Desde la comunidad LGTBIQ+ advierten que con la llega al gobierno de Javier Milei, muchas políticas sufrieron recortes importantes y se fortalecieron los discursos hostilees. Política del Sur conversó con Darío Arias, integrante de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo Lanús, cofundador y secretario de Conurbanes por la Diversidad y dirigente del Frente Nacional Orgullo y Lucha.

“Históricamente hemos sido grupos marginalizados, discriminados y estigmatizados por el solo derecho de ser quién éramos, nada más y nada menos, tanto por la sociedad como por las leyes. Necesitamos que el Estado genere un marco de protección y de políticas para fortalecer nuestros derechos y poder vivir nuestras vidas libres de violencias sin discriminación y en plenitud”, aseguró Arias.

Destacó, asimismo, que Argentina “avanzó muchísimo en esta senda en los últimos 20 años" y recordó se han aprobado leyes como el matrimonio igualitario, identidad de género y el cupo laboral para travestis y trans. "Desafortunadamente, desde la asunción del actual gobierno nacional presidido por Javier Milei, estamos viviendo una senda de retrocesos”, señaló.

“Cuando hay un problema social o hay un grupo que atender o una temática, el Estado debe generar una estructura para poder llevar adelante actividades y acciones que generen el acompañamiento o la solución de esas problemáticas. Este Gobierno, apenas asumió, eliminó el Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad y unos meses después, el INADI, que nació en los 90 como respuesta a los atentados terroristas que tuvo nuestro país y para dar una señal de que el Estado debe favorecer la convivencia democrática y el respeto a todas las identidades y grupos sociales”, remarcó.

Observó que “se ha vaciado y se ha incumplido toda política de diversidad sexual que se había creado en los últimos 20 años en distintos gobiernos. Un ejemplo es el incumplimiento de la Ley de Cupo Laboral para travestis y trans a nivel nacional y la modificación por decreto de la Ley de Identidad de Género en febrero pasado, que implicó, por ejemplo, que los menores de edad no puedan acceder a esta ley”.

Destacó “la proliferación de discursos de odio desde lo más alto del poder". "Esto tiene un efecto sobre nuestras vidas e identidades porque si el Presidente de la Nación, el máximo responsable de llevar adelante los destinos del país, dice en un foro internacional que la homosexualidad es asimilable a la pedofilia, eso tiene un efecto en el aumento de casos de discriminación, de violencia, de vejaciones, de temor de mucha gente a salir a la calle”. Sumado, además, a la crisis económica y social que atraviesa el país.

“Este Gobierno ha tomado como chivo expiatorio a las agendas feministas y de la diversidad sexual. En este escenario de retiro del Estado nacional, de generar legislación y políticas públicas para nuestras comunidades y además de ataque frontal a nuestras vidas, cuerpos, identidades, agendas, el rol de los gobiernos provinciales y de los gobiernos municipales resulta todavía más importante”, subrayó Darío. 

Y comentó: “Como organización de la diversidad sexual, que ya tenemos casi 20 años de trabajo en el conurbano bonaerense y en la provincia de Buenos Aires, venimos haciendo un trabajo para que el ámbito provincial y los ámbitos locales creen, sostengan y fortalezcan políticas públicas de diversidad sexual en lo provincial y en lo local”.

En relación a esto, reconoció que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tomó la decisión de crear el Ministerio de las Mujeres y Diversidad “y a partir del 2023, sostenerlo y fortalecerlo. Y seguir trabajando e impulsando políticas de prevención y abordaje de la violencia y la discriminación, asuntos de orientación sexual, identidad de género". "Tenemos un trabajo conjunto con la Dirección Provincial de la Diversidad Sexual del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y con distintas áreas todos los días”, amplió.

“Es el gobierno provincial el que está garantizando diferentes acciones y políticas que debería sostener el gobierno nacional. Cuando se trata de derechos humanos, si el Estado Nacional se retira, son los gobiernos provinciales y municipales los que deben acompañar e incluir a estas poblaciones vulnerabilizadas históricamente”, remarcó. “Venimos hace 20 años trabajando en que los municipios creen e implementen medidas para la diversidad sexual. Hacemos todos los años un informe que releva 18 variables de política pública en 31 municipios del del Gran Buenos Aires, de los 31 municipios, 14 tienen un área específica de diversidad sexual”, agregó. 

Finalmente, planteó: “Lo que le pedimos a todos los municipios es que sostengan estas áreas, profundicen estas políticas, que pongan equipos especializados y presupuesto, porque estamos hablando de un porcentaje de la población muy importante, que a pesar de los avances en este nuevo contexto está siendo amenazado en algo tan importante que es la libertad de ser quienes queremos ser”.