En medio del colapso del servicio eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno anunció quita de subsidios y aumentos en distintos servicios báscios; entre ellos, la luz. Política del Sur conversó con Walter Martello, Defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires. Martello, sobre la problemática y precisó que las localidades más afectadas fueron Avellaneda, Lanús y Esteban Echeverría.

Si bien los cortes comenzaron antes de fin de año, durante la madrugada del 31 de diciembre hhubo un apagón que afectó por más de dos horas a un millón de usuarios. “Cuando ocurre este tipo de situaciones, después hay mucha falta de reposición de servicios puntuales, que no tienen que ver con cortes generales, donde la empresa demora mucho más. Al día de hoy todavía hay 7.000 u 8.000 usuarios sin servicio en nuestra zona”, señaló.

En este marco, alertó que “Edesur tuvo una práctica muy inusual" y le consejó al Gobierno "tomar nota" para imponer una "fuerte sanción". "Dejaron de funcionar sus canales de atención durante muchísimas horas, con lo cual no se podía efectuar el reclamo”, explicó.

Precisó, asimismo, que la causa de los cortes es la falta de inversión. “Vimos cómo las tarifas se dispararon casi un 600% en los últimos dos años y el servicio cada vez está peor”, lamentó. “El 40% de la gente que tiene deudas con tarjetas de crédito está vinculado al pago de servicios públicos”, apuntó.

También cuestionó la quita de subsidios, que llega con el nuevo esquema de subsidios focalizados, que rige a partir de este mes. Es para todas aquellas personas que tengan un consumo de más de 300 kilowatt en los meses “críticos” o más de 150 en los meses donde las temperaturas son más bajas. “Esto para una familia tipo es de imposible cumplimiento porque el umbral de los 300 kilowatt, cualquiera que ve la factura, va a ver que gasta muchísimo más. Por lo cual hay un doble aumento: el aumento mensual más el aumento por la quita de subsidio, que va a afectar muchísimo a la clase media y media baja”, subrayó el Defensor Adjunto.

Del mismo modo, resaltó que las denuncias recibidas en la Defensoría sobre los reclamos realizados continúan sin respuestas concretas. “El servicio se irá restableciendo por etapas. Lo que pasa es que las etapas en Edesur muchas veces duran tres, cuatro o hasta cinco días. Hubo casos antes de esta ola de calor, donde estuvieron casi 10 días sin luz. Por eso extraña que el Gobierno tome una posición tan favorable a la empresa Edesur”, comentó.

“Me parece que tiene que ver con los vínculos que establecieron en una reunión privada que mantuvieron al inicio de la gestión, los CEOs de ENEL con los altos funcionarios del gobierno. Establecieron que se venía una mejor etapa para las empresas, pero tenía que ver con sus ganancias, no con un mejoramiento del servicio”, dijo. “Edesur había tomado la decisión de irse del país, después la retrotrajo. No les interesa el servicio eléctrico en la Argentina, sólo les interesa la facturación. Y lamentablemente hay una cuestión pro mercado que imposibilita tomar medidas más severas. Pero están dadas todas las causales para que se le rescinda el contrato”, remarcó Martello.

Sobre la posibilidad de llevar esta cuestión a la Justicia, explicó que como la Defensoría del Pueblo en este caso responde a la provincia de Buenos Aires, no se puede iniciar una causa contra Edesur que funciona en todo el país. Sin embargo, alentó a quienes quieran llevar adelante denuncias individuales a agotar la instancia judicial. “Nosotros judicializamos en el 2023 y estamos a la espera de que la Justicia resuelva. Hicimos una denuncia por entorpecimiento de los servicios públicos en la Justicia Federal”, planteó.

Finalmente, subrayó que si el Congreso de la Nación lograra avanzar en la designación de un nuevo Defensor del Pueblo Nacional, estas cuestiones contra empresas privadas o públicas que brindan servicios en todo el territorio, podrían avanzar en la Justicia.