Por: Diego Lanese

Con la firma del dictamen de la Comisión de Presupuesto, el oficialismo dejó todo listo para que este miércoles se discuta en la cámara de Diputados el proyecto de presupuesto 2026. La idea del Gobierno es conseguir los votos necesarios para darle media sanción, y así encaminar la propuesta, luego de dos años sin acuerdo que obligó a la gestión de Javier Milei a gestionar sin proyección de gastos.

Si bien el triunfo electoral de las legislativa hace pensar que en este caso habrá acuerdo para tener el primer presupuesto libertario, algunas situaciones tensionaron la situación, y ponen en duda la aprobación final. Una de ellas fue la inclusión en el proyecto de mayoría de un artículo que deroga dos leyes claves: la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en Discapacidad. Las normas fueron aprobadas este año por amplio consenso y resistieron el veto presidencial, pero ahora quedarían en un limbo legal, como parte del plan de ajuste del gobierno.

La decisión reactivó el conflicto con los gremios docentes y nodocentes, que en la previa alertaron sobre la falta de puesta en vigencia de la norma, y los problemas que traerá en el futuro, incluyendo el no inicio de clases para el año que viene. Un reciente informe de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) denunció la pérdida salarial del sector, que supera los 30 puntos desde que Milei llegó a la Casa Rosada.

Este miércoles, la Cámara baja intentará aprobar el primer presupuesto de la era libertaria. Según la información, estarían los votos para dar el visto bueno, aunque el artículo que deroga las leyes que benefician a universidades y la discapacidad generó una nueva tensión, y no hay certeza de que se cumpla el pronóstico del oficialismo. Lo cierto es que el tema puso en alerta a los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que junto a la CGT reclamaron por la norma.

Concretamente, el artículo 75 del nuevo dictamen deroga las leyes 27793 y 27795, las de Emergencia discapacidad y Financiamiento Universitario, respectivamente. “Hasta ahora no hay contemplados cambios en la ley de presupuesto, para incorporar los fondos necesarios para hacer cumplir la ley”, le dijo a Política del Sur el titular de la FEDUN, Daniel Ricci. Los gremios del sector plantearon varios pedidos judiciales para que el presidente Milei cumpla con una norma aprobada por amplia mayoría en el Congreso, y apoyada por al menos tres grandes movilizaciones de la comunidad. “Ante esta realidad los docentes y nodocentes le estamos reclamando a los diputados y senadores que garanticen el financiamiento de la ley”, recordó el dirigente. Por el momento, la advertencia es que sin esos recursos será complejo comenzar las clases. “Sin la ley seguramente el 2026 comenzará con medidas de fuerza que compliquen el inicio del ciclo lectivo” adelantó Ricci.

NO al artículo 75, que deroga las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad.

Reclamamos que el presupuesto 2026 garantice los recursos previstos para dichas Leyes Nacionales vigentes pic.twitter.com/lLXNDxEH6S

— Fedun (@FEDUNArgentina) December 17, 2025

“En un diciembre que nos encuentra con salarios más bajos que el mes pasado, desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales los trabajadores de las universidades públicas exigimos la incorporación al presupuesto 2026 de lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario”, dijo el gremio. “En momentos en que las familias estamos organizando las Fiestas de Fin de Año el gobierno no sólo no cumple la ley ni salda la deuda salarial que esta reconoce, s no que además procede en una reducción de los salarios universitarios”, agregó el gremio, que reclamó la convocatoria de la paritaria universitaria.

En tanto, la CGT se sumó al pedido del gremio por la ley. Mediante un comunicado, la central obrera salió a cruzar la iniciativa del oficialismo, y reclamó el “retiro inmediato” del artículo al que acusa de avanzar en un fuerte desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología. La central sindical advirtió que la iniciativa “contradice leyes vigentes y pone en riesgo derechos conquistados por los y las trabajadoras”.

“El presupuesto nacional debe garantizar y cumplimentar lo establecido en la recientemente sancionada Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, cuyo veto fue rechazado por ambas cámaras del Congreso”, señala el documento aprobado por el Consejo Directivo Nacional de la CGT, difundido luego de conocerse la noticia. Según la central obrera, el artículo cuestionado implica “una reducción drástica de la inversión en educación”, el “desfinanciamiento total de la educación técnico-profesional” y el “vaciamiento de la inversión en ciencia y tecnología”, lo que impacta de manera directa en la investigación y el desarrollo nacional.

El pedido por la ley, que garantiza un mecanismo de paritarias por encima de la inflación, se da en momentos que los ingresos de docentes y nodocentes sigue prácticamente congelados. En un  nuevo informe conjunto de FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) muestra que los ingresos del sector universitario se siguen deteriorando, a medida que el gobierno no pone en vigencia la ley de financiamiento. En 23 meses de gobierno, se confirmó,  “el IPC acumula un alza del 241 por ciento”, mientras que los salarios en universidades nacionales “se incrementaron un 136,8 por ciento, un deterioro de 104,2 puntos base”.

A partir de eso, los sueldos “cayeron un 30,6 por ciento real desde noviembre del 2023”. En lo que va del año pierden, en tanto, la caída fue del 9 por ciento. De esta forma, el reporte al que tuvo acceso Política del Sur confirma que “el nivel salarial del sector se encuentra por debajo de los valores de 2002, habiendo declinado 39,8 puntos desde el pico de 2011”. En dos años los trabajadores universitarios docentes y nodocentes han perdido 2,67 billones de pesos (constantes), cuando se compara la masa salarial del 2023 con la de los años 2024 y 2025. “El deterioro fue de 1,17 billones durante 2024 y se proyecta una caída de 1,50 billones de pesos durante el año en curso”, agregaron.

📢 NO al desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.

Desde la CGT exigimos el retiro del artículo 30 del Presupuesto 2026 y llamamos a movilizanos para defender nuestros derechos. 💪#CGTMarcha #ReformaLaboral #MovimientoObreroOrganizado #TrabajadoresUnidos pic.twitter.com/9wQL0ZMg8m

— CGT (@cgtoficialok) December 16, 2025

En tanto, el reporte analiza el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por la gestión libertaria, y alertó que “profundiza el ajuste en el sector universitario, generando una caída del 3 por ciento real en el financiamiento (30,7 por ciento desde 2023 y 39,9 por ciento desde 2015)”. El presupuesto de la educación superior representará “el 0,462 por ciento del PBI en 2026 (0,718 por ciento en 2023)”.

Así, la inversión en universidades nacionales en 2024 “cayó 21,8 por ciento y se proyecta un retroceso adicional del 9,8 por ciento en 2025 en términos reales”. En el acumulado a octubre “cae un 28,7 por ciento contra igual período de 2023”. La ejecución acumulada del ex Ministerio de Educación se deteriora un 49,6 por ciento en dos años, mientras que la ejecución acumulada del presupuesto de la Administración Pública Nacional para el sector científico y tecnológico “también cae brutalmente, deteriorándose un 45,8 por ciento a octubre 2025 en términos reales respecto de 2023 (proyectado 0,149 por ciento del PBI en 2026)”.

Además, la masa salarial del sistema científico cae un 31,8 por ciento real en dos años. También descienden la inversión en becas (-21,3 por ciento), insumos (-51,1 por ciento) y bienes de capital (-64,7 por ciento). Las transferencias declinaron un 81,7 por ciento en términos reales.