Esta se llevó a cabo, tanto en la ciudad de La Plata como en Rosario, una marcha convocada por los familiares de las víctimas del fentanilo adulterado. Con el fin de continuar visibilizando lo ocurrido para mantener el pedido de justicia, las familias se reunieron y dieron sus testimonios. Política del Sur conversó al respecto con Alejandro Ayala, licenciado en kinesiología y fisiatría y hermano de Leonel, víctima del fentanilo adulterado.  

“En la última convocatoria exigimos respuestas políticas al respecto porque fueron ausentes durante todo el proceso judicial. Nuestro reclamo es legítimo y viene de las experiencias de otras tragedias, como la de Cromañón, la de Once, en donde se sabe que hay una responsabilidad estatal contundente y una desatención a las familias”, aseguró. “Desde el día uno nos negaron la información, nos encubrieron, nos omitieron. Tuvimos que enfrentar un proceso de revictimización constante con los medios de comunicación acompañándonos, para poder dar a conocer y comprometer al poder ejecutivo a que tome cartas al asunto”, apuntó.

Con respecto a la instancia actual de la investigación, comentó que “en estos momentos, la Justicia está investigando a los organismos de control, al Ministerio de Salud, a la ANMAT, a la INAME, en esa cadena dada las buenas prácticas de fiscalización según el juez Kreplak” y agregó que “lo que sucede con estas cuestiones en cuanto a los controles y a la fiscalización de los productos médicos, los insumos médicos es que no hay una legislación o una norma contundente que pueda definir delitos en este aspecto”.

En ese sentido, precisó que “a la Justicia, hoy por hoy, se le está complicando definir cuál sería la magnitud o cuáles fueron las fallas contundentes que tuvo hoy la ANMAT y la INAME en cuanto a los controles de estos laboratorios, que lógicamente, violaron todo procedimiento de las buenas prácticas de fabricación de medicamentos y además falsificaron la documentación pertinente que hubiera evitado que estos medicamentos se distribuyeran en el país”.

“El Estado está para garantizar el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad humana, Nosotros fuimos violados en términos del derecho a la vida y a la dignidad humana. Los que recibieron ese medicamento, que hoy son las personas que están bajo tierra, tuvieron una muerte totalmente inhumana. Sufrieron consecuencias terribles por este medicamento”, indicó, y remarcó que también la Justicia investiga a los pacientes que sobrevivieron con graves secuelas por el consumo del fentanilo.

“No podemos dejar en el olvido la responsabilidad estatal en cuanto al cuidado y a la seguridad farmacológica, que es uno de los pilares de esta consecuencia. Y tampoco olvidar el compromiso del estado al no accionar a tiempo, frenar el brote infeccioso en los hospitales, detectar junto con la justicia dónde estaban esas ampollas y esos lotes, y tomar medidas reparatorias a las familias. Estamos hablando de una magnitud enorme del daño”, planteó.

Por otro lado, sostuvo que en la Argentina la trazabilidad de este medicamento de alto riesgo no existe. “No hay registro sistémico que determine dónde se encuentra cada ampolla y cada lote del fentanilo. Esto también permite el uso inadecuado, ilegal, el mercado negro y demás, de un fentanilo que sabemos que hace estragos en Europa y en Estados Unidos. En Argentina, 16 laboratorios de los 300 que existen, producen fentanilo. No se sabe dónde va, qué se hace porque no hay trazabilidad”, puntualizó Alejandro.

También afirmó que “esto es una decisión política y moral". "Hay que tomar cartas en el asunto urgentemente el año entrante, porque nosotros interpelamos directamente al poder ejecutivo, porque no nos acompañó durante todo el proceso judicial”, apuntó, y destacó que en el 2026 se van a sortear las recomendaciones que se expusieron en el informe final de la Comisión Investigadora para regular, controlar, fiscalizar y mejorar los mecanismos de seguridad sanitaria. “Al gobierno de turno no le interesa, pero nuestro reclamo es en función de mejorar y garantizar el control de fármacos en el país”, aclaró.

Por último, adelantó que las familias presentaron un proyecto de ley en el que solicitan que se conmemore el Día Nacional de las Víctimas del Fentanilo Adulterado y de la Seguridad Farmacológica. “El 13 de mayo fue el día en donde se socializó la causa y el estado tuvo que tomar responsabilidad política al respecto, tanto el poder ejecutivo como el poder judicial. Definimos ese como el día en donde hay que recordar la situación, promover a políticas públicas de seguridad farmacológica”, comentó.

Y adelantó que “seguramente el 13 de mayo, va a ser la primera convocatoria en Capital Federal frente al Congreso para pedir que se vote el proyecto de ley y conmemorar el primer día de las víctimas del fentanilo adulterado”.