El Hospital Garrahan atraviesa otra semana de tensión, pese a la aprobación de una ley que mejora la llegada de fondos. Mientras los gremios llevan adelante un paro de 48 horas en reclamo por mejores condiciones laborales y la plena aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica, se conoció una resolución interna del Consejo de Administración que dispone despidos y una “profunda reestructuración” de la planta jerárquica, lo que genera alarma en el personal.
La resolución 802/25, firmada el 24 de septiembre, ordena la supresión de múltiples coordinaciones y cargos de conducción intermedia, particularmente en áreas sensibles de la atención sanitaria. Entre los puntos más relevantes, se eliminan las coordinaciones de docencia en enfermería, cuidados ambulatorios, cuidados intermedios y moderados, cuidados intensivos, guardia general, además de jefaturas en quirófano y áreas administrativas vinculadas a suministros.
Si bien el texto oficial sostiene que las funciones de esas unidades “quedan subsumidas” en otras direcciones, lo cierto es que implica la desaparición de referentes históricos de enfermería y jefaturas con experiencia en la gestión diaria del hospital pediátrico más importante del país.
El decreto justifica los cambios en la necesidad de “garantizar el ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional”, en línea con los objetivos de austeridad que impulsa el gobierno de Javier Milei. No obstante, para los gremios, se trata de un “ajuste encubierto” que debilita la estructura sanitaria. Alejandro Lipcovich, secretario General de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Garrahan, advirtió: “Están desmantelando áreas críticas de enfermería y sobrecargando al personal. Esto no es eficiencia, es vaciamiento”.
El recorte de áreas también se produce en paralelo a un frente de conflicto abierto en el plano comunicacional. La designación de María Candelaria Perelli, ex PAMI y vinculada a Santiago Caputo, como responsable de Comunicación Digital del hospital, generó fuertes cuestionamientos. Según denunciaron trabajadores, desde su oficina se difundieron documentos en off que relativizaban la crisis del hospital y buscaban desacreditar los reclamos.
El anuncio de la reestructuración se conoció en medio de la protesta gremial. El gobierno había intentado contener el conflicto con un bono extraordinario de 350 a 450 mil pesos, que fue rechazado por los trabajadores por considerarlo insuficiente. Para los sindicatos, la única salida de fondo es la aplicación efectiva de la ley de Emergencia Pediátrica, vetada por el presidente Milei y actualmente en debate parlamentario.
El Garrahan, referencia nacional en pediatría, queda así en el centro de la disputa entre la política oficial de recorte presupuestario y la defensa de la salud pública. La resolución 802/25 cristaliza una orientación que, bajo el argumento de la eficiencia, reduce la estructura jerárquica en áreas críticas de atención y gestión. El desenlace del conflicto dependerá tanto de la negociación con los gremios como del comicios legislativos que, el próximo 2 de octubre, definirá el futuro de la ley de Emergencia Pediátrica.
El Gobierno nacional continúa sin reconocer la emergencia pediátrica a pesar de los evidentes números en rojo que enfrenta la institución médica para niños más importante del país, las reiteradas manifestaciones sociales en las calles, y la ratificación en el Congreso la semana pasada del rechazo al veto presidencial a las leyes que intentaban solucionar provisoriamente la problemática. Los médicos pediatras y técnicos del Garrahan se desayunaron esta semana que el Gobierno efectivizó en el Boletín Oficial la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad, pero suspendió la aplicación de la misma con el argumento —de nuevo— de falta de fondos, y estableció que la aplicará una vez que el Congreso "determine las fuentes de su financiamiento" y que "incluya en el Presupuesto Nacional las partidas" para afrontarla.
Según anunció el gobierno, las y los trabajadores de la institución cobrarían a partir de septiembre un bono por única vez de 450 mil y de 350 mil pesos para el personal asistencial y el personal administrativo en relación de dependencia, respectivamente. No obstante, en un comunicado oficial, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) catalogó a esos incentivos económicos como un "escándalo", ya que no reemplaza la recomposición salarial largamente reclamada ni la pérdida de 245 profesionales altamente capacitados.
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