E Congreso rechazó el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad. Tanto diputados como senadores ratificaron la Ley, pero aún no fue reglamentada. El diputado nacional Daniel Arroyo conversó con Política del Sur para detallar cuál es la situación actual y renovó el reclamo por la promulgación.

“La ley ya está vigente. El Gobierno, absurdamente, la vetó y conseguimos dos tercios de la Cámara de Senadores para rechazar el veto. El Gobierno tiene tiempo para la promulgación hasta el martes que viene, son 10 días hábiles”, detalló Arroyo.
 
Una vez promulgada, el Gobierno “tiene que hacer dos cosas concretas: El jefe de Gabinete (Guillermo Francos) tiene que compensar partidas presupuestarias, que es lo que hace todo el tiempo. Obligatoriamente, va a tener que compensar la partida al área de discapacidad. Eso es la Ley de Emergencia. Y la Agencia Nacional de Discapacidad tiene que poner en marcha el nuevo nomenclador”.

Y alertó que “no puede dilatar más, es una obligación". "La ley es una obligación, no es un consejo. Para los funcionarios, y en particular para el responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ley es obligatoria, tienen que ponerla en marcha. Lo que tiene que hacer claramente el gobierno es transferir la partida presupuestaria y poner en marcha la ley”, completó.

Recordó, asimismo, que “el gobierno hablaba de judicializarla", pero aclaró: "Entiendo que se le fue esa idea absurda que no tenía sentido. Ahora espero que vaya por el lado de la lógica y la racionalidad, que es volcar los recursos en una ley que no tiene impacto fiscal y que el gobierno no actualizó el nomenclador. Por eso generó este nivel de trabas y desacomodo brutal que viven hoy las personas con discapacidad y sus familias”.

Por otro lado, el diputado comentó que “la Ley contempla y pide que se haga bien una auditoría" porque "el Gobierno la hizo mal a propósito. Mandó a la gente a hacer 200 kilómetros, 10 horas de cola, le pidió al que tenía ceguera de nacimiento que se vuelva a hacer todos sus estudios y el 40% de los telegramas no llegaron a destino”.

Además, recordó que “el Gobierno dio 110.000 bajas de pensiones, de las cuales 90.000 es un tema de domicilio. Son personas que nunca se enteraron que tenían que presentarse porque no les llegó ni la carta documento ni el telegrama. Y eso es porque el Gobierno usó una base de datos vieja y no cruzó los datos adrede”.

Adelantó que desde la Comisión de Discapacidad se trabajará en un nuevo proyecto que permita dar de alta todas estas pensiones “a todos aquellos que nunca se enteraron que tenían que presentarse y sólo se enteraron cuando dejaron de cobrar”. Y agregó: “Estamos hablando que al 40% de las personas no les llegó la carta documento. Si algo es fácil en el siglo XXI es dar con las personas. Hoy podemos encontrar un amigo de la primaria, ¿Cómo es que el Estado le pifió al 40% de las personas?”.

Arroyo insistió que “acá, el objetivo es que esto se ponga en marcha porque es lo que va a resolver el problema del funcionamiento diario de las personas con discapacidad y la familia". "Yo apostaría a que prime la racionalidad, hay muchos instrumentos para ir a la Justicia porque esto es una obligación. Yo lo que estoy es buscando que se resuelva el problema de la vida cotidiana de las personas”, explicó.

Por último, se refirió al rechazo a los vetos para la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica. “Yo espero que mañana tengamos quórum, entiendo que sí lo vamos a tener y segundo, que consigamos los dos tercios como lo conseguimos en discapacidad para rechazar el veto. Entiendo que sí lo vamos a lograr, que efectivamente vamos a tener los dos tercios para rechazar ambos vetos pero no lo puedo asegurar por completo”, señaló.

“Lo que vale acá, es la coherencia. Si yo pienso de una determinada manera, voy a votar de una determinada manera. Creo de verdad, y ojalá no me equivoque, que mañana sí vamos a conseguir los dos tercios para rechazar ambos vetos”, cerró.