Daniel Arroyo, impulsor de la Ley de Emergencia en Discapacidad cierra su mandato como diputado nacional pero continúa la batalla por la aplicación efectiva de la norma, que el Gobierno intentó vetar. En diálogo con Política del Sur, actualizó el estado de situación del sector.

“Hubo el caso de un juez de Catamarca que determinó que se devuelvan las pensiones en todo el país, más de 100.000 personas que no habían cobrado su pensión y se la habían dado de baja. Se les dio arbitrariamente de baja sin que nunca supieran que habían sido convocados para una auditoría. La ANDIS (Agencia Nacional de Dispcapacidad) este mes tiene que volver a dar las altas, se comprometió a hacerlo, esperemos que lo haga”, comentó.

Y remarcó que “lo que hace la Ley es reordenar todo el sistema de atención, de prestaciones para los traslados, medicamentos, terapias, para los acompañamientos, para las escuelas especiales, los hogares y los talleres". "En cuanto a la Ley, ha habido varios planteos. La Justicia tomó un amparo colectivo, aceptó que se presentaran varias instituciones para que se ponga en marcha la ley, pero hasta acá no se expidió. La Ley fue promulgada, el Gobierno la suspendió, la Justicia hasta acá no lo obligó a poner en marcha la ley”, completó.

Y aclaró que el Presupuesto 2026 “no contempla la inclusión de ninguna de las tres leyes (suspendidas por el Ejecutivo): ni la Ley de Emergencia en Discapacidad, ni la Emergencia Pediátrica ni la del Financiamiento Universitario", aunque remarcó que "hay bloques de la oposición que hicieron un nuevo presupuesto incorporándolas y hasta acá hubo un dictamen favorable al Gobierno".

Precisó, en este marco, que en la Comisión de Presupuesto, el Gobierno logró mayoría para tratar su presupuesto y se convocó a extraordinarias a partir de mañana. “Tal vez, y espero que sea así, en las negociaciones con otros bloques políticos para terminar de aprobar la ley, sí termine incorporándose, pero en lo que envió el Gobierno originalmente no está contemplada la aplicación de la ley, lo cual es gravísimo, porque ya no es que dice de dónde saco la plata. Ya es directamente ‘no la hago porque no quiero’. La ley no es un consejo. Es una obligación que el gobierno cuando envió el presupuesto no la contempló”, sostuvo Arroyo.

Sobre la aplicación de la Ley, sostuvo que “el Ejecutivo está haciendo algo ilegal, no está poniendo en marcha la Ley que fue promulgada por el mismo Ejecutivo”. Y señaló que hay tres instancias posibles para su aplicación: “La Justicia ha avanzado rápido. De hecho, el Gobierno quiere recusar al juez que tiene el caso para evitar que le falle a favor de la Ley, increíblemente. Segundo, el Parlamento y que en el debate sobre el Presupuesto se incorpore la Ley y ahí se resolvería el problema”.  “Y el tercero es una interpelación al jefe de Gabinete (Manuel Adorni). Esa instancia, que es lo que permite la Constitución, la veo difícil porque hoy la mayoría no la tiene la oposición, sino que la tiene el gobierno”, agregó.

“El Gobierno ha decidido hacer colapsar, romper el sistema. Hoy un acompañante terapéutico sigue cobrando $3.000 la hora a 180 días. Empieza hoy a trabajar acompañando a una persona con discapacidad y eso que trabaja hoy, lo va a cobrar en mayo del año que viene. ¿Qué hace esa gente? Está buscando otro trabajo porque realmente no tiene manera, y por eso es tan difícil y rotan todo el tiempo”, explicó.

Asimismo, advirtió que “las escuelas especiales están todas a punto de cerrar". "Los transportistas siguen cobrando $541 el litro de nafta, la nafta aumenta todos los días, ya vale más de $1.800, con lo cual, con mucha suerte, los lleva uno o dos días en la semana. Nadie sabe cómo se accede hoy a un medicamento. La agencia de discapacidad no contesta ningún pedido. Los hogares, los centros de día, están con deudas con la AFIP, ya no saben más qué inventar. La persona que trabaja en un taller protegido sigue cobrando $28.000 por mes. El gobierno decidió hacer colapsar el sistema de manera increíble”, apuntó.

También subrayó que “un Gobierno cuyo eje es reducir trámites y la verdad que eso es bueno. Hoy cualquiera que compra un auto va a hacer menos trámites, ha desburocratizado muchos de los procesos. En discapacidad lo hizo al revés. Hay que hacer más trámites, llenar más formularios para acceder a un medicamento". "El Gobierno, cuyo eje central es simplificar, ha decidido complicar la vida cada vez más a las familias de las personas con discapacidad”, sintetizó.

Finalmente, sostuvo que “eso tiene un efecto irrecuperable". "Si hay algo que ha avanzado con la tecnología en las últimas décadas en el mundo, es el tratamiento para las personas con discapacidad, que viven más años, que mejoran sus procesos. Cuando eso se para, se retrocede al siglo XIX. Lo que se está haciendo en discapacidad es imperdonable. Agregado a que todos vemos y escuchamos el tema de corrupción, de plata que va, que viene, de un lado, de otro”, amplió. Y afirmó que volverá a su actividad académica como profesor y seguirá de cerca el tema del colectivo de discapacidad.