Dentro de los decretos que la Cámara de Diputados rechazó días atrás en el recinto, se encontraba la modificación de la regulación de la marina mercante. Si bien todavía debe pasar por la Cámara alta, las expectativas son positivas. Política del Sur conversó sobre esta cuestión con Mariano Moreno, Secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, quien se refirió al rechazo en el recinto de este decreto que desregulaba al sector.

“Nosotros esperamos que realmente sea anulado este decreto, porque no es un decreto que traiga ningún beneficio, ni tenga las herramientas para desarrollar una marina mercante como lo quieren plantear”, afirmó Moreno, y destacó que “hay no menos de tres proyectos para el desarrollo de la marina mercante en el Congreso con estado parlamentario que no han sido tratados: dos de ellos presentados por los gremios en consenso con las empresas del sector”.

En ese marco, sostuvo: “Tenemos que redoblar el esfuerzo, para sentarnos en una gran mesa donde estén todas las partes y pongan lo que tienen que poner. No necesitamos un puente, hablamos permanentemente con las empresas, necesitamos un estado que venga y ponga lo que tenga que poner”.

Con respecto al decreto de Javier Milei, sostuvo que “no es más ni menos que un reflejo del 1772, decreto del año 92, que lo que hizo fue destruir una marina mercante muchísimo más grande. Este decreto tiende a hacer desaparecer la marina mercante nacional, negándole a la Argentina la posibilidad de mover sus cargas dentro de su territorio”. 

Asimismo, remarcó que “no solamente es la pérdida de las fuentes de trabajo, que es fundamental". "La soberanía, el cuidado de los recursos. Nosotros cuando estamos arriba de un barco estamos capacitados para evitar un derrame, una colisión. Una varadura o un crecimiento que corta la navegación en un canal, paraliza el comercio o puede afectar a la cadena de suministros mundiales”, apuntó.

En ese sentido, comentó que los trabajadores están bajo convenios colectivos de otros países. “Pocos países en el mundo entregan su cabotaje nacional a otras banderas. Argentina tiene más de 6.000 kilómetros marítimos y fluviales. Una gran necesidad de movimientos de carga y una vía natural que es el río conectado al mar, que hoy se la estaríamos entregando a extranjeros”, subrayó.

Por otro lado, advirtió que “no hay una política de Estado que pretenda desarrollar una marina mercante o cualquier otro tipo de industria". "Estos golpes no son solamente para el personal embarcado, sino que lo vemos reflejado en la cantidad de decretos, de desregulación que lo que hacen es destruir esas actividades”, apuntó.

Según Moreno, el objetivo del Gobierno es “trasladar los negocios, los conocimientos, la salud a que lo hagan empresas privadas de otros países y nada más”. Y agregó: “Por más que nos acomodemos los trabajadores a ese sistema, la marina mercante con los impuestos, con las trabas que pone el mismo estado, la falta de infraestructura portuaria, el desmanejo que hace, no vamos a tener una marina mercante”. 

También reconoció que “están avanzando sobre las escuelas de formación, avanzaron sobre la de pesca, quieren avanzar sobre la Escuela Nacional Fluvial y la Escuela Nacional de Náutica". "Formar un marino mercante con las características que tiene, no es algo de un día para el otro”, aclaró.

“Hoy, el Gobierno, con el decreto 340 y el decreto 37/25, está poniendo en riesgo eso. Cercenando la posibilidad de formar, porque además sin barcos no tenemos la posibilidad de prepararnos. Uno hace una carrera en una escuela, pero después tiene que ir a consolidar los conocimientos en un barco”, planteó.

“Estamos pensando en esos chicos que todavía no saben qué van a hacer de grandes y que por ahí quieren elegir estar arriba de un barco. Y desarrollar su carrera arriba de un buque”, explicó.

“Si Argentina pierde lo poco que nos queda, va a ser muy difícil recuperarlo. En la marina mercante y en cualquier otra actividad que tengamos”, lamentó Moreno. Y destacó: “Los gremios nos hemos comprometido en un plan de lucha, donde vamos a dar los pasos que tengamos que dar, no solo para frenar el decreto 340, sino hasta que exista en Argentina la posibilidad del tratamiento de leyes que hagan al desarrollo de estas actividades”.