Por: Diego Lanese

Con una cadena nacional de 15 minutos, el presidente Javier Milei presentó el lunes pasado alguno de los lineamientos del proyecto de Presupuesto 2026. En sus casi dos primeros años de gestión, el mandatario no logró los consensos necesarios para aprobar la “ley de leyes”, un hecho inédito en la historia del país, por lo cual los números que actualmente comandan la economía son del 2023.

Esto permite el manejo discrecional de partidas, lo que ayudó a aplicar la motosierra en el Estado nacional. Para este año, se espera cambiar esto, aunque los bloques opositores adelantaron que si la iniciativa no es “realista”, será difícil de votar. Según anticipó el presidente, el proyecto contempla aumentos en jubilaciones, educación, salud y pensiones por discapacidad superiores a la inflación proyectada para el próximo año, en momentos que esos sectores están movilizados reclamando por leyes que enfrentan el ajuste que se aplica.

Esta forma de intentar desactivar las movilizaciones parece no alcanzar, ya que mientras una multitud marchaba a favor de estas normas, la cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales. En tanto, en un primer análisis de los primeros datos que comenzaron a circular respecto a los números del oficialismo, se vio un “fuerte rechazo”, en especial en gremios sanitarios y de la educación. “Es un dibujo”, marcaron los dirigentes consultados, que advirtieron sobre la continuidad del ajuste como política oficial.

Si bien el proyecto de presupuesto no se conoció en su totalidad, se supo algunos detalles, como la “regla de estabilidad fiscal”, el principio de inocencia fiscal y el régimen de extinción de deudas cruzadas entre la Nación y las provincias. Para el año próximo el Gobierno espera un aumento del PBI del 5 por ciento, una inflación anual del 10,1 por ciento, un dólar a 1.423 pesos (inferior a la cotización actual) y un superávit primario del 1,5 por ciento del PBI. En cuanto a las áreas sensibles, se anunciaron mejoras por encima del IPC proyectado.

Durante su discurso, Milei aseguró que el proyecto enviado al Congreso contempla que el 85 por ciento del gasto previsto para el próximo año “será destinado a educación, salud y jubilaciones” y destacó que estas partidas tendrán aumentos reales, es decir, superiores a la inflación.

En el caso del sistema sanitario, este incremento será del 17 por ciento. Pese a esto, desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) rechazaron el anuncio, y lo consideraron “un dibujito”. En diálogo con Política del Sur, la presidenta de la entidad María Fernanda Boriotti dijo que “los números del gobierno no tienen ningún viso de aumento de presupuesto real para el sistema de salud, no sólo comparándolo con el presupuesto 2023 sino que además si se lo ajusta por inflación tampoco se logra un aumento de recursos”.

Además, Boriotto recalcó que “no vemos ningún signo que nos haga pensar que habrá una mejora real de los hospitales nacionales, ni de mejora en la transferencia de recursos a las provincias, más bien todo lo contrario”.

📢💥 El presupuesto 2026 para el Programa 22 no representa un ahorro: representa un abandono y un marcado incumplimiento de las obligaciones constitucionales que pesan sobre el Estado Nacional.
Informe completo:https://t.co/C4C8pcHU87 pic.twitter.com/6nFkOsOMhV

— Fundación GEP (@fundacion_gep) September 17, 2025

De esta forma, FESPROSA recalcó que “no tenemos una mirada optimista frente al accionar del gobierno nacional”, algo que compartes otras entidades del sistema sanitario. Luego de la cadena nacional, la Fundación GEP –entidad que trabaja por el acceso a medicamentos de personas con HIV y otras enfermedades –difundió un documento donde calificó que “grave retroceso” el presupuesto nacional proyectado por el gobierno.

En concreto, se habla del desfinanciamiento del programa 22, que atiende las necesidades de pacientes con Sida, hepatitis, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual. El presupuesto 2026 para este plan “será de 62.087.000.000 de pesos, lo que equivale a 43.650.000 dólares según el tipo de cambio oficial proyectado. En comparación con el presupuesto estimado para 2024 (70.750.591 dólares), esto representa una reducción del 38 por ciento en dólares, en un programa que depende de insumos internacionales”, afirmó la Fundación GEP.

El programa 22 pasará a representar “apenas el 2 por ciento del presupuesto total del Ministerio de Salud, cuando en 2023 representaba el 4,8 por ciento”. Esto traerá problemas concretos, como la proyección de 450 tratamientos de tuberculosis, frente a 15.853 casos notificados en 2024, o el recorte de  23 millones de preservativos, en medio de “un aumento exponencial de sífilis y otras ITS por la falta de compra y distribución de este insumo en 2024/2025”.

Estas cuestiones y otras “reafirman el genocidio planificado que venimos denunciando como comunidad organizada,  son menores a las metas que se planificaron para el 2024 y prevén atender a menos personas que las que son atendidas actualmente”.

En cuanto al sector educativo, la mejora anunciada por el gobierno nacional es del 8 por ciento. En momentos que la comunidad universitarias se movilizó para reclamar se sostenga la Ley de Financiamiento Universitario, el dato no hizo más que aumentar el malestar.

“Es una provocación más”, recalcó ante Política del Sur una fuente del Frente Sindical de Universidades Nacionales respecto al anuncio, a horas de la tercera Marcha Federal. Según su análisis que hicieron los gremios de este frente, el gobierno proyecta para diciembre de 2025 una inflación interanual del 24,5 por ciento, cuando la inflación acumulada ya llega al 19,5 por ciento en agosto y se mantiene en valores cercanos al 2 por ciento mensual.

Todo indica que el año cerrará con un 28-/30 por ciento, “lo que vuelve inverosímil la estimación oficial”. Para 2026, el presupuesto anuncia una inflación del 10,1 por ciento, “una cifra ficticia ante la presión inflacionaria actual”. Del mismo modo resulta para los gremios “poco serio” proyectar un crecimiento de 5,4 por ciento del PBI en 2025 y 5 por ciento en 2026, cuando la actividad económica viene en caída desde hace meses. En cuanto al porcentaje del PBI para educación, en 2023 alcanzaba el 1,44 por ciento, en 2024 cayó al 0,86 por ciento y el año que viene se prevé que se reduzca al 0,75 por ciento, según las cifras oficiales.

📢 Rechazo al Presupuesto 2026.

El proyecto de Milei significa más ajuste, más desfinanciamiento y más ataque a la educación pública.

✊ CTERA en estado de alerta y movilización.

🔗 Comunicado completo 👇🏽 https://t.co/6TzTo4YsWi pic.twitter.com/H3ipw6K2ib

— CTERA (@cteracta) September 16, 2025

Además, el proyecto presupuestario trae novedades respecto a algunos programas de financiamiento para la educación inicial y media. Según el gremio UDA, el proyecto plantea en su artículo 30  derogar el artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que garantizaba un financiamiento estatal no inferior al 6 por ciento del PBI, y el artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, que creaba el Fondo Nacional para esa modalidad con recursos específicos.

En este sentido, la entidad sindical advirtió que “de esta manera el gobierno nacional desfinancia el conjunto del sistema educativo, desde la Inicial hasta la Universitaria”. Sergio Romero, titular de UDA y secretario de Políticas Educativas de la CGT, agregó que esta decisión profundizará los salarios docentes de pobreza, la emergencia en infraestructura escolar y la falta de inversión en tecnología educativa.

La preocupación de UDA es que “curiosamente, el aumento de la inversión en Educación del 6 al 8 por ciento, suma gravedad a la ya compleja realidad que golpea a las escuelas de todo el país: mantenimiento, docentes que perdieron poder adquisitivo frente a la inflación y que atraviesan un escenario de recesión, y niños y niñas que llegan a las aulas con una alimentación cada vez más deteriorada, condicionando sus posibilidades de aprendizaje. Duro combo”.