El conflicto judicial, iniciado por el abogado Sandro Silva ante el Juzgado Civil y Comercial N°2 de Morón, tiene su origen en la venta de un inmueble en Hurlingham, operación en la que el gremio local entregó un “documento de pago” que nunca fue cancelado. Tras años de litigio, la sentencia resultó favorable al demandante, pero la situación se agravó cuando la Vieja Federación no contestó la demanda ni presentó defensa, quedando en rebeldía judicial.

Embargos y propiedades “esfumadas”

La jueza Mónica Liliana Preisz, a cargo del expediente, ya avanzó con el pedido de embargo de cuentas y bienes de la Federación. Sin embargo, lo más escandaloso es que las propiedades que debían ser embargadas simplemente ya no están a nombre de la entidad.

Entre los bienes que “se evaporaron” figuran el hotel sindical de Mar del Plata, ubicado en Corrientes 2055 y adquirido en los tiempos del histórico fundador Gerónimo Izetta, el hotel de La Serranita en Córdoba, la sede de Avellaneda (Vélez Sarsfield 56), la antigua casa de Mitre 107 en el mismo distrito y el hogar para familiares de trabajadores internados en hospitales de La Plata, también el Hotel Gerómino Izzetta de Chascomus.

Todo ese patrimonio, construido durante décadas con los aportes de los trabajadores municipales, hoy no aparece en los registros oficiales.

Sospechas sobre las conducciones pasadas y actuales

La desaparición de los bienes generó una catarata de sospechas sobre maniobras de ocultamiento o transferencias irregulares.

En el centro de la tormenta se encuentran Oscar Ruggiero, histórico dirigente y exsecretario general; el fallecido Humberto Bertinat; el actual titular Walter Leonardi (de Tigre) y el responsable de Finanzas, Juan Maury (de Arrecifes).

La Justicia busca determinar en qué período se realizaron los movimientos patrimoniales y a nombre de quién o de qué entidades fueron transferidos los bienes.

Ninguna asamblea o congreso gremial habría aprobado formalmente la venta de esas propiedades, lo que abre la puerta a posibles delitos de administración fraudulenta.

Desde distintos sindicatos de base surgieron reclamos contundentes: “Queremos saber quién se quedó con las propiedades que pertenecen a todos los trabajadores municipales. Nadie votó su venta ni su traspaso”, cuestionaron desde varias organizaciones afiliadas.

El efecto dominó: gremios locales al borde del colapso

El conflicto también amenaza con asfixiar financieramente a decenas de gremios municipales que dependen de los códigos de descuento administrados por la Federación. Si las cuentas son embargadas, la mitad de las organizaciones de base —especialmente aquellas sin personería gremial completa— se quedarán sin recursos para funcionar.

Esto implica que sueldos, alquileres, aportes y servicios gremiales podrían quedar paralizados mientras dure la ejecución judicial. Una situación que deja al descubierto la total falta de previsión, transparencia y control interno en la conducción de la Federación.

Una institución en ruinas

Con su patrimonio desaparecido, sus cuentas al borde del embargo y una condena judicial millonaria, la vieja Federación de Municipales Bonaerenses enfrenta una crisis sin precedentes. Las denuncias internas crecen y la Justicia avanza en busca de respuestas sobre quiénes fueron responsables del vaciamiento de una institución que alguna vez fue símbolo de la organización sindical municipal.

Mientras tanto, la pregunta resuena entre los afiliados: ¿Dónde están los bienes que durante décadas pertenecieron a los empleados municipales?