La presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), María Fernanda Boriotti, responsabilizó tanto a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) como al laboratorio HLB-Pharma por la crisis del fentanilo contaminado, que se cobró casi 100 muertes en el país. Según señaló, la empresa farmacéutica —cuyo titular posee antecedentes penales— habría abandonado “normas básicas de bioseguridad en función de bajar precios”, mientras que el organismo de control “no actuó con el rigor necesario” pese a recibir alertas tempranas. Además, la entidad anunció una serie de protestas en las provincias, en reclamo de mejoras laborales y salariales.
“HLB-Pharma era proveedor de hospitales públicos, entre ellos en la provincia de Buenos Aires, y también abastecía al sector privado y la seguridad social. Las primeras muertes se registraron en el Hospital Italiano de La Plata”, recordó la FESPROSA, que representa a gremios de base de la salud de todo el país. “Empleados del laboratorio denunciaron violaciones a protocolos sanitarios y filtraciones desde la ANMAT que habrían permitido al laboratorio anticiparse a inspecciones y ocultar irregularidades”, agregaron.
Boriotti también cuestionó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien atribuyó el problema a la falta de controles del propio organismo que en el pasado propuso desregular. “Paradojas del absurdo de los planteos libertarios en materia de salud”, expresó la dirigente.
Como alternativa, FESPROSA propuso fomentar la producción pública de medicamentos, sueros y vacunas. Según la federación, existen laboratorios estatales que cumplen con todas las normas de bioseguridad y pueden producir a un costo hasta siete veces menor que el del sector comercial. El objetivo, subrayaron, es garantizar el abastecimiento seguro en los más de 1.700 hospitales y 6 mil unidades sanitarias del país.
Para esto, la entidad llamó a una audiencia del 21 de agosto reunirá a especialistas, trabajadores de la salud, legisladores y organizaciones sociales para elaborar propuestas que fortalezcan la producción pública como estrategia para enfrentar la actual crisis de medicamentos. Con más de 100 muertos, el escándalo del fentanilo contaminado es el más importante de la historia argentina. La cantidad de víctimas y los problemas en materia de control que van apareciendo meten más presión en la estructura interna de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Ministerio de Salud, en especial de su titular, Mario Lugonos, a quienes incluso en el gobierno nacional comienzan a ver como posible “fusible” de la crisis.
A nivel nacional, la causa judicial que investiga las responsabilidades por la crisis está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, quien ordenó el retiro inmediato del producto contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia del mercado y de los hospitales. Así, las provincias han ido confirmando en este tiempo la discontinuación de los lotes afectados o todos los producidos por los laboratorios involucrados.
Semana de protestas
En tanto, FESPROSA anunció una serie de conflictos en el sector salud en las provincias. El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (SIPROSAPUNE) convocó para mañana un paro en defensa del salario, del régimen del full time y por la apertura de una negociación colectiva con el sector profesional. En tanto, en Santa Fe, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SIPRUS) ha rechazado la oferta del gobierno de Máximiliano Pullaro y ha decretado una jornada provincial de lucha para este miércoles 20 y un paro para la próxima semana, en fecha a determinar.
Ese mismo miércoles, en Chubut, el Sindicato de Salud Pública (SISAP) hará un cese de tareas y una movilización, en rechazo a las ofertas salariales del gobierno provincial. En tanto que en Mendoza, habrá una concentración en defensa de los derechos laborales de los trabajadores precarizados frente a la legislatura provincial, organizada por la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS).
En Santa Cruz, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (APROSA) ha declarado una alerta exigiendo negociaciones y, un poco más al norte, la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) permanece en estado de asamblea. Reclaman el pago de las guardias realizadas y no abonadas por el gobierno de Weretilneck, así como la continuidad de la negociación salarial.
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