martes 21 de octubre de 2025 - Edición Nº2512

Gremiales | 22 oct 2025

SALUD EN CRISIS

Gremios sanitarios insisten que “es mentiroso” la suba del presupuesto para salud

Las entidades volvieron a desmentir al gobierno, que anunció mejoras en las partidas para el sector, y afirmaron que en términos nominales la baja es cercana al 30 por ciento. Además, alertaron sobre la sub-ejecución de este año, que en algunos casos supera la mitad de los recursos. “Son ajustes efectivos”, se quejaron.


Por: Diego Lanese

El debate por el proyecto de presupuesto 2026 avanza en el gobierno, atravesado por las tensiones propias del proceso electoral. La salida de José Luis Espert de la comisión encargada de guiar el debate generó cambios en la dinámica, y las últimas novedades marcan que se avanzan en algunos acuerdos con bloques aliados al oficialismo, pero todo muy lentamente.

El peronismo está decidido a dejar el tema para el nuevo Congreso, con una composición más cercana a la realidad política actual. En este contexto, los anuncios de mejoras en las partidas de salud y educación no tuvieron el efecto deseado: No sólo no generó expectativa, sino que distintos sectores salieron al cruce de los números, y los desmintieron.

En el caso del sistema sanitario, los gremios del sector alertaron que los recursos destinados a los programas de asistencia, entre ellos algunos claves como la entrega de medicamentos, “son escasos”, y de forma nominal no hay mejora sino “ajustes efectivos”.

A esto se le suma la sub-ejecución de las partidas este año, que en algunas dependencias supera el 50 por cuento, un dato clave para entender el malestar generalizado. La reglamentación a medias de la Ley de Emergencia Pediátrica sumó más tensión, y esta semana habrá protestas contra la política de salud del gobierno libertario.  

En medio del debate por el presupuesto para el año que viene, que busca actualizar las partidas luego de dos años sin acuerdo, los gremios de la salud salieron a denunciar que los datos difundidos por el gobierno “son mentirosos”, ya que no sólo no hay una mejora sino que hay un nuevo ajuste.

Al respecto, Guillermo Pacagnini, referente de la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS), subrayó que “la realidad es que el presupuesto que se mandó al Congreso, algo que está en veremos por el poco ‘gas’ que tiene el gobierno en materia política, tiene un aumento de 7 por ciento respecto al 2025 y un 5 por ciento por encima de la inflación, que con los recortes y la sub-ejecución es mentiroso, incluso si se lo toma nominalmente”.

“Son ajuste efectivos,  si uno mira la tendencia inflacionaria y su proyección que ya supera el 30 por ciento también es mentiroso el presupuesto que se manda”, insistió en diálogo con Política del Sur el dirigente del gremio médico bonaerense CICOP. Por eso, se calcula que en promedio esta realidad de ajuste por la sub-ejecución y el ajuste podría alcanzar “la mida de las partidas”. Así, Pacagnini hizo referencia a los dichos del propio presidente Javier Milei, que en cadena nacional anunció aumentos en las partidas de salud, y que las entidades rechazan.

En este contexto, uno de los problemas que tiene el sector es que al ajuste hay que sumarle la sub-ejecución de los recursos ya destinados, en el marco de la prórroga de los dos  proyectos presupuestarios del 2024 y 2025, ante la falta de acuerdo para su aprobación.

En este sentido, un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ubica la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) en “una caída real del gasto total del orden del 31 por ciento respecto a 2023, reflejando un ajuste significativo en áreas sensibles”.

En salud, el trabajo del CEPA al que tuvo acceso Política del Sur establece que “se confirma un panorama de reducciones generalizadas en el sector sin excepciones”. En el detalle, se establece que la Superintendencia de Servicios de Salud, con una sub-ejecución del 70 por ciento es la más afectada, seguida por el Instituto Nacional del Cáncer (-58 por ciento).

La Agencia Nacional de Discapacidad, “en el centro de las denuncias de corrupción, sufre un recorte en su ejecución de 18 por ciento, mientras que un conjunto de hospitales nacionales sufre caídas de entre el 30 y 38 por ciento”. El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, el cual el gobierno anunció su intención de cerrarlo, “sufre un ajuste de 37 por ciento interanual”. Se suman a los recortes el Instituto Malbrán (-22 por ciento) y la ANMAT (-28 por ciento), agencia reguladora de los medicamentos. “Es difícil saber qué se ejecuto y qué no, porque estamos sin presupuesto designado, estamos por batir un record si no se logra aprobar el proyecto 2026”, recalcó al respecto Pacagnini.

En el Hospital Garrahan hay 300 profesionales menos por el ajuste que está realizando el gobierno nacional en el presupuesto de salud, el Bonaparte estuvo al borde del cierre y hubo despidos masivos, y el Instituto Nacional del Cáncer quedó resumido a su mínima expresión”, ejemplificó Pacagnini sobre el impacto de estas dos situaciones. Además, recordó que otro plano del achicamiento es el de los programas nacionales, como de atención del HIV o consumos problemáticos, “los cuales fueron reducidos entre un 25 y 45 por ciento de su capacidad operativa”. 

Todo esto generó “unos 1.500 despidos sólo del sistema sanitario nacional”. Respecto al plan de lucha que se mantiene en el Garrahan, Pacagnini remarcó que “la coordinación de sindicatos de salud, junto a otras organizaciones y familiares del hospital, vamos a ser parte de esta caravana, para seguir exteriorizando la necesidad de que se cumplan las leyes que el Congreso votó, antes de llenarse la boca de aumentos presupuestarios”.

Ante esta situación, la decisión de reglamentar la Ley de Emergencia Pediátrica pero suspender su aplicación genera más malestar. Junto a la leyes de Financiamiento Universitario (Ley 27795), esta norma (Ley 27796) quedará en un limbo hasta que el Congreso de la Nación “delimite el financiamiento e incluya las partidas en el Presupuesto Nacional”, según anunciaron en el decreto publicado en el Boletín Oficial. A través de dos decretos, el 759/2025 y el 760/2025, el Poder Ejecutivo pospuso la aplicación de ambas legislaciones, ratificadas por la cámara de Diputados y de Senadores pese al veto del presidente Javier Milei, pero suspendida al argumentar el impacto fiscal que genera.

En la letra ambos decretos se establece que la promulgación tiene lugar “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629″, que detalla que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos”. "En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”, aclara.

Ante esto, trabajadores del Hospital Garrahan, agrupados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), realizaron un cacerolazo en la puerta de la institución en rechazo al anuncio de esta estrategia. “No podemos naturalizar el autoritarismo. El presidente anunció que no aplicará la Emergencia Pediátrica ‘por falta de fondos’ y eso es una provocación autoritaria. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto como pueblo? Hay que terminar con tanta crueldad y prepotencia”, indicó APyT desde un comunicado.

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