Por: Ricardo Carossino

El intendente de Morón Lucas Ghi tuvo un fin de año (2025) caliente y polémico, en el marco de ser un dirigente peronista enfrentado al Sindicato Municipal por el retraso en el pago de horas extras.

Más allá de los incidentes en el Concejo Deliberante local que pusieron al Municipio del oeste en el ojo de huracán, lo cierto es que este conflicto en Morón no es un episodio aislado en la provincia de Buenos Aires.

En las últimas semanas, el enfrentamiento entre Ghi y el sindicato ha puesto en evidencia un problema mucho más profundo: el ajuste fiscal de la Nación, que afecta directamente a los municipios bonaerenses y que está provocando una crisis en los pagos salariales, tensiones sociales y una creciente incertidumbre entre los jefes comunales.

Para muchos intendentes del conurbano bonaerense, el conflicto de Ghi es un reflejo de lo que podría ocurrir en sus propios distritos si el ajuste continúa y si las transferencias de recursos desde Nación y la provincia siguen siendo insuficientes. Ante el colapso fiscal que amenaza con expandirse, los intendentes del conurbano están mirando con preocupación cómo la presión sobre los salarios municipales comienza a desbordar las calles.

La Ruta 4 es una vía de circulación fundamental para los vecinos que transitan por el área metropolitana, ¡y ya tiene su nuevo tramo repavimentado en #LomasDeZamora! 🛣️

Ahora los viajes van a ser más ágiles y seguros, porque de eso se trata la obra pública, de que todos puedan… pic.twitter.com/jIHEcAKfPA

— Gobierno PBA (@BAProvincia) January 6, 2026

La economía de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, transita un momento complejo: pese a sostener el gasto provincial frente a un ajuste fiscal profundo desde la Rosada, gran parte de los 135 municipios bonaerenses enfrentan dificultades crecientes para pagar los sueldos y el aguinaldo de los trabajadores municipales. La combinación de menores recursos nacionales, una caída en la coparticipación y la presión inflacionaria está redefiniendo la agenda fiscal en el nivel local.

Según datos oficiales, Provincia logró sostener un superávit corriente en los primeros nueve meses de 2025, pero terminó con un déficit financiero de 1,4 billones de pesos, reflejo de los menores ingresos nacionales y el fuerte gasto en servicios públicos, salarios y obra pública.

El impacto de la caída de recursos

El gobernador que ha empezado a construir su alternativa presidencial en un contexto muy adverso a sus deseo políticos, sin embargo gracias a endeudamientos empezó a repartir ambulancias como lo hizo la última semana en la zona sur y patrulleros. Además se enfocó en la Ruta 4 en Lomas de Zamora y presentó un plan integral en la cuenca del Salado. 

La caída de la coparticipación federal, que se reparte entre Nación,  Provincia y municipios, es uno de los factores centrales detrás del estrés fiscal municipal. En 2025, las transferencias provinciales a los municipios por coparticipación cayeron en términos reales cerca de 2,6%, según un relevamiento de la consultora PPA, con casos en que la retracción superó el 7% en distritos específicos.

🚨La entrega de ambulancias es una política sanitaria que se sostiene en el trabajo articulado entre la gestión de @kicillofok y los municipios bonaerenses

Hoy entregamos una ambulancia de alta complejidad al municipio de #SanPedro, alcanzando las 426 distribuidas en toda la… pic.twitter.com/zgp1ugVQVK

— Nicolás Kreplak (@nkreplak) January 6, 2026

Esto preocupa profundamente a los intendentes: en noviembre de 2025, más de 80 municipios advirtieron a Kicillof que no podrán pagar aguinaldos sin asistencia financiera o mecanismos de endeudamiento por parte de la Provincia. Los jefes comunales señalaron que algunos distritos “tienen un poco más de espalda”, pero muchos están al límite de su capacidad fiscal para afrontar la masa salarial y el Sueldo Anual Complementario (SAC).

El pago de los salarios municipales y la banca provincial

Otro dato que adquirió relevancia en el debate fiscal fue la recomendación del Gobierno nacional para que la Provincia elimine la obligación de pagar los sueldos municipales exclusivamente a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), con el argumento de fomentar la libre competencia bancaria y mejores condiciones para los municipios y sus empleados. Actualmente, una normativa provincial obliga a que los pagos salariales se realicen a través de BAPRO, lo que limita la posibilidad de licitar servicios financieros más favorables.

Esta discusión, aunque técnica, tiene impacto práctico: en contextos donde los municipios deben estirar cada peso, contar con mejores servicios financieros y opciones de crédito podría ayudar a mejorar la gestión de la masa salarial.

Más allá de las cifras, la situación fiscal municipal en la provincia de Buenos Aires ha generado tensiones políticas. Los intendentes buscan garantizar recursos estables que les permitan cerrar paritarias con los trabajadores municipales, pagar salarios y aguinaldos en tiempo y forma y sostener los servicios públicos básicos sin recurrir a medidas extremas como recortes drásticos de personal o servicios.