domingo 10 de agosto de 2025 - Edición Nº2440

Gremiales | 7 ago 2025

NUEVA GESTAPO ANTISINDICAL

Las dos CTA denunciaron el espionaje de la SIDE: “No hay justificación legal para estas prácticas”

La dirigencia se presentó ante la justicia federal para pedir se investigue al propio presidente y a la secretaría de Inteligencia por los supuestos seguimientos ilegales que se hizo a gremios, movimientos sociales y opositores.


La conducción de las dos fracciones de la CTA realizó una denuncia penal contra el gobierno nacional por “espionaje ilegal”, luego que un periodista difundiera que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) hizo tareas de seguimiento contra dirigentes de ambas entidades, la CGT y un amplio abanico de sectores opositores y del movimiento obrero. La misma fue realizada por los secretarios generales de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky y de la CTA Autónoma Hugo "Cachorro" Godoy, quienes apuntaron contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y contra el titular de la entidad de inteligencia, Sergio Neiffert, por presuntas “tareas de espionaje ilegal sobre organizaciones sindicales, dirigentes políticos y movimientos sociales”.

 

La denuncia fue radicada ante la justicia federal, luego de que el periodista Hugo Alconada Mon publicara el pasado 3 de agosto en el diario La Nación una investigación periodística en la que se revelan informes secretos elaborados por la SIDE que monitoreaban actividades políticas y sindicales completamente lícitas, como marchas de jubilados, actos culturales y protestas gremiales.

Los informes, que detallan fechas, horarios, recorridos y nombres de dirigentes involucrados, no hacen mención a riesgos para la seguridad nacional, y estarían orientados “exclusivamente a mapear y anticipar acciones opositoras, en un accionar que viola la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520) y los derechos constitucionales a la privacidad, la libertad de expresión y la participación política”.

 

Ambas centrales aparecen mencionadas en esos informes, al igual que otras expresiones del movimiento sindical y social. “No hay justificación legal ni judicial para estas prácticas que remiten a lo peor del pasado autoritario en nuestro país por lo que se exige que se investigue hasta las últimas consecuencias ya que es un hecho de una gravedad institucional enorme, que pone en riesgo las garantías democráticas”, expresaron desde las dos CTA mediante un comunicado de prensa.

 

Para los dirigentes, “espiar a opositores, sindicatos y movimientos sociales con fines políticos es absolutamente inaceptable en un Estado de derecho”. La presentación solicita que se investigue “si los informes fueron realizados bajo orden judicial, y en su defecto, se determine la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados, incluido el Presidente, en su calidad de máxima autoridad política del sistema de inteligencia nacional”.

Además, ambas centrales sindicales solicitan “ser notificadas formalmente del avance de la causa para poder constituirse como querellantes, en representación de los trabajadores y trabajadoras que pudieron haber sido víctimas de estas maniobras ilegales”.

 

No es la primera vez que circulan denuncias serias sobre el accionar de la SIDE, que es dirigida por Sergio Neiffert, un hombre que responde al asesor Santiago Caputo. Se conoció que el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que Neiffert entregó en octubre del año pasado, habilitaría la vigilancia sobre opositores, periodistas, quienes cuestionen la política económica del Presidente, quienes estén en contra del alineamiento con Estados Unidos o Israel e incluso quienes se propongan actividades de defensa de los recursos naturales.

 

Por el mismo camino, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó una denuncia ante el Juzgado Federal N°1 a cargo de Alejo Ramos Padilla. La misma ya fue remitida a la Fiscalía N° 3, a cargo de Ana Russo. Según se detalla de el escrito, el mandatario pidió que "se investiguen los supuestos hechos ilícitos que he conocido recientemente y que se encuadrarían en delitos de acción pública cometidos por personas cuya identidad deberá establecerse y cuya calificación legal se determinará luego de la pertinente investigación y reconstrucción de su verdadero alcance".

 

En ese sentido, Kicillof precisa haber tomado conocimiento, a través de notas periodísticas, de "supuestas maniobras de espionaje ilegal por parte de funcionarios y/o personal de la SIDE contra mi persona", entre otros. Al respecto, el gobernador citó la nota del medio en cuestión y afirmó "no conocer más detalles de lo sucedido".

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