El Gobierno tiene la mirada puesta en la Marina Mercante, sector en el que quiso intervenir y desregular desde el inicio de la gestión. Si bien el gremio de los patrones y oficiales fluviales logró que se diera marcha atrás en algunas cuestiones, la administración de Javier Milei intentará nuevas medidas.

Política del Sur conversó sobre la situación actual de la Marina Mercante con Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, quien alertó: “Veo desde el inicio de este gobierno algunas medidas para desregular el sector”.

Y detalló: “Tuvimos que actuar desde el borrador de la Ley Bases con lo que se pretendía en su artículo número 2, que era la apertura de la ley federal de pesca, en beneficio de flotas extranjeras y trabajadores extranjeros. Lo que hacían es llevar a la aniquilación prácticamente inmediata del recurso de un caladero que es importantísimo en la Argentina y que le da sustento, no solamente al personal embarcado, sino a una gran cantidad de ciudades y trabajadores que se manejan alrededor del ámbito pesquero”. “Eso fue frenado, pero el Gobierno siguió avanzando y tuvimos el decreto 340/25, que fue frenado sobre la Ley de Cabotaje Nacional. Por acción de los gremios, conseguimos la derogación de ese decreto. Luego de haber manifestado y de haber hecho no menos de 80 reuniones con diputados y senadores de todos los partidos políticos”, agregó Moreno.

Por otro lado, destacó que “a través del ANPyN, con la disposición 41/25, hoy se está haciendo una entrega de permisos a buques de bandera extranjera para que hagan el cabotaje nacional de una manera indiscriminada y en total desacuerdo con el espíritu de la norma que permiten los waiver con una limitación. Se ha vulnerado esa limitación. Hay que sumarle el decreto 37/25, que eliminó la obligatoriedad del uso de serenos en buques y el uso de baqueanos y conocimiento de zonas. Profesionales que además de tener el título náutico, tienen un título en el cual certifican conocer exhaustivamente el río”.

“Nosotros tenemos algunas pruebas de lo que significan las propuestas de reforma del gobierno. En el caso nuestro han redundado en menos fuentes de trabajo, precarización de la vida a bordo, precarización de la seguridad de la navegación. No son buenas experiencias las que hemos tenido”, dijo. Y aclaró: “Si analizamos el costo general del buque, un buque extranjero es mucho más barato. Entre esas cosas, porque tiene una carga impositiva totalmente diferente y menos opresiva que la nacional”.

“La Argentina privilegia al buque extranjero por el argentino, con un montón de impuestos. Además ese buque no tributa en la Argentina, tributa en el extranjero y a un costo mucho menor. En cambio, el buque argentino tributa. Además, tiene ciertas cuestiones normativas más económicas o más sencillas para cumplir que los buques de bandera argentina, que son cuestiones que también impone el Estado Nacional”, remarcó Moreno.

Por otro lado, se refirió al comunicado emitido por el capitán Julio González Infrán, sobre la obra social de los capitanes: “Lo que emitió el capitán Infrán es cierto. Con respecto al funcionamiento de la obra social, desde hace casi dos años a la fecha -con el advenimiento del nuevo gobierno-, se tomaron distintas medidas desde el Poder Ejecutivo. La resolución 1/25 de la Superintendencia de Servicio de Salud, modificó de plano el sistema que se venía sosteniendo hace más de 25 años”. 

Y señaló que “más de 55.000 socios pertenecientes al Centro de Patrones pasaron a una prepaga". "Nosotros hemos hecho presentaciones, recursos de amparo ante la justicia, que todavía están yendo de un juzgado al otro y nadie se decide a agarrarlo y tratarlo. Ya el daño está hecho. Desde el inicio de esta gestión no se ha recibido un solo peso de los reintegros que la Superintendencia está obligada a dar. Un 15% de los aportes de cada trabajador al sistema de salud, va a un fondo solidario que lo maneja la Superintendencia de Salud. De ese fondo sale dinero para la financiación de aquellas prestaciones de alto costo”, amplió.

En esa línea, sostuvo: “Tenemos que cuidar los recursos propios, del fondo solidario de obras sociales, más de la mitad se hacía cargo de la obra social. Y una parte de esta explotación de alto costo, las cubría un seguro o un fondo que era generado por los propios trabajadores. No es que el Estado saca de una caja propia y la pone acá. Es plata de los trabajadores que hace casi 2 años la maneja unilateralmente la Superintendencia y no hay respuesta por estos casos, más la lluvia de amparos que hay”.

“Mientras tanto, nuestros ingresos aumentan acorde al salario, que hoy está atado por paritarias que tienen un techo, por debajo de la inflación. Y sin embargo, los costos médicos, han fluctuado entre un 351% y un 700%. No ha habido un incremento de nuestros ingresos en la misma relación. La estructura financiera de las obras sociales y la nuestra no escapa a esa lógica, se están debilitando”, acusó finalmente.

Por último, mencionó que la salida de esos 55.000 socios de la obra social generó una deuda más grande de la que ya existía, y que si bien intentan pagar de a poco, los recursos se han reducido significativamente.