Por Antonio Muñiz

En los últimos dos años, el mercado laboral argentino se reconfiguró de manera regresiva. A la destrucción de empleo formal —especialmente industrial— se sumó un fuerte crecimiento del trabajo informal y precario. El aumento del monotributismo, lejos de reflejar una mejora, funciona como una pantalla estadística que oculta la pérdida de derechos, salarios bajos y la expansión de changas ocasionales como principal forma de subsistencia.

El debate sobre el empleo en la Argentina suele concentrarse en la tasa de desocupación. Sin embargo, ese indicador, aislado, dice cada vez menos. En los últimos dos años, mientras el discurso oficial insiste en una supuesta “modernización” del mercado laboral, los datos muestran un deterioro profundo tanto del empleo formal como de la calidad del trabajo disponible.

Según registros oficiales, en ese período cerraron alrededor de 21 mil empresas, en su mayoría industriales, y se perdieron más de 130 mil puestos de trabajo manufactureros. La industria, históricamente uno de los principales generadores de empleo registrado y salarios medios, fue una de las primeras víctimas del nuevo esquema económico basado en apertura comercial, atraso cambiario y desmantelamiento de políticas productivas.

La caída del empleo registrado no se limitó al sector industrial, aunque allí fue más visible. La contracción de la actividad, la caída del consumo y el encarecimiento relativo de producir en el país empujaron a muchas empresas a reducir personal, suspender turnos o directamente cerrar. El impacto fue particularmente fuerte en pymes, que concentran una porción significativa del empleo privado.

Este proceso no solo destruye puestos de trabajo actuales, sino también capacidades productivas acumuladas, oficios, experiencia y entramados locales que llevan años reconstruir. Cada empleo industrial que se pierde suele ser reemplazado, cuando lo es, por ocupaciones de menor productividad y menor ingreso.

En paralelo al retroceso del empleo formal, el mercado de trabajo informal creció o se consolidó en niveles históricamente altos. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la informalidad laboral ronda hoy el 43% de los ocupados, lo que implica que más de cuatro de cada diez trabajadores no tienen aportes jubilatorios, obra social ni estabilidad.

El fenómeno es particularmente grave entre jóvenes y trabajadores con baja calificación, pero se extiende también a adultos expulsados del empleo formal que encuentran en la informalidad la única alternativa para generar ingresos. Changas, trabajos eventuales, cuentapropismo de subsistencia y empleo no registrado se volvieron parte estructural del paisaje laboral.

Uno de los argumentos más utilizados para relativizar este deterioro es el crecimiento del monotributismo. Sin embargo, una lectura más atenta revela que el aumento de monotributistas no expresa mayor dinamismo emprendedor, sino una reconfiguración precaria del empleo.

En muchos casos, trabajadores que antes tenían relación de dependencia pasaron a facturar como monotributistas, sin estabilidad, sin vacaciones, sin aguinaldo y con ingresos irregulares. En otros, se trata de personas que combinan múltiples actividades informales para alcanzar un ingreso mínimo. El monotributo funciona así como un disfraz de formalidad que oculta relaciones laborales frágiles y desiguales.

Lejos de reflejar un mercado laboral saludable, este crecimiento encubre una transferencia de riesgos desde las empresas hacia los trabajadores, que quedan solos frente a la inestabilidad económica y la falta de protección social.

El deterioro no se limita a la forma del empleo, sino también a su remuneración. Incluso entre quienes conservan trabajo, los salarios reales muestran una fuerte pérdida de poder adquisitivo. En el segmento informal, esa caída es aún más pronunciada: ingresos por debajo de la línea de pobreza, jornadas extensas y ausencia total de derechos laborales.

La combinación de empleo precario y salarios bajos tiene un efecto directo sobre el mercado interno. Menor capacidad de consumo, mayor endeudamiento de los hogares y una economía cada vez más orientada a la subsistencia diaria, en detrimento de proyectos de vida de mediano y largo plazo.

El panorama laboral de estos dos años no es un accidente ni una anomalía coyuntural. Responde a un modelo económico que desvaloriza el trabajo como eje del desarrollo y considera al empleo formal un costo a reducir. La cancelación de la política industrial, el ajuste sobre educación y ciencia y la apertura irrestricta de la economía refuerzan una estructura productiva cada vez menos intensiva en trabajo.

Mientras las principales economías del mundo discuten cómo proteger empleo, regular plataformas y fortalecer derechos laborales, la Argentina parece avanzar en sentido contrario, naturalizando la precarización como destino inevitable.

Reducir el análisis a indicadores agregados oculta el problema central: trabajar ya no garantiza vivir dignamente. El avance del empleo informal, el uso del monotributo como pantalla y la proliferación de changas ocasionales describen un mercado laboral fragmentado, inestable y profundamente desigual.

En ese escenario, el debate sobre el trabajo vuelve a ocupar un lugar central. No solo como variable económica, sino como condición básica de integración social. Lo que está en juego no es solo cuántos trabajan, sino ¿Cómo trabajan?, ¿Cuánto ganan y con qué derechos? Y los datos de estos dos años muestran que, lejos de mejorar, el mercado laboral argentino atraviesa uno de sus momentos más frágiles.