viernes 09 de enero de 2026 - Edición Nº2592

Gremiales | 5 ene 2026

INTERNA SINDICAL

Dirigente díscolo de la CGT pidió un paro nacional de 48 horas

Se trata de Omar Maturano, titular de La Fraternidad, que viene teniendo posturas distintas a la conducción de la central obrera. Además, criticó la actitud dialoguista de la dirigencia, en el marco del intento del gobierno de aprobar una profunda reforma laboral.


El titular de los conductores de trenes Omar Maturano criticó a los sindicalistas “dialoguistas” y le pidió a la conducción de la CGT un paro nacional de 48 horas contra la reforma laboral. El referente de La Fraternidad viene teniendo posturas díscolas respecto de la mayoría de los gremios confederados, y comenzó el año con una nueva diferencia. “La reforma laboral que quiere el gobierno, se parece cada día más a los planes que ejecutaba  la dictadura militar para con el movimiento obrero”, resaltó.

 

El secretario general del gremio de maquinistas de trenes La Fraternidad rechazó el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional y apuntó contra los “sindicalistas muy dialoguistas”. El titular del sindicato de maquinistas de trenes planteó la necesidad de convocar a un paro nacional de 48 horas frente al avance de la reforma laboral en el Congreso.

En declaraciones radiales, el dirigente ferroviario afirmó que el proyecto implica una flexibilización que pone en riesgo derechos constitucionales como la protesta y sostuvo que, ante la falta de respuestas del Gobierno, el sindicalismo no puede ser “tibio”. Maturano encabeza la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), desde donde coordina acciones con otros gremios del sector ante la crisis económica y los recortes en el transporte público. El espacio de reavivó luego que varios gremios dieran un portazo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

 

El tema de la reforma laboral yo la considero una flexibilización laboral. Lo que a nosotros nos preocupa verdaderamente de esa reforma es el derecho a la protesta, que está consagrado en la Constitución, o el derecho a la huelga, también consagrado en la Constitución, afirmó Maturano, y sostuvo que «los otros problemas que plantea esto hacia los trabajadores, como el de tema vacaciones, indemnizaciones o aguinaldos van a tener una solución en la Justicia, como también lo va a tener una solución el tema de la protesta. Y después el tema de la cuota solidaria, a mí no me preocupa porque mi sindicato es el 100 por ciento afiliado y se han afiliado ellos, no es que nosotros le imponemos que se afilien”.

 

“El 10 de febrero hay que hacer una gran movilización y al otro día, salga lo que salga, un paro de 48 horas a nivel nacional. Eso es lo que pienso yo. Después veremos lo que dicen los cuerpos orgánicos”, dijo Maturano, y sostuvo que “lo que verdaderamente tiene que hacer la CGT, a mi entender, no es lo que digo yo, es convocar a un plenario de secretarios generales antes de que se trate esta reforma de ley. Los secretarios generales de todo el país dirán qué es lo que quieren. Cada uno hará su moción, cada uno su opinión, se escuchará respetando el pensamiento del otro compañero y ahí se decidirá qué es lo que vamos a hacer”.

 

Convencida de que el Gobierno avanzará con cambios estructurales en la legislación laboral, la CGT decidió pasar de la resistencia pura a una estrategia de incidencia política: elabora una propuesta alternativa para negociar en el Congreso y preservar los pilares del modelo sindical. Con esa lectura, la central obrera resolvió redefinir su estrategia y comenzó a trabajar en una propuesta alternativa que le permita incidir en el texto final que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso, con el objetivo de limitar el alcance de los cambios y preservar los ejes centrales del actual modelo sindical.

La decisión fue adoptada en el seno de la mesa chica cegetista, junto al nuevo triunvirato de conducción y dirigentes históricos del espacio, tras analizar el nuevo equilibrio político que dejó la aprobación del Presupuesto 2026. En la CGT interpretan que el Gobierno logró consolidar poder parlamentario y capacidad de articulación con gobernadores y bloques legislativos, una dinámica que ahora intentará replicar para avanzar con reformas estructurales en el régimen laboral.

 

Frente a ese panorama, la central obrera optó por una estrategia de doble carril. En el plano público, mantendrá un discurso de rechazo firme a la iniciativa libertaria, con el objetivo de marcar límites claros y sostener la cohesión interna. En paralelo, desplegará negociaciones políticas discretas con mandatarios provinciales y legisladores nacionales, buscando preservar los pilares considerados irrenunciables del sistema sindical antes de que el debate llegue formalmente al recinto.

 

El armado técnico de la propuesta quedó en manos de un grupo reducido de dirigentes y asesores con experiencia parlamentaria y trayectoria en negociaciones laborales. Ese equipo ya comenzó a analizar los artículos más sensibles del proyecto oficial, con la intención de redactar alternativas que atenúen su impacto y puedan resultar viables para los sectores del Gobierno abiertos al diálogo.

 

No obstante, el diseño de esta hoja de ruta expuso tensiones internas. Dentro de la CGT conviven posturas más confrontativas, que rechazan cualquier tipo de negociación, con otras más pragmáticas, que admiten la posibilidad de introducir modificaciones parciales en la legislación laboral. Esa diferencia atraviesa a la conducción cegetista y se profundizó luego de que el oficialismo demostrara su capacidad para sumar apoyos clave, especialmente en el Senado.

 

En ese contexto, la central obrera impulsa una estrategia de negociación segmentada, con gestiones caso por caso ante gobernadores y bloques legislativos. El objetivo es bloquear los artículos considerados innegociables, como la vigencia de los convenios colectivos nacionales, la ultraactividad de los acuerdos laborales y los mecanismos de financiamiento sindical, que constituyen la columna vertebral del modelo gremial argentino. Al mismo tiempo, en la CGT admiten que existe margen para discutir otros aspectos vinculados al derecho individual del trabajo, como el régimen de vacaciones o el esquema de indemnizaciones. Esa apertura no implica un aval a la reforma oficial, sino una lógica que en la central definen como de “reducción de daños”, orientada a evitar un avance integral sobre la estructura sindical.

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