La CGT convocará a un paro general y movilización para el 10 de febrero, día en el que se debatirá el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei en el Senado. La decisión se conoció tras la masiva marcha sindical del pasado jueves 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde miles de personas apuntaron contra la iniciativa de La Libertad Avanza. Además, la estrategia se completará con la judicialización de varios aspectos de la reforma, que dicen son “inconstitucionales”.

 

El secretario gremial de la central obrera, Osvaldo Lobato, ratificó la medida en declaraciones radiales: “Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización”. Por otro lado, desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) destacaron que uno de los logros de la protesta del 18 de diciembre fue posponer el tratamiento de la reforma, inicialmente previsto para diciembre.

 

Desde la conducción sindical, en tanto, advierten que la iniciativadel Gobierno implica un retroceso en derechos adquiridos y busca flexibilizar las condiciones laborales. En esa línea, Jorge Sola, secretario general de la CGT, sostuvo que “es un ataque directo a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores” y se pretende aprobar sin diálogo ni consenso.

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En Plaza de Mayo, @JorgePinoSola lo expresó con firmeza: "no queremos menos derechos, queremos más trabajo y más dignidad".

La reforma laboral busca debilitar la acción colectiva y atacar pilares que sostienen a las familias trabajadoras: salud… pic.twitter.com/vGyOB9ueP8

— CGT (@cgtoficialok) December 21, 2025

Tras la marcha del 18 de diciembre, la CGT anunció que volverán a marchar este 10 de febrero contra la reforma laboral, el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso para introducir cambios profundos en la Ley de Contrato de Trabajo y en las condiciones laborales. La marcha impactará en el transporte público, la administración pública, bancos, recolección de residuos, construcción y actividades industriales, entre otros sectores. También se prevén movilizaciones en todo el país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que varios accesos pueden verse afectados debido a la marcha.

 

Mientras continúan las conversaciones con senadores de distintos espacios para intentar introducir cambios, el equipo jurídico de la central obrera ya comenzó a analizar en detalle el texto para definir una eventual presentación judicial. Se trata del mismo grupo de abogados que en 2023 logró que la Justicia declarara inválido el capítulo laboral del DNU 70.

 

Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 88, que regula el derecho de huelga en sectores como transporte, salud, educación y otros servicios clave. El proyecto fija niveles mínimos de actividad durante las medidas de fuerza: un 75 por ciento en servicios esenciales y un 50 por ciento en los considerados “trascendentales”.

 

Entre los servicios esenciales se incluyen la salud, el suministro de agua, gas y energía, las telecomunicaciones, la actividad portuaria, el transporte aéreo, la educación obligatoria y la recolección de residuos. En tanto, como actividades trascendentales se mencionan el transporte público, los medios de comunicación, la industria alimenticia, la actividad minera, los servicios bancarios, el percibio electrónico y el comercio exterior, entre otros.

Con estrategia y la fuerza del reclamo en las calles podemos hacer retroceder la soberbia de no escucha a los trabajadores. Y podemos construir con inteligencia y diálogo creativo. No hay libertad sin justicia social pic.twitter.com/w7gsoOBFs5

— Jorge Sola (@JorgePinoSola) December 19, 2025

Las críticas no llegan solo desde el sindicalismo. El ex ministro de Trabajo Jorge Triaca advirtió que la redacción del proyecto es “difusa” y podría derivar en una nueva ola de judicialización. También señaló otros puntos conflictivos, como la ultraactividad de los convenios colectivos y la posible prioridad de los acuerdos por empresa sobre los convenios nacionales. Para la CGT, el escenario es claro: si la reforma avanza sin cambios, el conflicto se trasladará nuevamente a los tribunales.

 

La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei se tratará en el Senado el 10 de febrero, como parte de sesiones extraordinarias, anunció el jueves pasado la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich. El cambio de calendario en el tratamiento de la norma, que hoy motivó una marcha multitudinaria de la CGT, responde a la necesidad de reunir mayores consensos sobre la propuesta oficial, según aclaró Bullrich.

 

Bullrich afirmó además que el despacho está abierto a nuevos cambios durante el último tramo del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social. Para tener garantizado el dictamen de mayoría, la jefa de la bancada de la LLA mantendrá en este mes y medio negociaciones con los bloques de la UCR, el PRO y con bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Cambio Federal