Por: Diego Lanese

El 2025 cerró con una buena noticia para los docentes y nodocentes universitarios. En medio de su larga pelea por conseguir más recursos para el sector, la justicia ordenó al gobierno de Javier Milei poner en “plena vigencia” la Ley de Financiamiento Universitario, la herramienta que la comunidad educativa logró aprobar en el Congreso para frenar la motosierra libertaria.

Pese al amplio apoyo, en el proyecto de Presupuesto 2026 se puso en una especie de limbo legal la normativa, argumentando que no se establecían de dónde saldrían los fondos necesarios para cumplir con sus requerimientos. Pero un fallo ordenó que la ley sea instrumentada tal cual fue aprobada, lo que puede contraponerse al enorme ajuste que se proyecta para este año, y que gremios y rectores entienden hará “muy difícil” cumplir con las tareas básicas en las casas de estudio.

La puja se da en momentos que los recursos para la educación superior siguen retrocediendo, al punto que un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) alertó que el Presupuesto 2026 “profundiza un proceso de desfinanciación estructural del sistema educativo, científico y universitario, configurando uno de los mayores ajustes de las últimas décadas sobre áreas estratégicas para el desarrollo nacional”.

La orden de aplicar en su totalidad la Ley de Financiamiento Universitario se conoció pocos días antes del cierre del 2025 y el comienzo de la feria judicial. Ante un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se ordenó la suspensión del decreto  que frenaba la norma.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Poder Ejecutivo “cumplir de manera inmediata con la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles”, previstas en la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (ley 27.795), al considerar que el decreto 759/2025, que suspendió su ejecución, presenta , en principio, rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. En ese marco, señaló que la medida solicitada debía analizarse con especial rigor, al tratarse de una tutela anticipada.

Bajo esas premisas, el magistrado analizó los recaudos exigidos por el artículo 14 de la ley 26.854 para la procedencia de medidas cautelares innovativas. En primer lugar, consideró acreditada la “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico, a cargo de la demandada”. Para decidir de esa forma, tuvo en cuenta el proceso legislativo que culminó con la sanción de la ley 27.795, su posterior veto en manos del presidente Milei, la insistencia del Congreso y la promulgación del decreto 759/2025, cuya validez fue cuestionada en la demanda.

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— CONADU (@PrensaCONADU) December 19, 2025

“El gobierno no tiene alternativa, debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitaria como fue aprobada, y de forma urgente”, le dijo a Política del Sur una fuente del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que celebró la decisión judicial. Pese a esto, están “a la expectativa” de cómo vaya a proceder el oficialismo, ya que tiene “un largo historial de incumplimiento de leyes”. “Si no acatan la medida están violando una ley nacional, eso es un delito grave, pero con esta gestión nunca se sabe”, agregó la misma fuente consulta. En la previa al fallo, los integrantes de este espacio habían alertado que sin ley no iniciarían las clases, amenaza que sigue en pie.

El fallo llega en momentos que los gremios educativos de todos los niveles denuncian el “brutal ajuste” que trae el presupuesto aprobado por el Congreso, el primero de la era libertaria, que elimina varios programas y profundiza el recorte de los recursos para salarios y gastos corrientes. Según el informe publicado por el CEPA, el proyecto oficial “consolida un modelo de reducción del Estado que impacta de manera directa en la educación técnica, las universidades nacionales y el sistema científico-tecnológico, con recortes que, en términos reales, superan ampliamente los niveles de 2023”.

El informe, al que tuvo acceso Política del Sur, advierte “un ajuste educativo generalizado”. Comparando la ejecución de 2023 con la proyección para 2026, la función Educación y Cultura “sufriría una caída real del 47,3 por ciento, mientras que las becas y transferencias estudiantiles acumulan un recorte del 76,6 por ciento, afectando de manera directa a los sectores más vulnerables”.

En el caso de las universidades nacionales, la caída proyectada por la entidad es del 33,8 por ciento, “en un escenario marcado por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario mediante decreto presidencial y la incertidumbre sobre la asignación efectiva de recursos”. Por eso la importancia del fallo.

Aunque la cámara de Diputados logró excluir del presupuesto el capítulo que derogaba esa ley, las universidades advierten que, sin fondos suficientes, el inicio del ciclo lectivo 2026 está en riesgo. Instituciones como la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) ya anticiparon que si el gobierno incumple la ley, las clases no comenzarán. La misma lógica se replica en el sistema científico.

El presupuesto destinado a ciencia y tecnología caería un 48,8 por ciento en términos reales, a pesar de la vigencia de una ley sancionada en 2021 que establece un sendero de crecimiento progresivo de la inversión hasta alcanzar el 1 por ciento del PBI en 2032. El proyecto oficial “desconoce ese marco legal y consolida un proceso de vaciamiento”, denunciado por la comunidad científica como un verdadero “cientificidio”.

Otro de los datos más alarmantes del estudio señala un “recorte histórico” en la educación técnica profesional. De aprobarse el presupuesto, el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) registraría en 2026 una caída real del 93 por ciento respecto de 2023, lo que, en la práctica, equivale a la virtual eliminación del financiamiento para las escuelas técnicas.

El informe detalla que durante 2025 el gobierno ejecutó apenas el 10,8 por ciento de los recursos que establece la Ley 26.058, y que para 2026 proyecta ejecutar solo el 3,5 por ciento. Además, el artículo 30 del Presupuesto prevé la eliminación directa del Fondo de Escuelas Técnicas y desconoce la garantía legal del 6 por ciento del PBI destinado a educación, profundizando el desguace normativo y presupuestario del sector.

En diálogo con medios nacionales, Hernán Letcher, director del CEPA, explicó que el ajuste sobre las escuelas técnicas expresa con claridad el modelo económico del presidente Javier Milei, al que definió como abiertamente antiindustrial. “Si se proyecta un país sin industria, la pregunta es para qué formar técnicos”, sostuvo.

Actualmente, más de 1.700 escuelas técnicas cumplen un rol clave en la formación de mano de obra calificada vinculada al entramado productivo, por lo que el recorte compromete no solo el presente educativo sino también las posibilidades de desarrollo futuro.