Por: Diego Lanese

Por sus márgenes de ganancia, la industria farmacéutica suele nombrarse como uno de los grandes actores del poder económico global, a la par de gigantes como el complejo tecnológico-militar de Estados Unidos. Existen muchas leyendas sobre el poder de lobby de los laboratorios, y en muchos casos sucesos que las confirman. En el país, varias veces el sector se entrecruzó con el poder y la política.

En los 60, la ley de Medicamentos de Arturo Oñativia valió el enojo de los productores medicinales con el gobierno de Arturo Illia, que derivó en una brutal campaña contra su gestión que terminó, entre otras cosas, con su destitución. Más en el tiempo, la llamada “mafia de los medicamentos” dejó al descubierto un entramado de manejos turbios en la provisión de tratamientos oncológicos, y se llevó puesto a un dirigente sindical histórico como el bancario Juan José Zanola.

Además, Alberto Capacciotti, superintendente de Servicios de Salud hasta el 2007, fue apuntado por manejo irregular de recursos provenientes de obras sociales. El ex funcionario fue, casualmente,. El recaudador de la primera campaña de Cristina Fernández de Kirchner, con enorme participación de las farmacéuticas. Por eso, no sosprendió que los audios que comprometen a Karina Milei, secretaria de la Presidencia, estuvieran vinculados con la compra de medicamentos.

El supuesto pedido de coimas para proveer a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) destapó una crisis que hace tambalear al gobierno libertario, y volvió a posar la mirada sobre un rubro que, pese a la crisis de consumo que se extiende en el país, sigue siendo exhibiendo ganancias extraordinarias.

El escándalo por los supuestos pedidos de coimas sacuden al gobierno, a días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y en plena campaña nacional. Los audios difundidos dele x director del organismo Diego Spagnuolo, donde habla de un retorno “del 3 por ciento” para Karina Milei y otros funcionarios, en especial Martín y Lule Menem, generó un terremoto político, que a casi dos semanas de comenzar no se sabe dónde terminará.

Los acusados, se supone, pedían ese porcentaje de compra a la droguería Suizo-Argentina, para la entrega de tratamientos para discapacitados. Apenas se conocieron las grabaciones –hoy embargadas por la justicia, en una polémica medida –se supo que el presidente Javier Milei utilizó cinco decretos firmados entre marzo de 2024 y junio de 2025, para ampliar el presupuesto de la agencia, recursos que ascendieron a los 2,25 billones de pesos, lo que dispararon aún más las sospechas.

Todo en medio del rechazo del gobierno a la ley que declara la emergencia en discapacidad, lo que pone a muchas familias en una delicada situación en materia de prestaciones. La salida de Spagnuelo y la difusión de supuestos sobreprecios en la ANDIS fueron las respuestas a la crisis, que no alcanzó a apaciguar el clima imperante.

COMUNICADO: Inicio de auditoría en ANDIShttps://t.co/ramrHuLbpV pic.twitter.com/IJrzic3HzX

— Agencia Nacional de Discapacidad (@andiscapacidad) August 28, 2025

La droguería Suizo-Argentina es una de las más importantes del país, y es intermediaria entre los laboratorios productores y los prestadores, ya sean farmacias o entidades estatales. En el sistema de trazabilidad vigente, es la encargada de distribuir los tratamientos, y en el caso de entidades como la ANDIS, su trabajo es la de almacenar las partidas y su correcto transporte.

La firma hoy investigada forma la “mesa de cuatro” de las grandes empresas del rubro junto a Droguería del Sud, Droguería Monroe Americana y Droguería Barracas, ya que concentran más del 70 por ciento del mercado. El resto, se las dividen las cerca de mil empresas dedicadas a las mismas tareas.

Por eso, marcaron fuentes consultadas, no es de extrañarse que haya muchos organismos estatales e incluso provincias que tengan contratos vigentes con la firma. “Empiezan a salir cosas que llevan décadas pasando", le dijo una importante fuentes del sector farmacéutico a Política del Sur.

El manejo irregular en la compra de medicamentos está en la mira desde hace años, pero nunca con pruebas tan abiertas. “Puede ser una venganza”, dijo esta misma fuente, aunque vinculó más el tema a “una interna en el gobierno”. “Es cierto que esta gestión se metió con todo, y dejó mucha gente enojada, pero los laboratorios nunca harían algo que ponga su accionar en la agenda mediática”, agregó.

Estos manejos tienen algunos antecedentes en la gestión libertaria, como ejemplo puede verse el caso de los pañales para adultos del PAMI, cuya entrega quedó en manos de un correo privado vinculado al grupo Clarín, con un contrato más oneroso que el que cumplían las farmacias, históricas prestadoras del servicio.

Si bien las fuentes remarcan que este tipo de mecanismos tiene larga data, nunca quedó tan expuesta la vinculación de personas tan empoderadas en un gobierno. Es que la gestión actual parece tener especial interés en el sector –la mayoría de los funcionarios vinculados con el sistema sanitario tienen una larga experiencia en empresas del rubro –que sumado al desmantelamiento de los mecanismos de control producto de la motosierra presidencial terminaron creando “un terreno fértil para prácticas corruptas, negociados opacos y concentración de poder en manos de funcionarios que operan más como intermediarios comerciales que como garantes de derechos”.

Así lo enunció el Observatorio de Acceso a Medicamentos de la Fundación GEP, que elaboró un reporte donde denuncia este cuadro de situación, que expone según su análisis “una realidad alarmante”. El informe de la Fundación GEP, al que tuvo acceso Política del Sur, señala “un crecimiento interanual en el uso de contrataciones directas para la compra de medicamentos, especialmente antirretrovirales y tratamientos para hepatitis C”.

“Lo preocupante no es solo la falta de licitaciones públicas, sino que muchas de estas compras se realizaron bajo el argumento de exclusividad, sin que los laboratorios tuvieran derechos de propiedad intelectual sobre los productos”, destacó la entidad, dedicada a la lucha por los derechos de pacientes con HIV y otras enfermedades, y el acceso a tratamientos de la población. Este mecanismo, resaltaron “se ha convertido en una práctica sistemática que permite el direccionamiento de fondos públicos sin control ni transparencia”.

Medicamentos, corrupcion y captura estatal: Cuando la Salud Publica se covierte en mercado cautivo pic.twitter.com/soNqVBQEuC

— Fundación GEP (@fundacion_gep) August 29, 2025

El informe del observatorio también destaca la concentración de compras en manos de una sola farmacéutica: Richmond. En 2024, esta empresa absorbió más del 60 por ciento de la inversión de la DVIHT en medicamentos y reactivos, siendo el antirretroviral Darunavir 800 mg +Ritonavir 100 mg el principal producto adquirido.” Lo escandaloso es el aumento de su precio: de 455,83 pesos por comprimido en marzo de 2023 a 4.295 en noviembre de 2024 pesos, un incremento del 863 por ciento, cuando la inflación general fue del 483 por ciento”, recalcaron. 

Este tipo de aumentos no puede explicarse solo por la dinámica del mercado advierten. “La falta de licitaciones, la concentración en un único proveedor y la ausencia de controles sugieren una connivencia entre funcionarios y empresas, donde el Estado actúa como garante de rentabilidad privada en lugar de defensor del interés público”, recalcaron desde Fundación GEP.

“Lo que emerge de estos datos y denuncias no es solo una mala gestión, sino una estructura de corrupción institucionalizada”, insistieron. “La salud pública, en este esquema, no es un derecho sino una oportunidad de negocio. Y quienes pagan el precio son los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, que ven cómo los recursos destinados a garantizar su bienestar son desviados para alimentar redes de corrupción”, agregaron desde la entidad.

“Cuando el Estado opta por la opacidad, el costo no se mide solo en millones de pesos, sino en vidas. Cada peso malgastado en sobreprecios es un tratamiento menos para quienes lo necesitan”, se concluyó.