Actualmente existe una sola fábrica de armas de puño en el país; el resto del mercado interno depende de armas importadas. Tras la asunción de la actual administración, autodenominada “El Topo Destructor del Estado”, las políticas de recorte y reestructuración han generado una incertidumbre generalizada que golpea tanto a los empleados del organismo como a los comercios del sector y a los legítimos usuarios.

En momentos donde las situaciones violentas con armas de fuego aumentan día a día, un tema tan sensible se está tratando, metafóricamente, como un mono con escopeta.

En la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), anteriormente RENAR, la situación es particularmente delicada. El actual director ejecutivo, Juan Pablo Allan, designado mediante el Decreto 80/2024, impulsó un proceso de reestructuración que terminó generando un vacío operativo. En ese marco, se exigió a los empleados la presentación de sus renuncias bajo la promesa de evaluar su continuidad a través de exámenes de idoneidad. Muchos aceptaron la condición, aprobaron las pruebas y demostraron su capacidad. Sin embargo, no fueron reincorporados ni cobraron sus salarios.

Aun así, varios de ellos siguen trabajando ad honorem, sosteniendo al organismo con compromiso y vocación pública. Mientras tanto, la ausencia de Allan en las instalaciones y la falta de directivas claras provocaron retrasos en trámites y una creciente preocupación sobre el futuro del ente. Los sindicatos UPCN y ATE expresaron su inquietud. Aunque el primero ha aceptado acuerdos en otras áreas y el segundo sometió las decisiones a debate interno, ambos coinciden en exigir una resolución urgente que garantice condiciones laborales dignas y asegure el funcionamiento del organismo.

En paralelo, las políticas oficiales sobre el control de armas encendieron un fuerte debate. Entre las medidas implementadas figura la reducción de la edad mínima para la tenencia legal de armas de 21 a 18 años, así como la simplificación de los trámites de regularización. Si bien el argumento oficial es promover la “tenencia responsable”, organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad advierten sobre los riesgos de una mayor proliferación de armas y un posible incremento de la violencia. A esta altura, queda claro que el problema no es la falta de tiempo, sino la falta de dirección.

En este contexto, la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y Materiales Controlados (UFIARM) publicó un informe alarmante sobre el crecimiento del fenómeno de los testaferros: personas que, siendo usuarios legítimos, compran armas legalmente para transferirlas a terceros no habilitados, muchas veces vinculados a organizaciones criminales.

El documento técnico, titulado “Indicadores de riesgos relacionados con testaferros de armas de fuego”, elaborado por la auxiliar fiscal Paulina Gómez bajo la supervisión del fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva, busca facilitar la detección temprana de estas maniobras. Entre los indicadores de riesgo figuran las inconsistencias en el domicilio denunciado, la capacidad contributiva del comprador, la cantidad y tipo de armas adquiridas, la frecuencia de compra y el destino final de las armas.

El informe, publicado en el portal fiscales.gob.ar, advierte que, aunque algunas conductas pueden encuadrarse en el delito de entrega ilegal de armas (artículo 189 bis del Código Penal), muchas veces se trata de esquemas complejos y organizados. En ellos participan usuarios legítimos, gestores, armerías y organizaciones criminales, lo que podría derivar en delitos de falsificación de documentos públicos, asociación ilícita o contrabando.

En Rosario, la realidad supera la advertencia. Una investigación reciente detectó que una sola persona compró 42 pistolas calibre 9 mm en apenas un año y medio, de las cuales 17 provenían de la misma armería ubicada en la zona sur. Nadie en la ANMAC lo advirtió. Según el fiscal Gastón Ávila, esto demuestra el nulo control estatal en la adquisición de armas. La investigación ya identificó 220 operaciones similares con el uso de testaferros. La hipótesis más fuerte sostiene que las armas estaban destinadas al mercado negro, un circuito hasta ahora difuso pero que, tras 31 allanamientos en Rosario, podría comenzar a corporizarse.

Uno de los puntos allanados fue la armería Bordoni, en bulevar Seguí al 1700, señalada desde hace tiempo por maniobras oscuras. Allí, los pagos se realizaban exclusivamente en efectivo, lo que podría responder no solo a un intento de evasión impositiva sino también a operaciones ilícitas de mayor alcance. En otra causa vinculada, se detectó que en septiembre de 2021 el proveedor José Luis Andino, sospechado de abastecer a bandas narco, había adquirido 21.000 balas.

Los allanamientos ordenados por Ávila fueron coordinados por la Policía Federal Argentina, funcionarios de la ANMAC y de la Fiscalía Regional de Rosario. El modus operandi era claro: testaferros que figuraban como legítimos usuarios, pero las armas terminaban en manos ajenas. Entre el material decomisado —unas 220 armas, incluyendo revólveres calibre .38, pistolas Glock y Taurus 9 mm— llamó la atención el hallazgo de un fusil Kalashnikov y un Fusil Automático Liviano (FAL).

Además, se detectaron inconsistencias en los reportes de venta de municiones, donde las cantidades declaradas no coincidían con las facturas, generando remanentes que podían ser revendidos por vías paralelas.

En medio de este clima, el Gobierno anunció esta semana la habilitación para la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional por parte de particulares y entidades de tiro, mediante la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial. Una decisión que, lejos de brindar tranquilidad, profundiza las dudas sobre el rumbo del control de armas en Argentina.