Por: Diego Lanese

La nueva conducción de la CGT “debutó” este jueves con una masiva marcha contra la reforma laboral del gobierno. A poco más de un mes de asumir funciones, el flamante triunvirato se estrenó con una movilización masiva, que marcó el inicio del plan de lucha de los gremios y aliados contra el proyecto del oficialismo, que ya se debate en el Senado.

La jornada se vivió bajo un calor intenso, y algunos conatos de tensión, pero marcó el puntapié inicial de la resistencia a una propuesta que se considera “regresiva” y “contraria” a los intereses de los trabajadores. Con los discursos de los dirigentes Octavio Arguello, Cristian Jerónimo y Jorge Sola, la central obrera alertó que si los legisladores y la gestión libertaria no escucha estas advertencias, “irán a un paro general”, la propuesta que sonó tímidamente en la calurosa tarde de protesta.

El protagonismo de la CGT eclipsó al resto de las organizaciones, que acompañaron a la principal central obrera del país, que mostró su “músculo” y demostró que pese a las críticas sigue siendo la vanguardia de esta y otras luchas del movimiento obrero.

Se había acordado un documento, donde se denunciaba a la reforma laboral como “regresiva y precarizadora como parte del plan de acción sindical en todos los frentes” y considera que el proyecto que impulsa el Gobierno “constituye un ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores”. Un informe del Centro CEPA dio elementos de análisis para el rechazo de la reforma entre los empelados.

Las expectativas de los organizadores de la marcha era lograr unos 150 mil manifestantes, pero las fuentes consultadas hablan de “más manifestantes”. Además de la CGT estuvieron las dos fracciones de la CTA, los movimientos sociales y todo el peronismo, en sus distintas variantes.

Además, hubo sectores clasistas y de izquierda que marcharon con columna propia. Muy puntuales –de hecho las columnas de La Cámpora y el gobernador Axel Kicillof no habían ingreso a la plaza –los dirigentes dieron sus discursos, y marcaron el tono de la jornada, con advertencias varias y la necesidad de resistir a la propuesta, que el gobierno quiere aprobar de forma exprés.

La jornada de lucha convocada por las centrales obreras copó Plaza de Mayo desde temprano, y se anunció como el primer paso en el plan de lucha contra el proyecto libertario. Al respecto, el co-secretario general de la CGT Octavio Arguello sostuvo que la central le dice “rotundamente no” a la reforma laboral “entreguista” que impulsa el gobierno de Javier Milei, y adelantó que si no son escuchados “iremos a un paro general”.  

Así se manifestó el dirigente sindical durante la marcha que la organización hizo en Plaza de Mayo, donde le advirtió a los senadores: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los vamos a demandar”. “Es mentira que se dé más trabajo quitándole sus derechos, y dando cada vez más horas de trabajo”, alertó. Arguello llamó a “ganar la calle” y “pelear por los derechos de los trabajadores y sus familias”.

El dirigente advirtió que, si no hay respuestas, el reclamo la CGT avanzará con un plan de lucha que culminará en un “paro nacional”, lo que generó ovación entre los manifestantes.

¡Que se escuche en todo el país! 🇦🇷 🩶#CGTMarcha #ReformaLaboral pic.twitter.com/7BadpTA51Z

— CGT (@cgtoficialok) December 18, 2025

Por su lado, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, afirmó: “Hay que convertir la bronca y la rabia en organización y movilización. Va a ser impresionante la movilización de hoy, y la antesala de otras medidas de fuerza para que esta ley no se apruebe”.

“El calor lo llevamos a dentro, de bronca, pero también de organización y de convicción, de que este proyecto de ley nos quiere llevar al siglo XIX. Y en Argentina hay un pueblo con dignidad que va a hacer todo lo que esté a su alcance para impedirlo”, añadió. Luego, dijo: “Lo que busca la ley es facilitar extraordinarias ganancias para un grupo de financistas. Y además, como en todo lo que hace este Gobierno, hay un negocio y es el negocio financiero de transferir aportes para financiar los despidos. Es claramente inconstitucional y exigimos que estos temas se debatan en sesiones ordinarias”.

Finalmente, Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, afirmó: “El proyecto intenta sumirnos en la pobreza a las grandes mayorías populares. Va a ser multiunitaria en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en cada una de las provincias”. “Los gobernadores que no se opongan contra el proyecto de ley van a ver una jornada profundamente federal. Con una resistencia de la clase trabajadora impresionante”, aseguró. ATE realizó un paro nacional, que dijeron tuvo una “adhesión record”. En la previa, los estatales llamaron a ir a buscar a los gobernadores a sus territorios, para que reciban la presión de sus trabajadores.

En tanto, se conoció un informe del CEPA titulado “La precarización avanza: análisis de la reforma laboral” donde se alertó sobre el impacto negativo que tendría el proyecto impulsado por el Gobierno nacional en los derechos de los trabajadores, el sistema de seguridad social y las finanzas públicas.

El documento sostiene que la iniciativa no moderniza el mundo del trabajo, sino que “profundiza la precarización laboral y debilita las herramientas de protección colectiva”. El estudio está organizado en cuatro grandes ejes. En primer lugar, analiza los principales lineamientos de la reforma laboral, entre los que se destacan la pérdida de derechos consagrados en la Ley de Contrato de Trabajo, el debilitamiento de la estructura sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga, así como una transferencia millonaria de recursos desde el trabajo hacia el capital y modificaciones en materia impositiva.

En segundo término, el informe repasa antecedentes de reformas laborales anteriores y su impacto en el mundo del trabajo, señalando que experiencias similares no generaron mejoras sostenidas en el empleo ni en las condiciones laborales.

El tercer eje cuestiona la denominada “mirada moderna” sobre el trabajo, al considerar que se apoya en esquemas de flexibilización y reducción de costos laborales. Finalmente, el documento plantea una serie de propuestas alternativas orientadas a fortalecer el empleo registrado y el poder adquisitivo de los salarios.

Se perdieron 10.606 puestos de trabajo registrados privados en septiembre y 48.997 en los últimos 4 meses.

Desde la asunción de Milei, se perdieron 242.383 puestos de trabajo registrados:

» 154.382 en sector privado.
» 57.833 en sector público.
» 30.168 en casas particulares. pic.twitter.com/jzTdpu5LTi

— Centro CEPA (@ctroCEPA) December 15, 2025

Entre los datos más relevantes, el informe estima que la reducción de un punto en las contribuciones patronales destinadas al financiamiento de las obras sociales sindicales implicará un ahorro para los empleadores de 679 millones de dólares anuales.

A su vez, el costo fiscal total de la baja de contribuciones patronales ascendería a unos 2.070 millones de dólares por año. El trabajo también advierte sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3 por ciento de la masa salarial bruta y estará destinado a cubrir despidos.

Ese aporte será compensable con contribuciones patronales, lo que, según el informe, reducirá los recursos destinados a Jubilaciones, PAMI y Asignaciones Familiares. Otro de los puntos cuestionados es la creación de un nuevo Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que establece que, para nuevas contrataciones, los empleadores pagarán solo un 8 por ciento de contribuciones patronales, incluyendo dentro de ese porcentaje el aporte al FAL.

En la misma línea, el programa de “Promoción del Empleo Registrado” es caracterizado como un nuevo blanqueo laboral, al contemplar amplias amnistías fiscales, previsionales y penales, como la extinción de la acción penal tributaria y la condonación de multas y sanciones.

En materia impositiva, el informe calcula que la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades tendrá un costo fiscal anual de 2.279 millones de dólares, de los cuales 2.099 millones beneficiarían a 15.474 grandes empresas. Para las provincias, en tanto, la merma promedio por coparticipación derivada de esa medida sería del 2,7 por ciento.

Por último, el documento señala que la eliminación de impuestos internos a bienes considerados suntuarios, como embarcaciones, aeronaves y otros bienes de alto valor, implicará un costo fiscal adicional de 334 millones de dólares anuales, con un impacto concentrado en los sectores de mayores ingresos.