Por: Diego Lanese

El contundente e inesperado triunfo del oficialismo en las elecciones nacionales del último domingo dejaron muchos interrogantes en los sectores opositores. La levantada en la provincia de Buenos Aires, donde menos de dos meses atrás el gobernador Axel Kicillof encabezó junto a los intendentes construyó un triunfo inapelable, parece ser la gran explicación de la victoria libertaria, que le da cuerpo a una segunda mitad de gestión menos compleja que la que se esperaba.

En este contexto, todos los análisis coinciden que a partir de este nuevo Congreso la Casa Rosada avanzará en sus tres grandes reformas: laboral, previsional e impositiva. La primera fue transparentada por el secretario de Trabajo Julio Cordero en su presentación ante la Comisión de Presupuesto, en el marco del debate por el presupuesto 2026.

Las primeras reacciones de la dirigencia sindical ante este contexto son de alarma, ya que entienden que los legisladores y el clima que genera este resultado alentarán al gobierno a avanzar con los cambios planteados, que incluye un nuevo techo en los ingresos a partir de los llamados “salarios dinámicos”, flexibilización de las condiciones de contratación y otras medidas.

El presidente Milei consiguió su anhelado triunfo en las elecciones legislativas con un resultado mucho mejor del que esperaba. El sorpresivo giro que logró dar en la provincia de Buenos Aires y las victorias en distritos como Córdoba y Santa Fe fueron clave para inclinar la balanza a su favor y, sobre todo, para robustecer a La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, donde seguirá necesitando acuerdos pero los buscará, ahora, fortalecido frente a varios gobernadores de peso.

La reforma laboral del gobierno busca dar impulso al crecimiento de las pymes, mediante un marco normativo más flexible y adaptado a las necesidades del sector productivo, así como la recomposición del vínculo entre trabajadores y empleadores, promoviendo la creación de empleo genuino y estable.

El marco jurídico laboral que se impulsa será “claro, simple y predecible, para dejar de ser un obstáculo para la contratación y que se convierta en una herramienta de desarrollo”, según dicen los voceros de la Casa Rosada. Una de las principales modificaciones legales que se impulsan es la revisión y actualización de los convenios colectivos de trabajo, fomentando nuevas negociaciones entre cámaras empresarias y sindicatos para adecuarlos a la realidad económica actual.

Reforma laboral y reforma tributaria: la nueva etapa de la Argentina que viene.

Fin. pic.twitter.com/6fytmY4d1Z

— Manuel Adorni (@madorni) October 22, 2025

Al respecto de este tema, Cordero explicó en el Congreso que el valor fijado en los convenios sirva como punto de referencia general, aunque habilitando a regiones o empresas a negociar condiciones diferentes, siempre en línea con las posibilidades del entorno. Además, se expresó a favor de los convenios por empresa. Esto también es rechazado por los sindicatos.

“Evidentemente lo que persigue el gobierno es la eliminación de la discusión centralizada, y llevarnos a una discusión por empresas”, sostuvo Héctor Amichetti, titular de la Federación Gráfica Bonaerense. En diálogo con Política del Sur, el dirigente recalcó que esta estrategia implica que “los empresas fijen el salario que quieren pagar”.  Este tipo de cuestiones no parece una novedosa, dijo el referente de la Corriente Federal de los Trabajadores.

“Los llamados salarios dinámicos que planteó Cordero no son nada nuevo, porque en la práctica lo vienen llevando adelante, con la imposición de no homologar acuerdos por encima del 1 por ciento, por ejemplo”, insistió. Como ejemplo, Amichetti puso de ejemplo el caso de su gremio, cuyo acuerdo “superaba ampliamente” los parámetros oficiales, “nos ponían como justificación que algunas empresas no estaban de acuerdo con lo firmado y no lo podían pagar, por eso decimos que ya venía pasado”. 

Para Amichetti, es clave el resultado electoral, para saber “qué fuerza tendrán para imponer estas cuestiones, o si se impone la realidad, que las discusiones se den en base a las cifras de inflación que el propio gobierno da, no se pueden dar aumentos por debajo del 2 por ciento hoy en día”. Si se sostiene esto, recalcó el dirigente, “se verá mucha conflictividad”.

La propuesta ha generado una fuerte reacción de sindicatos y organizaciones gremiales, que anticiparon oposición a reformas que consideren regresivas o que afecten derechos adquiridos. Un informe técnico que circula entre dirigentes de la CGT, fundamenta este rechazo sobre antecedentes de organismos como la OIT, OCDE, CEPAL y Banco Mundial, junto a datos del INDEC.

El documento, al que tuvo acceso Política del Sur, advierte que la flexibilización de contrataciones y despidos “no genera empleo neto en economías estancadas, sino que sustituye puestos estables por precarios, aumentando informalidad y desigualdad”.

El informe también critica la descentralización de paritarias, que debilita el poder de negociación y reduce salarios reales, incrementando desigualdades. Asimismo, señala que recortes en cargas sociales generan déficits previsionales. Sobre los fondos de cese, sostiene que no resuelven la litigiosidad laboral y desplazan responsabilidad al trabajador, cuestionando la protección del crédito laboral.

En cuanto a la reducción de la jornada laboral, el informe reconoce beneficios potenciales en productividad con rediseño organizacional, pero advierte sobre riesgos de horas extras no registradas en sectores hora-dependientes.

🔵 LA POBREZA NO ES UN FENÓMENO NATURAL POR ESO EXISTE EL SALARIO Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO Y LA JUSTICIA SOCIAL pic.twitter.com/kbKZYQUJMS

— CGT (@cgtoficialok) October 22, 2025

A nivel macro, destaca que la pérdida de poder adquisitivo reduce la demanda interna, principal motor del consumo en Argentina, y compromete la productividad agregada, amplificando desigualdad y riesgos fiscales. La propuesta de reforma laboral del gobierno, dado que despierta esta oposición de los sindicatos, deberá apoyarse en la nueva fuerza del Gobierno en el Congreso, pero también necesitará acuerdo político.

Por su parte, Rodolfo Aguiar señaló  luego de las elecciones “tenemos que seguir resistiendo en la calle. A los trabajadores, los jubilados y los sectores populares no nos cambia nada esta elección. No hay consenso para seguir con el programa de ajuste. Nos negamos a ser gobernados desde Estados Unidos por Trump”.

“El entramado social está deteriorado y el sistema productivo destruido. Tenemos que seguir convocando a la más amplia unidad de acción y rechazar cualquier tipo de reforma laboral, previsional o tributaria regresiva que se quieran implementar. El resultado electoral no se traduce en consenso para quitar derechos y aumentar los niveles de explotación de los trabajadores”, señaló.

Cabe destacar que mientras que La Libertad Avanza obtuvo 8,8 millones de votos en las elecciones legislativas, se registraron más de 12 millones de ausentes del total del padrón electoral. “Sigue en riesgo nuestra soberanía. Tenemos que seguir defendiendo nuestros bienes comunes y evitar que nos conviertan en una colonia”, concluyó el dirigente estatal.