Por: Diego Lanese

Desde hace años, las formas de contratación laboral vienen cambiando en el país, alejadas de la registración formal. La economía popular sigue creciendo,  alcanza niveles regionales, una tendencia que las crisis de los últimos años potenciaron.

En este sentido, el modelo libertario para apoyarse en este tipo de  empleo, que evita el aumento de la desocupación pero empeora las condiciones laborales, incluyendo el salario, que es más bajo entre quienes son monotriobutistas y cuentapropistas.

Estas dos categorías viven un verdadero auge, al punto que hoy superan a los trabajadores “en blanco”, como popularmente se los conoce a quienes están registrados. Así lo estableció un informe conjunto del Instituto de Estudios y Formación (EIF) y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que alertó sobre “la degradación de las condiciones salariales se combina con la expansión de formas de contratación supuestamente autónomas, como el monotributo, que da cuenta de un mayor hundimiento en la precariedad de la clase trabajadora”.

En este sentido, el informe al que tuvo acceso Política del Sur marcó que “cerca del 70 por ciento de los monotributistas están inscriptos en categorías cuyos ingresos son inferiores a la línea de pobreza”. Además, una parte importante de estos puestos de trabajo “encubre relaciones asalariadas disfrazadas de trabajo independiente”.

Esta figura de contratación, “convertida en la modalidad de inserción más extendida de los últimos tiempos es, en los hechos, una forma de deslaboralización que profundiza la subordinación y la vulnerabilidad de la fuerza de trabajo”. Si bien su explosión comenzó hace años, en la gestión de Javier Milei lograron lo impensado: ser mayoría en el marco laboral.

Así, vale destacar que “la suma de cuentapropistas y asalariados/as no registrados (informales) es el 49,9 por ciento de los ocupados, y supera actualmente al total de asalariados registrados (formales)”. Esta característica “se da sostenidamente desde comienzos de 2022, mientras que en los años previos la relación se mostró fluctuante”.

En el recorrido histórico, el cuentapropismo “creció 1,5 por ciento entre 2017 y 2019, se mantuvo estable durante la gestión del Frente de Todos, para luego seguir creciendo con la llegada de La Libertad Avanza”. Este deterioro de las condiciones de empleo, que afectan al conjunto de la clase trabajadora, es “una consecuencia buscada por el programa económico impulsado por el gobierno”, recalcaron.

En caso de ser exitoso, agregaron, “algo que todavía está en dudas, buscará profundizar y cristalizar estos pisos como una nueva regularidad, al tiempo que se profundizarán los intentos de seguir modificando la legislación laboral en perjuicio de los trabajadores y las trabajadoras”.

Para las entidades, “la resistencia colectiva que podamos construir constituye el primer paso para impulsar cambios sustanciales que vuelvan a poner la mejora en las condiciones de vida de la clase trabajadora en el centro de las políticas económicas, sociales y laborales”.

Esta semana, por ejemplo, habrá movilizaciones de distintos sectores, centradas en el veto de dos leyes claves, vinculadas a la pediatría y las universidades. Además, la jornada mostrará el malestar en todo el sector del trabajo por las condiciones salariales que hay en el país, que están empeorando respecto de la inflación, en gran parte por la estrategia de techo de las paritarias que impone el Ministerio de Economía y ejecuta la secretaría de Trabajo.

El aumento de este nuevo trabajador tiene consecuencias directas en el mercado laboral, ya que cambia las características del empleo que se ofrece en el país, teniendo en cuenta que el peso del cuentapropismo evidencia “una tendencia creciente desde 2017 en adelante”.

Por la forma de contratación, los crecientes niveles de precarización contribuyen a “explicar que buena parte de la clase trabajadora deba vender su fuerza de trabajo por debajo de su valor, expresado en el precio de una determinada canasta de medios”. Dicho de otro modo, “perciben una retribución insuficiente para alcanzar un umbral de consumo que asegure condiciones mínimas de reproducción”. Es decir, son pobres.

Si se toman como referencia los valores de las canastas básicas utilizadas oficialmente para la medición de la pobreza y la indigencia, surge que, al cuarto trimestre 2024, “el 28 por ciento de los trabajadores y trabajadoras son pobres (viven en hogares que no logran adquirir la Canasta Básica Total) y el 4 por ciento tiene ingresos familiares que ni siquiera logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), es decir que son indigentes”. 

El incremento de la incidencia de la pobreza entre los ocupados alcanzó un nuevo escalón durante la crisis de 2018-2019, “llegando a fines del gobierno macrista a un 27,5 por ciento de trabajadores pobres, cuando a fines de 2017 afectaba al 18,2 por ciento”. De allí en adelante, osciló en niveles cercanos al 30 por ciento.

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— CTA Autónoma (@CTAAutonoma) September 15, 2025

Con el arribo de Milei al poder, el paquete económico implementado en diciembre del 2023 generó un “salto inflacionario, provocando un shock regresivo que, en conjunto con el severo ajuste fiscal impulsado por las políticas de motosierra y licuadora, impactaron en el poder adquisitivo de los hogares”.

Lejos de ser un efecto indeseado, agregó el informe, “las medidas adoptadas buscaron inducir una recesión con el objetivo de recomponer las cuentas externas, con un impacto directo en las condiciones de vida de la población”.

Por eso, los ocupados llegaron a un pico en el primer trimestre de 2024 en materia de pobreza, para luego ir descendiendo gracias a la desaceleración de la inflación, “forzada a costa de una apreciación significativa del tipo de cambio, que permitió una recuperación parcial de los ingresos reales en algunos segmentos”.