El reciente precedente anulatorio dictado por la Cámara de Casación abre una esperanza para quienes fueron víctimas de causas armadas, relatos magnificados y sentencias construidas más sobre consignas que sobre pruebas.

No se trata de minimizar delitos reales ni de negar la necesidad de protección a las verdaderas víctimas, sino de reivindicar un principio elemental del Estado de Derecho: nadie puede ser condenado sin prueba suficiente, seria y objetivamente valorada.

Durante demasiado tiempo, la Justicia penal renunció a la sana crítica racional para abrazar una lógica peligrosa: la del “relato incuestionable”, la de la presunción automática de culpabilidad, la de la sentencia escrita antes del debate. En ese camino, se vulneraron garantías básicas como la igualdad ante la ley, la legalidad, la bilateralidad y el derecho de defensa, pilares sin los cuales el proceso penal se transforma en una parodia.

 

Estructuras que lucran con la mentira

Negar que detrás de muchas falsas denuncias existe una estructura organizada, especuladora y funcional a determinados intereses es cerrar los ojos ante una realidad incómoda.

Asesores, operadores, peritos ideologizados y militancias que se infiltran en los tribunales construyeron durante años un sistema que premia el relato, castiga la duda y persigue la disidencia.

Cuando la Justicia acepta sin contraste testimonios subjetivos, tardíos o inconsistentes; cuando ignora contradicciones, pruebas objetivas o pericias técnicas; cuando repite clichés en lugar de fundamentar decisiones, deja de ser garante de derechos para convertirse en herramienta de daño. Y el daño no es abstracto: destruye familias, reputaciones, vínculos filiales y proyectos de vida.

 

El caso Ghisoni y la visibilización del problema

En ese contexto, el caso de Pablo Ghisoni ocupa un lugar central. Fue uno de los precedentes más relevantes de este tipo de causas, que puso sobre la mesa el debate sobre las falsas denuncias y le dio visibilidad a una problemática que hasta entonces permanecía relegada.

Ghisoni debió cumplir una prisión preventiva de tres años, previa al juicio, como consecuencia de un clima de fuerte presión social y mediática, con una acusación impulsada por su ex esposa y sostenida en un entramado de vínculos con el activismo de género.

Años después, la verdad emergió: el propio hijo denunciante cambió su testimonio, desarmando el andamiaje acusatorio que había sostenido la causa. La posterior absolución no solo reparó parcialmente una injusticia, sino que expuso con crudeza las fallas estructurales de un sistema que prefirió creer antes que probar.

Ese caso dejó una enseñanza clave: el tiempo puede revelar la verdad, pero la Justicia no puede depender del paso de los años para dejar de ser injusta.

 

El caso Clementi y la persistencia del problema

Más recientemente, la condena al ginecólogo Clementi, dictada a fines de 2025, volvió a encender las alarmas. Se trata de otro expediente de alto impacto público, con un extenso derrotero judicial, múltiples debates técnicos y fuertes cuestionamientos sobre la valoración probatoria.

Sin adelantar juicios categóricos, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta ineludible: ¿está la Justicia analizando los hechos con objetividad o sigue cediendo a la presión de climas sociales construidos por fuera de los tribunales?

La reiteración de patrones —relatos tardíos, pruebas endebles, sentencias con fundamentos genéricos— obliga a revisar críticamente cómo se están resolviendo estas causas.

 

Justicia o consigna

No hay justicia posible sin imparcialidad. No hay verdad judicial sin prueba. Y no hay derechos humanos cuando se sacrifican garantías básicas en nombre de una causa supuestamente superior.

La lucha contra la violencia no puede convertirse en una excusa para avalar la mentira, porque entonces el sistema deja de proteger y comienza a destruir.

El desafío que se abre a partir de los recientes fallos de Casación es claro: recuperar la centralidad del debido proceso, desterrar sentencias prefabricadas y asumir que la perspectiva de género no puede funcionar como dogma que anule el pensamiento crítico del juez.

Basta de veredictos dictados por consignas. Basta de clichés jurídicos. Basta de una Justicia que, por miedo o comodidad, elige no ver.

Porque cuando la Justicia se aparta de la verdad, no solo condena a un inocente: condena a toda la sociedad.