El exfutbolista Junior Benítez, condenado en abril pasado a cinco años de prisión por agredir a la familia de su expareja, afrontará ahora un segundo juicio oral. En este caso, será juzgado por la "instigación al suicidio" de Anabelia Ayala, su ex pareja, quien se quitó la vida en diciembre de 2023.
En diálogo con el programa radial Política del Sur, Juan Carlos Ayala, el padre de la víctima, contó que apeló la elevación a juicio a través de un recurso presentado por su abogado, Rodrigo Tripolone, para que la carátula sea modificada y que el ex jugador de Boca Juniors y Lanús, entre otros equipos, sea procesado por "homicidio agravado por el vínculo", es decir, femicidio.
"Tenemos todas las pruebas para demostrar que fue un femicidio", explicó el hombre, quien se encuentra a la espera de la resolución del juez que interviene en la causa.
De acuerdo a la investigación, entre 2018 y 2023 Benítez habría golpeado reiteradamente a la víctima, además de someterla a amenazas de muerte, intimidaciones y daños a bienes personales y familiares.
También habría mantenido un control constante sobre Ayala, accediendo a sus redes sociales y dispositivos electrónicos, llegando incluso a hacerse pasar por ella para vigilarla.
Para la Justicia, pese a las medidas de restricción vigentes, el exjugador continuó hostigando a la mujer y a su entorno. Ese comportamiento, según la acusación, fue determinante en el desenlace fatal.

Todo terminó en la fatídica noche del 1º de enero de 2024. Mientras la familia brindaba por el Año Nuevo, Anabelia se encerró en su habitación y se quitó la vida. A un costado, estaba su computadora con una videollamada finalizada con Benítez. Esa escena se sumó a un audio de una prima del ex Boca y Lanús, quien contó que él vio cómo Anabelia se sucidaba y que no le avisó a nadie.
La tragedia profundizó las acusaciones de la familia, que ya había denunciado al futbolista anteriormente por violencia, exhibiciones de armas y amenazas.
La situación judicial de Benítez se agrava por sus antecedentes: en abril de 2024 fue condenado a cinco años de prisión por coacción agravada, amenazas, daño, desobediencia y tenencia ilegal de un arma de fuego. Esa condena, sumada a las pruebas recolectadas, refuerza la acusación de una violencia sistemática que desembocó en el trágico final de Ayala.