Por: Diego Lanese

En plena campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof como principal figura, la gestión bonaerense reabrió esta semana la discusión salarial. Si bien en este tiempo la relación de la gobernación con los gremios de la administración pública es fluida y de respaldo, este año el ajuste está complicando los números provinciales, lo que hace difícil cumplir con las pretensiones de los trabajadores, que quieren recuperar poder adquisitivo, en un contexto complejo.

En este nuevo encuentro, como se venía realizando hasta ahora, el gobierno no llevó una oferta concreta, y escuchó la demanda de los estatales de la ley 10.430 y los docentes. Entre los pedidos realizados, se destaca uno que se viene dando en las últimas paritarias, y que busca ser una llave que evite cualquier conflicto: un mecanismo de actualización salarial que garantice incrementos por encima de la inflación.

Es que pese a la buena relación, un reporte que circula en estas horas en La Plata muestra que los salarios públicos en la provincia de Buenos Aires perdieron en los últimos años ante los precios, lo que requiere “un aumento de emergencia”, según se plateó.

Hay temor que la campaña electoral y la interna del peronismo termine entorpeciendo la negociación, que pasó a un cuarto intermedio. Desde el Ejecutivo, se reconocieron las dificultades financieras que enfrenta la Provincia, atribuidas a medidas del Gobierno nacional y una deuda de aproximadamente 12 billones de pesos.

A pesar de ello, se prometió una propuesta concreta en la próxima cita, fijada para el viernes 8 de agosto. Además, les confirmaron que irán a la Corte Suprema de Justicia para reclamar esos millonarios fondos.

Luego del acuerdo de marzo, el gobierno provincial y estatales y docentes reanudaron la discusión salarial, en la apertura del segundo semestre del año. Con el mismo sistema que hasta ahora, no hubo oferta salarial, y la discusión se centró en los efectos del ajuste de la gestión nacional sobre las arcas bonaerenses, que complican la gestión de Kicillof.

El último acuerdo fijó un aumento del 10 por ciento distribuido en un 6 por ciento en mayo y un 4 por ciento en julio, por lo que el pedido de los gremios fue un “rápido acuerdo”, para que se pueda cobrar con los salarios de agosto. Uno de los pedidos claves es crear “un mecanismo de actualización”, que evite acortes estas negociaciones.

Así se lo confirmaron a Política del Sur distintas fuentes del encuentro, que no ocultaron el malestar que existe entre los trabajadores, pese a la buena sintonía que los gremios tienen con la gestión bonaerense. “Nuestro salario está devaluado, nunca recuperó lo perdido anteriormente, no hay un mecanismo de actualización de acuerdo al costo de vida real y la pirámide de los sueldos está muy achatada”, resumió un dirigente que participó del encuentro, respecto de esta realidad.

Por eso, desde ATE por ejemplo pidieron “la implementación de un salario de emergencia”, algo que fue compartido por el resto de las entidades de la Ley 10.430. Además, ATE volvió a poner sobre la mesa el debate por la reducción de la jornada laboral de 40 a 30 horas semanales, “sin pérdida salarial”. También reiteró la importancia de avanzar “con recategorizaciones y con la actualización del Convenio Colectivo de Trabajo”.

Paritaria Ley 10430
ATE planteó la necesidad de un salario de emergencia y el pase a planta permanente de todos los temporarios
En el sector salud solicitó el pase de becas de capacitación a contingencia con fecha cierta 1° de septiembre. pic.twitter.com/N3u6ty2sXM

— ATE Buenos Aires (@ATEBuenosAires) August 5, 2025

A diferencias de otras paritarias, en este caso los gremios fueron con una actitud más intransigente en materia de reclamo salarial. Es que el deterioro del poder de compra se hizo muy elocuente este año. En el caso de ATE y CICOP, llevaron a la mesa de negociación el último informe de los trabajadores del INDEC, que miden todos los meses el “salario deseado” para los empleados públicos, pensado para acceder a una canasta de bienes y servicios.

Según este último reporte, el mes pasado “un trabajador necesitó 1.869.924 pesos para satisfacer las necesidades mínimas de un hogar constituido por una pareja de 30 años de edad con dos hijos en edad escolar”. Este valor se compone de 639.836 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y de 1.230.088 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos.

Las canastas utilizadas para este ejercicio no son las utilizadas por el INDEC para la medición de la pobreza, que en junio de 2025 llegó a 1.298.398 pesos  para una familia de cuatro integrante”, aclararon desde la Junta Interna de ATE-INDEC. Además, los estatales bonaerenses llevaron un resumen del impacto de la inflación desde que comenzó el segundo gobierno de Javier Milei.

En 2023, marcó este resumen al que tuvo acceso Política del Sur, la inflación anual alcanzó el 211,4 por ciento, mientras que los aumentos salariales para los empleados estatales bonaerenses “se limitaron al 125 por ciento”, resultando en una pérdida de poder adquisitivo del 86,4 por ciento. En 2024, la inflación fue del 117,8 por ciento, y los incrementos salariales alcanzaron solo el 83,5 por ciento, dejando una brecha del 34,3 por ciento.

En lo que va de 2025, agregaron “hasta junio, la inflación acumulada es del 15,1por ciento, mientras que los aumentos salariales fueron del 15 por ciento, generando una diferencia mínima del 0,1 por ciento”. En total, desde septiembre de 2023, “la pérdida acumulada del salario real frente a la inflación alcanza un alarmante 120,8 por ciento”.

Lo cierto que con estos números bajo el brazo, el reclamo de los trabajadores de la administración pública bonaerense crecen, y si bien se mantienen los canales de diálogo, hay expectativa respecto de los posibles conflictos que puedan aparecer.

En este sentido, otro dirigente aseguró que “no hay mucha expectativas en la política salarial y laboral del gobierno. Confiamos en la fuerza de nuestros reclamos. Por eso la necesidad de asambleas y un congreso provincial para definir un plan de lucha”.

El pedido viene de un “ala dura” d los gremios, pero se entiende que la buena relación de las cúpulas de las dos fracciones de la CTA –que contienen a la gran mayoría de las agrupaciones estatales –será un dique de contención de ese malestar. Entre otros pedidos  realizados, los estatales reclamaron “instalación de una mesa de seguimiento para el pase a planta transitoria de becarios de contingencia; pase a planta de becarios y contratados precarios en todas las áreas del gobierno provincial, incluyendo prestatarios de IOMA, modulares de la DGCyE, entre otros”.

Además, ATE solicitó también la conformación de una mesa técnica en educación para revisar la resolución 293 que regula la tarea de auxiliares, y la apertura de mesas sectoriales en organismos como el Ministerio de Mujeres y Diversidad, el Patronato de Liberados, OPISU, el Ministerio de Trabajo, Cultura y Comunicación Pública. Por último, el gremio reclamó “la necesidad de un decreto que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores en caso de modificaciones estructurales dentro del gobierno, como las que pueden derivarse de la reciente reforma de la Ley de Ministerios”.

⭕️ El Gobierno bonaerense reabrió las negociaciones con los gremios estatales en el marco de la Ley 10.430

Resaltamos la necesidad de recuperar poder adquisitivo y solicitamos que se convoque a nuestra paritaria sectorial para continuar abordando diferentes temas extrasalariales pic.twitter.com/nXwXvH8wfu

— CICOP (@CICOP_ok) August 6, 2025

Luego de la reunión con los estatales y los integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), se espera que se haga un llamado a negociar a los trabajadores judiciales y profesionales y médicos del sistema sanitario.

Estas paritarias suelen ser “un espejo” de las dos más grandes, pero con reclamos más puntuales y específicos, que pueden complicar la resolución. En el caso de la paritaria sanitaria, enmarcada en la ley 10.740, el gremio CICOP espera el llamado para plantear su agenda de reivindicaciones.

“En el sector salud se plantea la necesidad no sólo de un aumento de emergencia sino de una recomposición es más que nunca una necesidad urgente”, dijo el secretario general del gremio médico, Guillermo Pacagnini. En diálogo con Política del Sur, el referente explicó que CICOP “participó de la paritaria de este martes no sólo reclamando el aumento salarial sino también condiciones laborales con el pase a planta de los becarios que permanecen como un sector precarizado del equipo de salud”, algo con lo que coincidieron con ATE.

“El salario está bajo para los ingresantes y está muy bajo para los que tenemos 30 años de carrera profesional”, alertó Pacagnini, que marcó que “necesitamos blanquear las bonificaciones que tenemos en la estructura salarial y aumentar el salario de ingreso a 1.900.000 que es el cálculo del mínimo que hicieron los trabajadores del INDEC”. Otro pedido del gremio será “aumentar el pago de las funciones, garantizando que se cobren en tiempo y forma”.

“Sin profesionales con salarios dignos no hay salud pública que pueda funcionar. Reclamamos también que se convoque a nuestra paritaria sectorial de profesionales de la salud que es donde se define en términos concretos nuestro salario y condiciones laborales”, concluyó el dirigente de CICOP.