sábado 27 de septiembre de 2025 - Edición Nº2488

Gremiales | 26 sep 2025

ANALISIS

La motosierra de Milei a todo o nada contra el Estado: Denuncian que desconoce leyes

El ajuste del gobierno libertario no frena, si en los sectores donde el Congreso aprobó normas que establecen que se deben garantizar los recursos y evitar la disolución o reestructuración. Además, avanzan las privatizaciones, como sucede en la actividad nuclear y en Cine.ar. La otra cara en la baja de las retenciones, que deja de recaudar fondos 10 veces mayores a los necesarios para la Emergencia Pediátrica o en discapacidad.


Por: Diego Lanese

Al filo de que se terminaran las facultades delegadas que le dio la Ley Bases, el Ministerio de Desregulación del Estado avanzó con una serie de medidas para reestructurar varias dependencias estatales, además de fusionar otras, bajo el argumento de “simplificar” la administración pública. Las iniciativas incluían el cierre de la Dirección de Vialidad Nacional, o el achicamiento de organismos como el INTA y el INTI.

La medida fue rechazada por los trabajadores y sus gremios, que avanzaron en reclamos para garantizar no sólo el funcionamiento de las entidades, sino la preservación de los puestos laborales. Para esto, recurrieron al Congreso, que dictó leyes en el marco de una nueva mayoría –donde los gobernadores tuvieron mucho protagonismo –que frenaron la motosierra del presidente Javier Milei. Pero este dique de contención parece no alcanzar.

Este jueves, un grupo de empresas estatales protestaron por el achicamiento que vienen sufriendo, como pasa en el INTI, donde son inminentes una serie de despidos.

Lo mismo pasa en otras dependencias supuestamente salvadas del desguace, que siguen bajo amenaza, como pasa en el INCAA, donde se repudió la privatización de Cine.ar. en medio de un clima de tensión, los estatales aseguran que el presidente “viola la ley”, y piden que se garantice el cumplimiento de las normativas.

La contracara son los billones que se dejan de recaudar por la baja de las retenciones, que servirían para garantizar 10 veces el cumplimiento de normas como la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia Pediátrica o la de discapacidad.

Pese a la imposición del Congreso, el gobierno de Milei sigue postergando las leyes que según su mirada “rompen el equilibrio fiscal”. Se trata de normas que salvan varias actividades de la motosierra. Que los deja con serias chances de sostenerse en el tiempo, como pasa con las universidades.

Además, arremete contra organismos que los legisladores ordenaron sostener, que sin embargo se quieren reestructurar, fusionar o directamente cerrar. “Pretenden centralizar el INTI y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros, para quitarles la autonomía económica”, denunciaron desde la Asamblea Multisectorial del organismo de industria, que ayer jueves realizó una protesta al respecto.

Los trabajadores aseguran que el salario se redujo más del 40 por ciento y que 37 personas quedarán sin trabajo en los próximos días. Estas entidades, como Vialidad Nacional, se iban a transformar, perdiendo su presupuesto propio y su autarquía. Pero el Congreso rechazó los decretos presidenciales, dando marcha atrás a esto. Pero estas denuncian muestran que la decisión es seguir con el plan desregulador y de achique.

Otra de las formas en que el gobierno desconoce el freno ala motosierra es insistiendo en la privatización de varias iniciativas estatales. Hace unos días se conoció que el INCAA busca pasar a manos privadas la plataforma Cine.ar Play, además de cerrar Cine.ar, decisiones atribuidas a la actual gestión nacional.

“Ambas pantallas son indispensables para ofrecer acceso público y gratuito a más de 3 mil títulos de la producción nacional, tanto de películas como series, que no serán posibles llegar a la población, más en un contexto de crisis económica como el que vivimos”, le dijo Ingrid Urrutia a Política del Sur.

Por esto, pidió “poner en valor” estas plataformas, y recalcó que “no se está ahorrando nada con su cierre”, por los datos que se exhibieron desde el gremio. Urrutia, titular de la Junta Interna de ATE en el INCAA, remarcó que los trabajadores del organismo “estamos denunciando las decisiones que se tomaron en los últimos días, que incluyen el cierre del canal Cine.ar TV y la privatización de la plataforma”. “El INCAA no puede prescindir de ningún trabajador o trabajadora. Exigimos un freno inmediato a la violencia institucional y a la extorsión sobre los compañeros de Cine.ar”, sostuvieron en el comunicado difundido.

En tanto, Urrutia llamó a la comunidad cinematográfica y de la cultura a “defender estas pantallas y al cine general, ya que con el vaciamiento enorme al que se sometió al INCAA, con 500 puestos de trabajo perdidos, continúa lo peor para la actividad”.

Por eso, desde ATE-INCAA pidieron la renuncia del titular de la entidad Carlos Pirovano. Los trabajadores advierten que el costo operativo anual de Cine.ar Play, Cine.ar TV y Cine.ar Estrenos asciende a unos 330 mil dólares, lo que representa apenas 0,9 por ciento del presupuesto del INCAA, que cuenta con ingresos de alrededor de 53 mil millones de pesos.

En este sentido, califican la medida como “irracional” y parte de un proceso de vaciamiento que ya incluye despidos, retiros voluntarios y tercerización de tareas, como en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Mientras la motosierra no se detiene ni ante las leyes, el modelo libertario utiliza millonarios recursos para sostener el tipo de cambio, clave para lo que puede ser el desempeño electoral de octubre.

Luego de una corrida frenada con venta de millones de dólares de reservas, el acuerdo con el tesoro de Estados Unidos y la baja de las retenciones trajeron dólares frescos al país, pero los recursos que se dejan de recaudar comparados con las leyes que el gobierno no quiere cumplir hacen difícil de defender la estrategia.

A través de su Centro CIFRA, la CTA de los Trabajadores difundió datos de los números de la baja momentánea de las retenciones, y las compara con leyes que se vienen reclamando por distintos sectores, como universitarios y gremios médicos.

Mediante el decreto 682/2025 dispuso “una alícuota del derecho de exportación en 0 por ciento hasta el 31 de octubre de 2025, inclusive, o hasta la finalización del día en que se alcance la suma de registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE)”, por un importe equivalente a 7 mil millones de dólares.

Lo que ocurra primero. La medida incluye a los principales complejos: soja, maíz, trigo, girasol y cebada. El remanente de exportación de 2025 “se ubica en aproximadamente 10.100 millones de dólares”, según el reporte, de ese total 6.900 millones de dólares corresponden al complejo sojero, 2 mil millones a maíz y el resto a trigo, girasol y cebada.

Según el trabajo de CIFRA, al que tuvo acceso Política del Sur, el costo fiscal en la recaudación de la reducción por 40 días de las retenciones “equivale al 0,24 por ciento del PBI, lo que resulta comparable con el impacto anual de la Ley de Emergencia Universitaria (0,23 por ciento) y la Ley de Emergencia en Discapacidad (0,25 por ciento)”.

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