El próximo jueves 2 de octubre, los trabajadores de Uber, DiDi y Cabify realizará un apagón masivo contra las apps de transporte para reclamar mejoras laborales, mayor seguridad y mejora de tarifas. Esta desconexión será desde las 10 y hasta las 14 en todo el territorio nacional.

Política del Sur conversó al respecto con Pablo León, presidente de la Agrupación Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACAURA), quien dio más detalles sobre el reclamo.

“Las tarifas están muy bajas, Uber tiene tarifa mínima de $2.500, $2.400 por viajes de hasta 5 kilómetros, más ir a buscar al pasajero, y que después en distancias más largas se hacen $300, $400 el kilómetro. Es imposible con esos valores mantener los costos operativos de los vehículos”, señaló.

En esa línea, comentó que además está "el tema de la seguridad", ya que se registraron asaltos violentos en las últimas semanas a choferes en distintas zonas del conurbano, y la cuestión de la relación laboral, debido a que los conductores están "totalmente desprotegidos”.

En ese sentido, cuestionó: “No hay gente de ellos acá. Tienen oficinas en CABA, pero son oficinas tercerizadas, son call centers. Hemos ido a las oficinas de DiDi. Están los logos, todo de DiDi, pero es una empresa tercerizada que solamente recibe los reclamos y los pasa a las aplicaciones y las aplicaciones resuelven los problemas. No hay representantes ni gente de ellos en esas oficinas”. “Si bien esto es virtual, hay gente de carne y hueso que pone millones de pesos en capital en la calle. Con todos los riesgos que eso infiere para poder llevar adelante esas actividades. Somos trabajadores, en definitiva, de estas empresas”, apuntó.

En relación a esto, advirtió que “las empresas, al no haber una regulación de la actividad, manejan unilateralmente todo". "Por ejemplo, los filtros de ingreso van bajando cada vez más. Hoy entra un coche de 2002, 2004, 2006. Si no hay un control, esto se desmadra y no nos conviene ni a nosotros ni tampoco beneficia a los taxis ni a los remises. Si esto tuviera un marco regulatorio, sería beneficioso para todos, en realidad”, detalló.

Pablo también señaló que hay diferentes proyectos para regular la actividad que podrían tratarse en el Congreso el próximo año. “Tiene que haber un marco para eso, no se puede trabajar de esta manera. Nosotros por necesidad propia, lo hacemos. Yo tengo monotributo, pago impuestos, pero lo hago por mi propia iniciativa, no porque las empresas me lo pidan”, sostuvo.

Sobre la medida de fuerza, manifestó: “Esto no les va a afectar económicamente a ellos. El tema es hacer ruido, que la gente sepa cómo es la situación, cómo se manejan las tarifas. Los Concejos Deliberantes se tienen que ocupar. Nosotros cubrimos una necesidad de una deficiencia en el transporte público que ya viene de hace muchos años. Por cada taxi y remis prácticamente hay 2 o 3 autos haciendo aplicaciones y por algo es”.

También consideró la posibilidad de que los gobiernos locales, “les exijan a las aplicaciones que utilicen un botón antipánico porque la situación se pone muy compleja". "Nosotros cumplimos ciertos requisitos, aparecen nuestro nombre y apellido, nuestra foto, el dominio del auto, color, la marca. En cambio, de los pasajeros no tenemos mayores datos. Todas esas cuestiones de seguridad se tienen que contemplar y es donde tiene que intervenir el estado, los municipios para exigirle a estas empresas ese tipo de medidas”, completó.

Por otro lado, advirtió que los fines de semana se realizan operativos de seguridad en los que los trabajadores corren el riesgo de que el vehículo sea secuestrado y reciban multas exorbitantes por no tener una habilitación para transporte de pasajeros. “No importa si tenés licencia profesional, la VTV, seguro para transporte de pasajeros. El tema es que piden la habilitación para transporte de pasajeros”, explicó.

“Es una actividad que está contemplada en el Código Civil, en los artículos 1280 y 1281. En el 2019 la Superintendencia de Seguros dispuso una regulación para los autos que hacen aplicaciones. Las legislaciones, los Concejos Deliberantes tienen que aggiornarse e ir acorde al avance de una sociedad”, remarcó.

Finalmente, planteó que “ellos no están registrados y por ende no tienen responsabilidad legal dentro del país". "El problema lo tenemos los que realizamos el trabajo”, lamentó.