debería ser cubierto a priori por el mileísmo que detenta la segunda minoría en la Cámara Baja y la primera minoría en el Senado provincial.

En rigor, todo apunta a que la discusión por los lugares pendientes en la Corte bonaerense se llevará adelante en este  2026 debido en cierta parte también a la presión que ejerce el Máximo Tribunal al poder político para que avance en una rápida normalización del órgano judicial.