Por: Diego Lanese

Este lunes, el gobierno nacional debía reglamentar la Ley de Financiamiento Universitario, la norma impulsada por los gremios docentes, los rectores y las agrupaciones estudiantiles para garantizar los recursos para el normal funcionamiento de la educación superior,  que busca limitar el impacto del ajuste oficial sobre el sector.

La iniciativa fue ampliamente apoyada en el Congreso, que primero la aprobó y luego evitó el veto presidencial, por lo cual la gestión libertaria no tiene otra opción que promulgarla.

Pero el 20 de este mes era el límite legal para esto, a través de la reglamentación, pero esto no se concretó. La estrategia de la Casa Rosada es limitar el impacto de esta y otras leyes –como la de Emergencia Pediátrica –a través de una promulgación parcial, lo que es visto por diversos sectores como un intento de anular la normativa.

Por eso, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que reúne a gremios de docentes y nodocentes, anunció medidas. Los integrantes del espacio adelantaron que harán medidas como paros y acciones de visibilización en todo el país, además de recurrir a la justicia y denunciar al presidente Javier Milei por no poner en marcha la flamante ley.

La expectativa crece porque el plazo para reglamentar la norma llegó a su fin, y las versiones que circulan hablan de la aplicación de este modelo libertario: limitar su plena vigencia.

“El viernes pasado se suponía que iba a estar el decreto, pero fueron solo rumores”, recalcó Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN), respecto de los plazos.

El gremio adelantó que irá a la justicia y denunciará al presidente Milei por “incumplimiento de los de deberes de funcionario público” si no se cumple la reglamentación como corresponde.

En cambio, si se avanza con este paso, pero se limita “podríamos ir al paro”, según lo confirmó Ricci a Política del Sur. La idea es parte de las discusiones del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que impulsó junto a rectores y estudiantes la ley.

Para concretar  las medidas, adelantó Ricci, esta semana “los gremios nos vamos a reunir con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para definir las medidas que vamos a lanzar, ya sea por si no se reglamenta la ley o si se hace de forma limitada”. El dirigente sostuvo que en este escenario “probablemente convoquemos a un paro nacional”.

#FinanciamientoUniversitario
🔵Plenario de #CONADU resuelve paro de 24 horas y jornada nacional de protesta y visibilización del conflicto universitario.

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— CONADU (@PrensaCONADU) October 17, 2025

Respecto a las posibles denuncias penales, Ricci dijo en la semana que “no hay ningún argumento para que el presidente pueda desconocer la ley y que de hacerlo, estaría incumpliendo con sus deberes de funcionario público y faltando a la democracia”.

Los rectores del país hicieron un pedido formal en su sesión ordinaria de su Consejo Superior, donde se confirmó una acción de amparo colectiva, ante la eventualidad de que el Poder Ejecutivo “objete su implementación aduciendo la imposibilidad de cumplir con sus alcances”.

Ante las expectativas de la reglamentación, y su impacto, los trabajadores del sector adelantan su postura, y dejan claro que defenderán la ley. Esto quedó claro en el reciente plenario de secretarios generales de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), donde se ratificó el “estado de alerta y movilización” de los nodocentes, ante la falta de certezas sobre la puesta en funcionamiento de la norma.

La organización sindical que conduce Walter Merkis fue clara, y adelantó que ante cualquier maniobra contra la ley “llevará adelante un paro nacional en octubre”.

Entre los principales motivos que impulsaron las resoluciones aprobadas, FATUN destacó “la persistente falta de aplicación de la ley que garantiza mayores recursos para las universidades y la ausencia de respuestas favorables en las negociaciones paritarias, que buscan revertir la progresiva pérdida de poder adquisitivo de los salarios”.

Por su parte, el gremio CONADU resolvió realizar una jornada nacional de protesta hoy martes 21 y mañana miércoles 22 de octubre, con paro de 24 horas a partir del día posterior al vencimiento de los plazos legales, y visibilización del conflicto durante toda la semana próxima.

“La situación en las universidades es sumamente grave. A los salarios de pobreza se agrega la sobrecarga laboral y el desarme de cargos exclusivos que aumenta los cargos simples en una clara precarización de la tarea docente. En paralelo, sabemos que es muy probable que el Gobierno suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, como ya hizo con la emergencia en discapacidad.

En este contexto, y por la falta de diálogo que desconoce a las paritarias del sector, tenemos que fortalecer la organización y los planes de lucha para poder enfrentar el desguace del sistema universitario y científico que sostienen Milei y sus secuaces”, señaló Carlos De Feo, secretario general de CONADU.

El plenario resaltó que “el ataque del Gobierno se centra también en el modelo sindical a través de la negación de las paritarias universitarias desde hace un año”.

::Paro de 48 h, 21 y 22 de octubre, por la aplicación plena y efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario::
La docencia universitaria continúa en lucha, reclamando la convocatoria a paritarias y la inmediata implementación de la mencionada ley. pic.twitter.com/6e33sS3Es6

— CONADU Histórica (@CONADUHistorica) October 20, 2025

Por último, otro de los gremios docentes ya confirmó que realizará un paro nacional, más allá del resultado final de la discusión. Se trata de la CONADU Histórica, cuyo plenario confirmó una medida de fuerza para el martes y miércoles que viene, cuando se haya definido el futuro de la ley, considerado “un gran triunfo de la docencia, el sector nodocente y el estudiantado, un logro de toda la comunidad universitaria y el pueblo argentino, que representó un rotundo golpe a los planes ajustadores del gobierno”. “Entre otros temas como presupuesto de funcionamiento y becas, la ley incluye la actualización salarial mediante paritarias o en su defecto, ante la falta de acuerdo, con una actualización no inferior a la inflación del período. La ley incluyó el origen de los fondos necesarios para su implementación”, recordaron.

“La docencia universitaria continúa en lucha, reclamando la convocatoria a paritarias y la inmediata implementación de la mencionada ley, en un marco de deterioro salario enorme”, concluyó el gremio.