Las seccionales de SUTEBA Multicolor, vinculados a sectores clasistas enfrentados al oficialismo del gremio, presentaron con el patrocinio del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) una demanda judicial contra la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) del gobierno de Axel Kicillof. La denuncia expone una práctica sostenida desde 2023: cambiar en el sistema oficial los registros que las escuelas cargan como “paro” por “inasistencia injustificada”.

El resultado de esta práctica es que miles de “descuentos salariales ilegítimos” que atacan “el derecho de huelga, reconocido por la Constitución Nacional, convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. “Un ataque directo a la libertad sindical y a la jubilación”, agregaron desde el espacio. En términos legales, la maniobra constituye una “práctica anti sindical: una acción del Estado empleador que busca obstaculizar o castigar la participación en medidas de fuerza”. Tal como sostienen las organizaciones que firmaron el amicus curiae, “sin protección efectiva contra represalias, el derecho de huelga se convierte en letra muerta”.

Con la denuncia de más de 10 mil compañeros docentes presentamos una demanda judicial al gobierno de Kicillof por fraguar nuestros registros de asistencia, para descontarnos los días de paro. La demanda está encabezada por las directivas de SUTEBA Multicolor y patrocinada por…

— Nathalia Gonzalez (@NathiGonzalezS) August 12, 2025

El impacto no se limita al salario del mes. En el régimen docente bonaerense, los trabajadores pueden elegir los tres mejores años de su carrera para calcular la jubilación, siempre que sean continuos. “Un día de paro no interrumpe esa continuidad, pero una falta injustificada sí”, agregaron. De este modo, al cambiar la justificación de la ausencia, el gobierno puede obligar a descartar esos años de mejores ingresos y reemplazarlos por otros con salarios más bajos, reduciendo así el haber jubilatorio final.

El expediente presentado ante el tribunal incluye relevamientos con más de 10 mil casos de docentes afectados a lo largo de toda la provincia incluyendo distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires, que frente a la falta de convocatoria a medidas de lucha por parte de la conducción provincial celeste de Baradel vienen participando de las instancias convocadas por la Multicolor como los plenarios provinciales de delegados y el llamado a hacer mandatos de escuela para consultar a las bases. Este volumen de testimonios desmiente cualquier versión oficial de “errores administrativos” y confirma que se trata de una política deliberada, ejecutada desde niveles centrales del sistema educativo.

En el último cobro, correspondiente a la semana pasada, se aplicaron descuentos por el paro del 20 de mayo, una jornada convocada por la FEB y los SUTEBA Multicolor, realizada pese a la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo bonaerense. El hecho demuestra que “la persistencia del gobierno por desconocer el derecho a huelga para perpetrar el ajuste en educación con salarios de pobreza y falta de presupuesto para las escuelas”. En Buenos Aires, el salario docente está entre los cuatro más bajos del país. La última oferta paritaria del gobierno —apenas un 3,2 por ciento en dos cuotas— fue tan insuficiente que hasta la conducción de SUTEBA, afín a Kicillof, se vio obligada a rechazarla. La lista Multicolor de La Plata y Ensenada movilizó al Ministerio de Trabajo con decenas de escuelas presentes, para exigir un salario igual a la canasta familiar.

El 16 de agosto a partir de las 10.30 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Santiago del Estero 1029 CABA, se llevará a cabo el plenario convocado por las conducciones sindicales combativas... pic.twitter.com/qdOR6UPys9

— Sergio (@Elpinguino57_) August 12, 2025

En este contexto, la política de descuentos y registros fraguados busca disciplinar: obligar a la docencia a aceptar salarios de pobreza y deterioro de las condiciones laborales bajo amenaza permanente. La demanda no es solo por salarios caídos: es por la defensa de un derecho colectivo fundamental. “La libertad sindical y el derecho a huelga no pueden depender de la voluntad política del gobierno de turno”, sostienen las organizaciones que acompañan el reclamo.

En tanto, el sindicalismo combativo, agrupado en comisiones internas donde predominan dirigentes de izquierda, convocó para este sábado un plenario en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La convocatoria apunta a exigir a la CGT y a las dos vertientes de la CTA que pongan en marcha un plan de lucha contundente contra la gestión de Javier Milei. La iniciativa busca sumar fuerza para un paro general que desafíe al Gobierno. El plenario cuenta con la adhesión del Frente de Lucha de Piqueteros y diversas agrupaciones de jubilados. Los principales impulsores son sindicatos docentes y el Sindicato Único del Neumático, encabezado por Alejandro Crespo. Desde la izquierda denuncian un supuesto pacto entre la CGT y el Gobierno y critican la intromisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el protocolo antipiquetes implementado por el Ministerio de Seguridad.