La polémica por el edificio Sagol de Avellaneda -que pertenecía al programa PROCREAR y fue cedido por el gobierno nacional a la ministra Patricia Bullrich,- continúa. Cientos de adjudicatarios perdieron la posibilidad de tener su casa propia y varios de ellos iniciaron acciones legales.

Política del Sur conversó al aire con Leonardo Martínez Herrero, abogado de algunos de los damnificados del edificio Sagol para conocer la situación actual del reclamo judicial. “Nosotros efectuamos la denuncia penal, le tocó al Juzgado Federal 9, que subroga el doctor Ramos y el fiscal es Ramiro González. Nos presentamos como querellantes en la causa, pero el juez dijo que los mails no eran pruebas suficientes para ser querellantes. Apelamos, fuimos a Cámara y la Cámara ratificó lo dicho por el juez”, comentó. 

“Hasta el momento no podemos ser parte en la causa, pero el fiscal ya dispuso algunas medidas. Le presenté un poco más de las pruebas que había en la denuncia original, entre ellas el convenio que firmaron el Ministerio de Economía con Nación, con Seguridad, donde le transfiere por 10 años el comodato y ya solicitó la primera medida de pruebas. Y se imputó tanto al ministro de Economía (Luis Caputo) como al secretario de Desarrollo territorial, Hábitat y Vivienda del Ministerio de Economía, (Rodrigo Aybar Perlender) y a la ministra (de Seguridad) Patricia Bullrich”, detalló.

Por otro lado, denunció que “el juez Ramos no quiere a los damnificados como parte querellante en la causa para impulsarla". "Tanto él como el hijo, son muy proclives a favorecer al Poder Ejecutivo, sobre todo en causas de Macri o de La Libertad Avanza. Hay otros jueces que actúan rápido, como Casanello o el fiscal Picardi. Acá tratan de que no podamos ser, pero vamos a terminar siendo, porque una de las medidas prueba es que adjunten al listado los adjudicatarios y ahí van a tener los clientes”, sentenció.

En esa línea, Martínez Herrero detalló: “Cuando esté presentado por el Oficio directamente, nos vamos a volver a presentar como querellantes. La excusa es que el mail donde los notifican que son adjudicatarios, no lo considera suficiente como para ser parte que impulse el proceso, una locura total”.

Con respecto a los inquilinos actuales, de las Fuerzas de Seguridad, comentó que “ya han tomado posesión, pero es un convenio que les entrega la vivienda por 2 años de forma gratuita. Después a los 2 años tendrán que renovarlo o no. Y el convenio que firmó Economía con Seguridad es por 10 años, el comodato de las viviendas. Tampoco los hicieron propietarios”.

También comentó que los departamentos “prácticamente, estaban terminados, lo único que faltaba era conectar la luz. Después estaba todo en perfectas condiciones como para entregarlos, por eso es una canallada que no lo hayan hecho”.

Finalmente, manifestó: “Yo de este gobierno no espero nada, han demostrado una crueldad absoluta. Lo que le han hecho a las personas con discapacidades, a los jubilados, no espero nada a favor de la gente, no creo que cambien absolutamente nada”. “Esperemos que los jueces se animen, hasta ahora, muy pocos se animan. Casanello, Picardi pero Ramos, Lijo, Ercolini, esos no van a hacer absolutamente nada. Y esperemos ver la justicia civil. En este caso, es la justicia civil y comercial federal la que tiene que intervenir en el reclamo civil. Pero hubo un juez civil y comercial federal que hizo una censura previa”, cerró.