Por: Diego Lanese

En la primera presentación de los datos del presupuesto 2026, que hizo el presidente Javier Milei en cadena nacional, se anunció una mejora de los recursos para sectores claves, como salud y educación.

Pese al entusiasmo mostrado por el oficialismo, los trabajadores de ambos sistemas desmintieron las afirmaciones, y dijeron que los números “son un dibujo”.

Esta semana, con el salvataje acordado con el gobierno de Estados Unidos como telón de fondo, el proyecto presupuestario comenzó a ser debatido, y las voces que coinciden con esa primera mirada se multiplican.

Las distintas comisiones comenzaron a diseccionar los datos de la proyección de gastos, y los cuestionamientos se aparecen en ´primera escena. Los docentes tomaron la posta de esta realidad, con el paro protagonizado ayer martes, que denunció una serie de recortes en distintos ítems que bajan los recursos para el sector. Lo mismo hicieron los gremios de Vialidad nacional, una de las dependencias que la gestión libertaria quiso cerrar, pero cómo no pudo decidió profundizar el desfinanciamiento, como denunciaron esta semana sus trabajadores.

Esta estrategia parece generalizarse para leyes que obligan a desmantelar la motosierra, como la de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, que sigue en un “limbo”, ya que la falta de recursos esencialmente las paraliza.

El análisis del presupuesto comienza esta semana en el congreso, y cada vez más sectores ponen la lupa en la motosierra, que sigue encendida, ajustando áreas claves.

Además, en los datos no hay certeza que se puedan cumplir leyes importantes que intentan esquivarla. Además de los ejemplos de salud y educación, hay alarma por otros rubros especialmente afectados.

La Dirección Nacional de Vialidad, por ejemplo, que intentó ser cerrada y fusionada pero que se logró evitarlo, está en la mira. Según se pudo saber de los primeros análisis del proyecto de presupuesto para el año que viene, la entidad tiene fondos por 659.876 millones, lo que implica apenas un incremento del 1,34 por ciento respecto de la ejecución vigente.

Esto es considerado “insuficiente” respecto de los reclamos de obras de mantenimiento, más teniendo en cuenta que hace dos años que no hay presupuesto actualizado. “Salvamos la disolución de Vialidad Nacional pero el vaciamiento continúa”, admitió Fabián Cattanzaro, secretario Gremial y de Prensa de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA).

En diálogo con Política del Sur, el referente confirmó que “el proyecto de presupuesto 2026 tiene recursos que representan entre un 70 y un 75 por ciento en términos reales por debajo de las necesidades del organismo”. Ya en 2023 los montos destinados a Vialidad Nacional “eran bajos”, según vienen denunciando los gremios.

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— FePeViNa Prensa (@fepevinaprensa) October 3, 2025

Además de esto, hay alerta por la sub-ejecución de los montos actuales, que derivan especialmente de los fondos específicos recaudados por el impuesto a los combustibles, destinados al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), y que alcanza según los cálculos a los 475 mil millones de pesos.

Tanto por lo que dejan los dos años sin presupuesto, como por el análisis de los fondos proyectados para el año que viene, “es bastante malo el panorama”, según dijo Cattanzaro, fundamentalmente porque los recursos para hacer obras “son ínfimos y la proyección muy baja”. En este contexto, hay una serie de maniobras dentro de la iniciativa del oficialismo que FEPEVINA detectó: “Se han incluido una serie de obras en el proyecto que están para el cierre administrativo, porque presupuestariamente no está mal que se haga, pero que hace años fueron terminadas”.

Además de la imposibilidad de hacer obras, y revertir el mal estado de las rutas argentina –que la entidad  ubica por encima del 60 por ciento según sus reportes –se suma la preocupación por la cuestión salarial. Según Cattanzaro, “ya hace más de un año tenemos los sueldos congelados, y en las previsiones del presupuesto del año que viene hay una reiteración de lo que llamamos inciso 1 con el mismo monto, que tiene una única interpretación: sigue el congelamiento salarial”. “En panorama es bastante complejo, vamos a trabajar para poder declarar la emergencia vial que nos dote de recursos y poder salir a hacer nuestro trabajo, pero cada día es un nuevo escenario”, según marcó el dirigente.

En tanto, en el sector educativo los recortes en el presupuesto 2026 motivaron el paro de esta semana en todos los niveles. Desde CTERA difundieron un reporte, al que tuvo acceso Política del Sur, para darle dimensión al recorte. Según el trabajo del Instituto Marina Vilte del gremio docente, “la disminución en términos reales del presupuesto con respecto al año 2023 llega a casi todos los programas de la Secretaría de Educación de la Nación; esto se observa en Infraestructura y Equipamiento (-84,4 por ciento), Becas a Estudiantes (-77,4 por ciento), Acciones para la Formación Docente (-71,2 por ciento), INET – Instituto Nacional de Educación Tecnológica (-84,5 por ciento)”.

También desaparecen los programas FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente, conquistado con la histórica lucha de la Carpa Blanca), Mejoramiento de la Calidad Educativa, Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones y Fortalecimiento de Jardines Infantiles.

El “Conectar Igualdad” tiene un 90 por ciento menos de recursos en términos reales que en 2023. El presupuesto para Comedores Escolares, incluido como una “actividad” dentro del programa “Gestión Educativa y Políticas Sociales”, disminuye un 10,6 por ciento en términos reales, también con respecto a 2023.

La CTERA, en este escenario, exige al Congreso de la Nación una nueva Ley de Financiamiento Educativo que incremente el presupuesto educativo del 6 al 8 por ciento del PBI para garantizar el funcionamiento de la Paritaria Nacional Docente, entre otras cuestiones.

En otro informe, en este caso del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), el proyecto prevé para 2026 “números fiscales muy similares a los que se esperan para 2025”. “Con supuestos macroeconómicos muy optimistas se proyectan pequeñas subas tanto de ingresos como de egresos, sin contemplar reformas fiscales importantes”, resumieron.

El proyecto del oficialismo, plantea que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025 será del 10,1 por ciento, menos de la mitad de lo que pronostica para este (24,5 por ciento) y que va a línea con el discurso de Milei de que a mediados del año -agosto- habrá desaparecido.

“Si suponemos que la inflación del 10,1 por ciento anual a diciembre de 2026 se logra con una evolución “suavizada” en el tiempo, debería ocurrir que el índice de precios al consumidor pase de subir un 1,9 por ciento en agosto a un 1,2 por ciento en septiembre de 2025 y que, a partir de allí, se consolide un sendero descendente para el aumento mensual de precios“, destacaron en el informe.

En esa línea, para IERAL, la proyección del gobierno respecto a la evolución de la inflación resulta excesivamente optimista sobre todo si se tiene en cuenta que los últimos meses no bajó de 1,6 por ciento mensual.