Por: Diego Lanese

Con la participación de toda la comunidad universitarias, gremios de la salud y las tres centrales obreras, hoy miércoles se puede vivir una jornada de masivo rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. Al mismo tiempo que la cámara de Diputados sesione con una batería de temas de importancia, en las inmediaciones del Congreso se espera una verdadera multitud, que reclame entre otras cosas la baja a los vetos de leyes claves para la educación superior y la pediatría.

Además, los legisladores podrían declarar una nueva emergencia, en este caso en el sector científico-tecnológico. Se trata de una propuesta que tiene media sanción del senado, y que busca frenar el ajuste en los organismos de ciencia del país, mejorando los sueldos de trabajadores becarios e investigadores.

El sector, uno de los “preferidos” de la motosierra libertaria, viene sufriendo por la falta de recursos, por lo que reclama que se apruebe la norma, que tiene la misma intención que la Ley de Financiamiento Universitario. Para apoyar el pedido, se difundieron resultados de un análisis sobre compra de materiales para laboratorios, que se desplomó dese diciembre del 2023. Como una triste postal de la dura realidad que viven quienes hacen ciencia en el país, un grupo perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA )tuvo que participar de un concurso por “likes” en redes sociales, para intentar comprar materiales para su trabajo.

La denominada Ley de Emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación nació en el Senado, por iniciativa de Eduardo “Wado” de Pedro. La propuesta busca declarar “la emergencia presupuestaria y financiera hasta el 31 de diciembre de 2025 del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,  garantizar el sostenimiento en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional de las metas mínimas destinadas a la función Ciencia y Técnica previstas en el artículo 6° de la Ley 27.614”. 

Uno de los puntos salientes es la actualización de las partidas asignadas al sector, incluyendo la totalidad de los programas correspondientes al sistema científico del país. Esta actualización, marca el proyecto de ley, “debe implementarse progresiva y sostenidamente de forma trimestral de manera tal que al cierre del ejercicio 2025 se dé cumplimiento con el porcentaje mínimo para ese año con más la diferencia que haya existido respecto del mismo parámetro para el año 2024”.

Además, se establece que los salarios del personal –tanto investigadores, becarios y personal de apoyo –sean actualizados a partir de IPC.

📢 MARCHA FEDERAL POR UNIVERSIDAD, CIENCIA Y SALUD PÚBLICA

¡Vamos por el rechazo al veto al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, y por la aprobación de la Ley de Emergencia de CyT! pic.twitter.com/qWLCNWp2nE

— ATE CONICET Capital (@ateconicet) September 12, 2025

En este contexto, la cámara baja tratará el proyecto hoy miércoles, y desde ATE CONICET llamaron a movilizarse junto a los sectores de salud y las universidades, lo que promete ser una jornada de mucho reclamo. “Desde ATE Capital estamos convocando a todas las movilizaciones en el marco de unidad, para apoyar no sólo el financiamiento del sistema universitario sino por la ley que declara la emergencia en el área científico-tecnológica”, confirmó Juan Manuel Sueiro, referente de ATE en el CONICET.

En diálogo con Política del Sur, el referente sindical criticó que el gobierno nacional “en lugar de reflexionar sobre el resultado electoral del último domingo profundiza el desmantelamiento del sector con el pretexto del ajuste fiscal”.

Para Sueiro, pese a estas medidas que dejaron a muchos organismos científicos casi sin capacidad de investigar, el oficialismo “no puede explicar cuáles fueron los resultados de tan brutal ajuste en estos meses”. En general, para el dirigente el modelo libertaria “lo único que logró fue la degradación de las condiciones económicas de la Argentina”, por eso llaman a movilizar para apoyar estas tres leyes claves, y para repudiar las acciones contra toda la comunidad. “El gobierno cree que un Estado mutilado es su acción de gobierno, pero hay una sociedad de pié contra esto”, agregó Sueiro.

La declaración de la emergencia en ciencia y tecnología está justificada por los tremendos ajustes que se dieron en los organismos descentralizados, como el CONICET. Además, la propuesta busca proteger de la motosierra a entidades como el Instituto Nacional del Agua, el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR) y las propias universidades nacionales, donde se concentra gran parte de la investigación y los científicos del país.

Los efectos de estas políticas se pueden ver en varios datos. En un reciente informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), se analizaron los recursos destinados a la compra de insumos y equipamientos para el sector, y se determinó que “se consolidó una retracción que está entre el 35 y el 45 por ciento desde 2023 para la mayoría de los organismos”.

El trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur, estableció que “la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Agencia IDI lideraron la caída”. “Sin equipamiento, los investigadores y las áreas de apoyo técnico ven seriamente comprometidas las posibilidades de desarrollar sus actividades”, alertó el CIICTI, que viene siguiendo de cerca los efectos del ajuste en la educación pública y la ciencia.

Además, se estableció que el presupuesto de la Secretaría de Educación “culminó el 2024 con una caída real de la inversión del 41,8 por ciento y que para el 2025 espera un deterioro adicional del 10,3 por ciento”.

🔴 La inversión en bienes de capital para ciencia se redujo 65% en dos años.

Leé más en https://t.co/HPqNZ0o9Lk pic.twitter.com/DVZYbY1kBB

— Centro Iberoamericano de Investigación en CTI (@ciicti) September 10, 2025

En el caso de las universidades nacionales, principal programa presupuestario de la secretaría, “la caída fue del 21,9 por ciento en 2024 y proyectan perder 8,6 por ciento adicionales en 2025”. Para salvar esto, tiene su propia norma de emergencia: la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada y vetada por Milei.

Por eso, el Frente Sindical de Universidades Nacionales llamó a la tercera Marcha Federal, que buscará junto a otros sectores volver a los niveles de masividad que se mostraron el año pasado, cuando la comunidad educativa salió a defender a las casa de estudio.

La concentración comenzará a las 17 horas s frente al Congreso nacional para rechazar el veto del presidente Milei, una movilización que busca presionar a los diputados que aún dudan de su voto y repetir la masividad de la protesta realizada en abril del año pasado.

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había votado el 29 de agosto que convocaría a una nueva Marcha Federal en caso de que Milei vetara la ley. Tras confirmarse la medida presidencial, los gremios, respaldados por los rectorados, convocaron a un paro para este viernes. Ricardo Gelpi, rector de la UBA, sostuvo: “Estamos juntos luchando por el futuro de nuestro país. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Hace un año, ambas cámaras aprobaron una ley similar, que fue vetada a pesar del apoyo de la comunidad universitaria y la sociedad”.

En tanto, el Ministerio de Capital Humano anunció que presentará una denuncia judicial contra las autoridades de la UBA por redirigir el acceso a la web oficial hacia la página “Noalveto”, en repudio al veto presidencial. La demanda acusa a los representantes universitarios de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y solicita la restitución inmediata del dominio original.