El Congreso aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Cámara de Diputados logró rechazar el veto anunciado por Javier Milei, tanto para esta iniciativa como el aumento en las jubilaciones, pero no está todo dicho. Política del Sur dialogó con el diputado nacional Daniel Arroyo, impulsor de la primera.

El legislador y referente del Frente Renovador se refirió al veto como “absurdo” porque “es una ley fuera de la grieta, la han votado diputados de los más diversos espacios políticos”.

Y remarcó que esta ley permitirá reacomodar “un sistema que está totalmente colapsado" ya que "las personas no acceden ni a los medicamentos, ni a los tratamientos, ni a las terapias, ni a los traslados, ni pueden trabajar los hogares, los centros de día están todos a punto de cerrar”. También recordó que “no tiene impacto fiscal”.

“Espero que rápidamente consigamos otra vez lo mismo, dos tercios de la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado y ahí ya queda automáticamente puesta en marcha la Ley”, comentó.

En la última cadena nacional, Milei planteó una iniciativa para sancionar a los legisladores que aprueben iniciativas con las que no comulga y no descartó judicializar este tema, frente al revés sufrido. “No veo cómo alguien puede hacer una causa a un diputado porque haga su trabajo”, planteó Arroyo. 

Y detalló, en este marco, el recorrido del proyecto hasta su aprobación: “Tuvimos 12 reuniones informativas, a las que vinieron instituciones a plantear la situación. Lo aprobamos en la Comisión de Discapacidad, después en la de Salud. Fuimos al recinto para obligar a que se reúna la Comisión de Presupuesto. Volvimos a Presupuesto, lo aprobamos. Fuimos otra vez al recinto, conseguimos dos tercios de la Cámara de Diputados”.

“Pasó al Senado. Lo aprobó la Comisión de Población, la Comisión de Presupuesto. Fue al recinto, obtuvo dos tercios de los votos. No veo cómo alguien puede judicializarlo así. Es como que yo le haga una causa judicial a una maestra porque dé clase, no veo cuál sería la razón”, aseguró.

Por otro lado, expresó que espera que “la semana que viene haya sesión y se pueda tratar". "Lo único que hay que hacer es que todos voten igual, estamos hablando de algo que se votó en junio, hace 40 días. Simplemente, con que todos los que votaron a favor vuelvan a votar a favor en diputados y en senadores, automáticamente queda puesta en marcha la ley”, señaló. 

Y confió en que no habrá sorpresas. “Me parece difícil, espero no equivocarme, que alguien cambie el voto. Hay que tener estómago para cambiar el voto. Además es una ley muy sentida, de mucho dolor. De verdad el nivel de angustia de las familias es muy grande. Yo espero que nadie cambie su voto”, consideró.

“He sido ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. He sido ministro en la pandemia, cuando estaba todo cerrado, con el dolor y con la angustia. He estado en inundaciones, recorrí los barrios más pobres y convivo con el dolor hace muchísimos años, pero nunca me pasó como ahora que tanta gente me pare, me abrace y se ponga a llorar por el tema de discapacidad”, reflexionó.

Finalmente, remarcó que “acá hay una deuda del Estado con las personas con discapacidad y sus familias, porque no actualizó el nomenclador. El nomenclador todo este año aumentó sólo 0,5%. Ahí está el problema". "Si una persona trabaja 6 meses en una empresa y no le pagan, el análisis no es cuál es el costo empresario, sino cuánto le deben al trabajador. Acá es lo mismo, claramente hay una deuda del Estado”, completó.