Por: Diego Lanese

A fines de abril, Industrias Secco despidió a unos 30 empleados del sector emergencia, lo que inició un largo conflicto. Luego de siete audiencias fallidas, esta semana los dueños de la firma decidieron denunciar a los trabajadores que resisten las cesantías, consideradas ilegales, lo que generó un fuerte operativo represivo, donde efectivos policiales cercaron la planta ubicada en el partido de San Martín.

Ante esto, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria, lo que abre un compás en la crisis, aunque parece no solucionarle. Este conflicto se suma a otros como los que se viven en Georgalos, Shell y otras firmas de importancia, en un primer semestre del año con altos niveles de conflictividad. Pese a esto, el gobierno nacional anunció una baja en los paros, y lo vinculo a cierta estabilidad laboral.

Los datos se lanzaron como parte de la campaña del oficialismo, que busca instalar la idea que la baja de la inflación generó un estado de tranquilidad que se sostiene en la segunda mitad del 2025. Pero las cifras esconden otra mirada: según se puede comprobar, si bien es cierto que hubo menos huelgas, las protestas aumentaron.

Esto puede entenderse por la cantidad de situaciones donde delegados y comisiones internas denuncian situaciones irregulares, pero no llegan a una protesta formal con respaldo de gremios o centrales obreras. Por eso, distinto a lo que se espera en Casa Rosada, a crisis laboral se extiende,  y será seguramente parte de la agenda de discusión de la campaña electoral.

A través de la secretaría de Trabajo, el Ministerio de Capital Humano difundió datos sobre conflictividad, y festejó la baja de los paros, como parte de su política de negociación colectiva. Para eso, reveló dos variables para monitorear la evolución de la conflictividad laboral: “las medidas de fuerza que se efectivizan manifiestan a través de la paralización de los procesos productivos o las que se realizan sin llevar adelante un freno de las actividad”, según su descripción. 

En la primera de las categorías se dieron los datos festejados por el gobierno. “El mes pasado se registraron 46 conflictos laborales con paro de actividades, lo que representó un descenso de 10 por ciento en relación al mismo mes del año anterior y de 22 por ciento con respecto a mayo de 2025”, recalcó el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur.

Sobre la cantidad de huelguistas (249.709), “hubo un descenso de 34 por ciento respecto a junio de 2024 y de 61 por ciento en comparación con el mes anterior; mientras que la cantidad de jornadas individuales no trabajadas (338.721) se comportó de igual modo, registrando una caída de 28 y de 57 por ciento en los mismos períodos considerados”. “La menor conflictividad responde a un camino de madurez de las tres partes: gremios, empresarios y estado, se fomenta el diálogo”, explicaron fuentes de la cartera laboral.

En junio, se registró una reducción del 10% sobre los conflictos laborales con paro, en comparación con el mismo mes del año pasado.

Asimismo, se observa una caída del 22 % en comparación al mes anterior. pic.twitter.com/kdgPkq6Lpt

— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) July 31, 2025

Pero en la segunda categoría es donde se puede ver el germen de la conflictividad, que sigue latente e incluso no baja, sino que repunta. En este conjunto de protestas, que incluye concentraciones, movilizaciones, quite de colaboraciones, cortes y bloqueos, entre otros, empezó a tomar fuerza.

En junio “se registraron 117 conflictos sin paro, lo cual equivale a un aumento del 48 por ciento en relación con el año pasado”. La cifra ya había crecido en mayo y se sostuvo en junio. Este tipo de demostraciones estuvieron motorizadas principalmente por “reclamos de mejoras salariales, seguidos por despidos o no renovaciones de contratos y, luego, por pagos adeudados”.

Dentro de ellas, “el 56 por ciento de los conflictos sin paro se hicieron a través de concentraciones y movilizaciones”, como las que protagonizaron los despedidos de Georgalos y Secco. “Los conflictos por mejoras salariales apelaron fundamentalmente a las concentraciones y movilizaciones como medidas de acción directa.

En el caso de los conflictos por despidos o renovación contractual, las acciones fueron más heterogéneas, además de concentraciones, se registraron declaraciones organizativas, ocupaciones y cortes”, explicó la Secretaría de Trabajo en su último informe.

Por eso, si pensamos la conflictividad en términos de la segunda categoría, se explica el aumento de las situaciones como las que se viven en Secco, que esta semana generó tensión en la planta San Martín. Ante la continuidad del reclamo por los 30 despidos, Industrias Secco decidió denunciar penalmente a los trabajadores por su participación en las protestas.

La primera causa, iniciada en la justicia ordinaria de San Martín, fue archivada. No obstante, la firma presentó una nueva denuncia ante la justicia federal. Además, la Policía Federal desalojó la planta, ubicada en el mismo lugar que el CEAMSE, con un operativo que incluyó detenciones, golpes y momentos de mucha tensión.  Luego de la conciliación obligatoria, se volvió a retrotraer la situación, y se supone que los cesanteados volverán a su puesto de trabajo. Pero hay dudas por la actitud empresarial.

El dueño de Industrias Secco es Jorge Balan, quien declaró bajo la figura de “arrepentido” que pagó coimas en la denominada “causa de los cuadernos” y que en noviembre irá a juicio oral por “cohecho”. “Denunciamos a estos empresarios impunes, que buscan atacar los derechos elementales de los trabajadores, impedir la libertad de expresión, la posibilidad de organizarse sindicalmente, el derecho a huelga, criminalizar la protesta y amedrentar a los trabajadores. Protestar es un derecho, no un delito”, sostuvo Ariel Moreno, uno de los despedidos.

AHORA. La policía federal de Bullrich en la planta de Secco que funciona en el Ceamse San Martin entra a la planta, quieren desalojar y llevarse detenidos a trabajadores que denuncian despidos ilegales y discriminatorios. pic.twitter.com/9Ts1BCEfVe

— Trabajadores de Secco en lucha (@SeccoenLucha) August 6, 2025

El informe de la secretaría de Trabajo deja ver cómo es el sector público el más conflictivo en este momento, de la mano de la motosierra que se aplica de forma frontal en la gestión libertaria. Así, al desagregar la información por tipo de empleador, se observó que, en el ámbito estatal, “entre junio de 2024 y junio de 2025, se produjo un crecimiento en la cantidad de conflictos con paro (+6 por ciento) aunque con un descenso moderado de la cantidad de huelguistas (-1 por ciento) y un poco más intenso de las jornadas no trabajadas (-15 por ciento)”.

Esto puede explicarse por el avance del plan motosierra en el Estado nacional, donde en los últimos meses a través de distintas medidas se cerraron o fusionaron muchas dependencias. Por eso los gremios festejaron el rechazo a los decretos que cerraron Vialidad Nacional y reformularon el INTA y el INTI, entre otras dependencias, lo que se consideró un “duro golpe” al modelo desregulador del presidente Milei y su ministro Federico Sturzzeneger.

Por el contrario, en igual período, la conflictividad laboral en el ámbito privado registró “un fuerte descenso en los tres indicadores: cantidad de conflictos con paro (-44 por ciento), de huelguistas (-94 por ciento) y de las jornadas no trabajadas (-73 por ciento)”, de acuerdo al informe de la Secretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano.