Por: Federico Cedarri

Tras el ingreso del miércoles a la Cámara Baja bonaerense, tanto el Presupuesto como la Ley Fiscal y el endeudamiento comenzarán la semana próxima  su camino institucional.

Los expedientes deben recorrer en principio, según establece la hoja de ruta pautada, las comisiones de Presupuesto e Impuestos que maneja el cristinista Juan Pablo De Jesús, Legislación General bajo el mando del massista Rubén Eslaiman y Asuntos Constitucionales y Justicia que conduce la kicillofista Susana González.

En rigor, y debido a  la mayoría que el peronismo ostenta en los tres entes de análisis se descuenta que oficialismo logrará con sus diputados propios los despachos correspondientes, que constituirán el salvoconducto necesario para que el paquete de proyectos desemboque en el recinto antes del 10 de diciembre como es intención de Axel Kicillof.

En concreto, las negociaciones más activas del gobierno de Axel Kicillof serán con los radicales en sus distintas variables, los centenarios cuentan con una veintena de intendentes que rápidamente se reunieron con el ministro de Economía Pablo López para dejarle una hoja de reclamos que actuarán como una especie de contrapartida para el apoyo de los bloques boina blanca al paquete de expedientes.

Si el peronismo logra alinear a los propios, sumar los 9 votos de los diputados de los bloques dialoguistas, que han venido acompañando en casi todas las votaciones al oficialismo, y suma  a la causa el apoyo de los 16 legisladores centenarios llegaría a la preciada cifra de 61 manos levantadas en Diputados para lograr la aprobación del endeudamiento por el equivalente a 3000 millones de dólares.

En el Senado, en tanto, el peronismo está más a tiro, ya que a sus 21 legisladores le agregría a priori los tres votos dialoguistas y de sumar las ocho manos de los bloque de UCR + Cambio Federal y de Somos Buenos Aires llegaría con creces a los 31 apoyos necesarios para aprobar la solicitud de toma de deuda.

Sin embargo, no alumbra fácil la negociación del Ejecutivo con los alcaldes y legisladores boina blanca: estos últimos exigen que el Fondo de Fortalecimiento Municipal sea de carácter fijo, actualizable de acuerdo a la inflación y de libre disponibilidad.

Ese ítem marca la diferencia por el momento insalvable entre el Ejecutivo y los centenarios, el gobierno de Kicillof no desea salirse del libreto que reza que el fondo para los municipios se constituya con el 8% de total de lo que se tome de deuda: tampoco está de acuerdo con que sea de libre usos para los alcaldes.

Está claro que en el tire y afloje de la negociación ambas partes deberán ceder indefectiblemente en sus posturas para arribar a un entendimiento.

Los intendentes peronistas, aunque no lo manifiestan públicamente, también buscarán negociar una mayor cantidad de fondos para sus municipios y no ven con malos ojos la postura de sus colegas centenarios de que el monto a distribuir en las alcaidías sea fijo y actualizable.

Los legisladores centenarios también quieren discutir otras cuestiones que el gobierno bonaerense ha venido gambeteando con sapiencia: los cuatro lugares vacantes en la Corte Suprema de Justicia  y las sillas que le corresponden a la oposición en el Directorio del Banco Provincia y en el grupo BAPRO.

Otro espinoso tema que los alcaldes radicales le plantearon al ministro López, aparte de la necesidad de que se salden con celeridad las deudas del IOMA con sus distritos, tiene que ver con la cancelación de los montos que las municipalidades deberían haber devuelto a la provincia por los fondos covid y de suma fija.

Los legisladores centenarios buscarán que se introduzca un artículo en el Presupuesto que deje sin efecto esas deudas municipales.

De no arribarse a un acuerdo y el gobierno bonaerense decida solamente prorrogar la devolución de esos pasivos, el abadismo conjuntamente con el cristinismo sacarán a relucir nuevamente el expediente firmado por Diego Garciarena y Juan Pablo De Jesús, postergado desde mayo en Diputados, que estipula la condonación del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal y del Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias  Salariales.

El total de la deuda que los municipios tienen con el Ejecutivo provincial es del orden de los 7.900 millones de pesos: un monto de dinero nada despreciable al que debería renunciar definitivamente el gobierno de Axel Kicillof.

Se presume que la semana entrante, algunas fuentes de la Cámara Baja barajan la fecha del martes 18 de noviembre, se llevaría adelante un plenario de las tres comisiones involucradas por donde deben transitar los expedientes del Ejecutivo con la intención de emitir los despachos favorables para que las propuestas lleguen al recinto.