

A partir de la difusión de los audios que involucran a Karina Milei en un caso de corrupción, la Casa Rosada le pidió a la Justicia que se prohíba de manera preliminar la difusión de cualquier tipo de grabación que tenga relación con la Secretaria de Presidencia. Esto generó repudio por parte de periodistas, abogados, sindicatos y organismos de Derechos Humanos que rechazan esta acción de censura previa, algo que va contra la propia Constitución.
Política del Sur conversó sobre esta cuestión con Eduardo Dipasquale, dirigente peronista, politólogo y ex funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación, quien afirmó que “hay cuatro fallos de la Corte Suprema, donde se plantea el tema de la libertad de expresión, que obviamente es una cuestión constitucional, que está en los artículos 14 y 32”.
La Constitución Nacional “ratifica el principio máximo de protección de la libertad de prensa, limitando las restricciones ulteriores, pero nunca admitiendo una censura previa”, detalló Dipasquale. Además, remarcó que “Argentina adhiere a través de la reforma del 94, en su artículo 75, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 13.2. El ejercicio del derecho no puede ser sujeto a censura previa, sino responsabilidades ulteriores. La censura previa es inadmisible en cualquiera de los casos”.
Por otro lado, se refirió a la publicación de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, que pide “que adopten las medidas cautelares urgentes, a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas disponiendo de la prohibición de difundir, propagar, y divulgar nuevos registros. Relacionando con el caso bajo el delito de la desobediencia del artículos 239 del Código Penal”.
“Cuando uno busca el 239 del Código Penal, se plantea que será reprimido con prisión de 15 días a un año quien se resistiese o desobediese a un funcionario público, en este caso, Bullrich, en el ejercicio de la legítima defensa. Ahí hay una cosa que es muy tomada de los pelos y que está buscado para una justificación”, agregó Dipasquale.
En la misma línea, mencionó que desde la SIDE, “vuelve a cambiar toda la argumentación de la ley de seguridad que tenía en su momento y plantea cuestiones más parecidas a la que plantea Bullrich. Pero eso no está aprobado. Es una voluntad del presidente que está parada en la comisión bicameral de inteligencia”.
Asimismo, expresó: “Esta gente no entiende que el mero hecho de lo que ellos proponen, no pasa automáticamente a ser así. Porque tiene requerimientos constitucionales, procedimientos, etcétera. Este es el problema que yo veo que tiene esta gente con respecto a la mayoría de los argentinos y la norma. Van por fuera de la norma siempre y si no, tratan de ajustarla a la voluntad de ellos”.
Señaló que “fueron a buscar a un juez que está muy débil para que los acompañe con esto a la suficiencia de decirle 'después te saco todos los problemas de encima'. Volvemos a hablar de cómo corren la norma, la ley a uso propio”. Y mencionó que “el juez Ercolini no es un advenedizo en esto y aparte está en Comodoro Py, tiene otra cintura, y dice ‘yo por esto no voy’”.
También consideró bien que hayan reaccionado “todas las instituciones en tiempo y forma, desde ADEPA hasta la Cámara de Diputados, y los medios no lo tomen como algo natural”.
“Eso es una burrada de la cual Bullrich nos tiene muy acostumbrados, lamentablemente. Cómo puede ser que esta mujer siga detentando cierto poder”, planteó.
Continuando con su análisis, Dipasquale contó que “en el decreto 614 del 24, que es la reforma en el sistema de inteligencia que quisieron hacer a través de un decreto, el artículo 7 dice ‘sustitúyase el artículo 4 de la ley 25.520 y sus modificaciones que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 4: ningún órgano u organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, obtener información, influir de cualquier modo en la situación institucional, revelar o divulgar tipo de información’”.
“Ponen todo un aparato de inteligencia donde no figura en ningún momento en forma clara y precisa un presupuesto, que no hay todavía, lo que gasta la SIDE. Sin embargo, se les escapa la tortuga. Estamos en manos de gente impropia, advenediza, y por lo que se dice, coimera”, subrayó.
Con respecto a la difusión de los audios en Uruguay, remarcó: “¿Es parte de una burrada genética que tiene la derecha? Sí. ¿Cómo vas a querer proponer a otros países una norma que vos estás queriendo poner desde acá?. Hay cuestiones que no corresponden, esto es para diluir hasta la fecha de las elecciones la situación real de esta gente”.