Las viviendas del edificio Sagol de Avellaneda, que formaba parte del programa PROCREAR, fue cedido meses atrás por parte de la ministra Patricia Bullrich a fuerzas de seguridad. Este complejo ya había sido adjudicado a más de 100 familias, que llevaron el reclamo ante la Justicia.

Política del Sur conversó al aire con Leonardo Martínez Herrero, abogado de algunos de los damnificados del edificio Sagol, quien explicó que “el delito que cometieron, tanto la ministra de Seguridad (Bullrich) como el ministro de Economía (Luis Caputo) y el Presidente de la República (Javier Milei), se llama defraudación por desbaratamiento de derechos acordados e incumplimiento de los deberes del funcionario público”.

Martinez Herrero detalló: “Nos hemos presentado con cuatro damnificados directos y estamos queriendo ser querellantes en la causa, que hasta ahora el juez lo negó. Apelamos y estamos pendiente de una audiencia en la Cámara Penal para que nos tengan como damnificados”.

Además, señaló que “en el caso de que no lo acepten como damnificados, la causa penal va a seguir" porque el letrado ya se presentó a declarar, "ratificando la denuncia y aportando la prueba". "Por otro lado, los vecinos -que creo que en este momento son 73- están iniciando una demanda colectiva, una acción declarativa con una medida cautelar para que la Justicia les entregue las viviendas”, apuntó.

Y aclaró que esta demanda sobre las viviendas, “solamente se va a poder conseguir por la vía civil, no por la vía penal. Por la vía penal, únicamente pagarán por el delito que cometieron los funcionarios”. “Llegado el caso de que la Justicia penal haya declarado culpable, es más fácil terminar la acción judicial civil. Salvo que la Justicia del contencioso federal, que es donde va a estar esta acción, otorgue la medida cautelar. Si otorga medida cautelar, ya sería inmediato que le devolverían las viviendas a los adjudicatarios”, explicó.

En esa línea, comentó que “por más que apelen, la medida cautelar se cumple. Ahí tendrían que restituir las viviendas a sus adjudicatarios, que son las personas que tienen derecho. Porque se inscribieron, cumplieron todo el requisito de inscripción, fueron admitidos, se hizo el sorteo, resultaron adjudicatarios”.

“Por parte de la Justicia penal de Comodoro Py, no tengo muchas expectativas, pero sí en la Justicia civil. Hay que ver si dan la cautelar, si la dan podríamos tener una solución pronta, pero muchas veces lo que hacen es rechazar la cautelar y dejar la cuestión a resolver el fondo y eso puede tardar bastante tiempo”, lamentó. 

Y agregó que las viviendas entregadas a las fuerzas de seguridad fueron en comodato por dos años; es decir, ni siquiera ellos son propietarios de las unidades del edificio Sagol. “Lo que dice el convenio es que se lo cede el Ministerio de Economía a Seguridad por 10 años y el Ministerio de Seguridad se lo va a otorgar al personal que ellos crean por cuestiones de servicio en comodatos de 2 años”, mencionó.

Por otro lado, subrayó que “el Banco Hipotecario declaró que suspendió la plataforma por pedido del Presidente de la Nación. Con lo cual, la gente no podía continuar el trámite, los adjudicatarios legales. No obstante, algunos pudieron y tienen la tarjeta de débito para pagar el crédito y al resto le negaron esa posibilidad”.