La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) formalizó ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires una denuncia por responsabilidad patrimonial y política contra el Municipio por presunta malversación de fondos públicos provinciales, evasión de aportes previsionales y violación de la Ley 14.656, que regula el empleo municipal bonaerense.

El documento —firmado por el secretario general de FESIMUBO, Rubén García, y con fecha 11 de noviembre de 2025— señala un supuesto perjuicio estimado en $10.000.000.000 al Instituto de Previsión Social (IPS) y al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

 

Los fundamentos de la presentación

La denuncia, de más de siete páginas, sostiene que supuestamente la administración incurre en:
    •    Evasión de obligaciones previsionales y asistenciales, con miles de trabajadores municipales fuera del sistema de aportes.
    •    Malversación de caudales públicos provinciales, al utilizar recursos coparticipables sin los destinos previstos.
    •    Violación del orden público laboral y constitucional, al incumplir la Ley 14.656 que limita la contratación temporaria.
    •    Abuso de autoridad y daño al erario público, según los artículos 194 y 195 del Código Penal y la normativa provincial vigente.

El escrito indica sobre “una gestión ruinosa de fondos públicos” y de mantener un sistema que “sustrae al Estado provincial los aportes y contribuciones que sostienen los organismos previsionales y de salud”.

 

Los números del reclamo

Según el relevamiento de FESIMUBO:
    •    El municipio cuenta con 1.050 trabajadores en planta permanente y 300 en planta transitoria.
    •    Sin embargo, más de 3.000 empleados estarían contratados bajo la modalidad de monotributo, otros 500 como becarios o pasantes, y más de 2.000 vinculados a cooperativas.
    •    En total, de casi 7.000 trabajadores, sólo 1.350 (19 %) estarían registrados ante el IPS y el IOMA.
    •    El resto —alrededor según García del 81 %— se encontraría “bajo regímenes de absoluta precarización laboral”, sin aportes jubilatorios ni cobertura médica provincial. 

Los aportes jubilatorios lo hacen al ANSES. FESIMUBO calcula que este esquema implica una evasión mensual superior a $520 millones en contribuciones patronales, lo que se traduce en más de $6.200 millones al año.

Solo en el caso del IOMA, la omisión de aportes alcanzaría una suma anual de $3.050 millones, y en el IPS, unos $3.456 millones, configurando un perjuicio directo al sistema previsional bonaerense.

 

Violación de la Ley 14.656

La Federación sostiene que el Municipio de Almirante Brown infringe de manera sistemática los artículos 4 y 70 de la Ley 14.656, que establecen que la contratación de personal transitorio es excepcional y no puede superar el 20 % de la planta permanente.

En la denuncia, García advierte que “Cascallares impone un sistema ilegal que precariza al 80 % de los trabajadores municipales y desfinancia los organismos previsionales de la provincia”.

El texto califica la situación como un “verdadero escándalo jurídico, político y ético” y exige la aplicación de “las más altas sanciones y multas sancionatorias previstas por la legislación”.

 

Contexto y antecedentes gremiales

FESIMUBO, entidad con personería gremial N.º 1661, viene reclamando desde hace años el cumplimiento efectivo de la Ley 14.656 y la regularización laboral en los municipios bonaerenses.

En distintos comunicados, la federación advirtió sobre “la utilización del monotributo como forma de precarización encubierta” y la falta de aportes que generan un perjuicio estructural al sistema previsional provincial.

El dirigente Rubén García ha señalado reiteradamente que “mientras algunos intendentes hablan de justicia social, someten a sus trabajadores a condiciones de indigencia y precariedad”.

 

Lo que pide la Federación

En su presentación, FESIMUBO solicita que el Tribunal de Cuentas:
    1.    Inicie un sumario administrativo por responsabilidad patrimonial.
    2.    Determine los perjuicios económicos ocasionados al IPS y al IOMA.
    3.    Aplique sanciones y cargos de deuda al intendente y a los funcionarios implicados.
    4.    Exija la regularización laboral inmediata de los empleados precarizados.

“El intendente y sus funcionarios —plantea el escrito— manipulan arbitrariamente los recursos públicos, concretando una malversación que atenta contra los derechos de los trabajadores y el orden constitucional de la provincia”.

Lo que viene

El documento fue ingresado formalmente en el Tribunal de Cuentas el 11 de noviembre de 2025, y se espera que el organismo determine si procede la apertura del sumario solicitado.

Hasta el momento, la Municipalidad de Almirante Brown no emitió un comunicado oficial sobre la denuncia.

Fuentes sindicales consultadas por Política del Sur adelantaron que FESIMUBO planea ampliar la presentación con documentación contable en los próximos días.