El anuncio de la privatización de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) generó rechazo en diferentes sectores sociales y políticos. Política del Sur conversó con Walter Martello, defensor adjunto del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, quien recordó la experiencia de la década del 90 y destacó que es un derecho constitucional.

“Se ha concretado la privatización porque el gobierno emitió un decreto lanzando el proceso licitatorio que fue publicado en el boletín oficial”, precisó Martello, quien observó que “la privatización de AySA, como de otras empresas, se había establecido oportunamente en lo que se llamó la Ley Bases, con lo cual se está dando cumplimiento a eso”. 

Recordó, en este marco, la experiencia pasada. En 1993 el ex presidente Carlos Menem, concedió Obras Sanitarias a la empresa francesa Suez. “La experiencia de esta concesionaria francesa no fue la mejor en nuestro país, no hubo expansión de la inversión, sólo hubo una expansión en lo que tenía que ver con el costo del servicio y recibíamos la factura con la leyenda ‘agua no apta para el consumo humano’. Estamos retrocediendo en un proceso que no fue para nada exitoso”, remarcó.

Con respecto a la privatización de AySA, sostuvo que “hay un proceso mundial que va en sentido opuesto". "París, Berlín, tienen servicios municipalizados, pero siempre estatales porque el acceso al agua es un derecho constitucional, que no puede estar en manos privadas, que lo único que van a hacer es recomponer tarifas y no expandir”, amplió.

Asimismo, señaló que el Estado debería estar presente aunque las empresas sean mayoritariamente privadas: “Que tengas en el directorio alguien del Estado sentado a la hora de que tome las decisiones ya sea de invertir o dejar de invertir. Cuando vos te retirás completamente de ahí, es darle rienda suelta a lo que todos sabemos que funciona en ese proceso empresario: La mayor rentabilidad posible al menor nivel de inversión posible”, explicó.

Y subrayó que “si bien, algunos amparos que habían salido favorables fueron apelados por el Estado Nacional, la Justicia no se ha expedido. Por eso, las inversiones que plantean que van a llegar, tienen que poner un ojo sobre la situación legal de la Argentina, porque en realidad, nadie va a comprar nada que el día de mañana se lo quiten”.

En la misma línea, consideró: “Hay una cuestión que está jugando la oposición muy fuerte de ‘todo esto lo vamos a rever en caso de ganar las elecciones del 27’. Es muy aventurado por parte del gobierno ensayar este tipo de medidas, sabiendo que todo va a quedar pendiente de las resoluciones judiciales y de un criterio político absolutamente contrario, porque no ha buscado ningún tipo de consenso para estas cuestiones”.

Además, expresó que “está claro que Argentina ha sido tomado por algunos grupos empresarios que saben que este Gobierno ha venido a otorgarle la mayor cantidad de beneficios posibles a las empresas, pero que se declara públicamente anti usuarios. Nada de lo que venga puede ser mejor”. “Han hecho una bandera del desguace del Estado con este planteo de mostrar las ineficiencias y decir ´ahora viene lo privado que nos va a salvar´. Y lo privado nunca nos salva, en realidad, los que se salvan son ellos”.

Por otro lado, comentó que “hoy también salió publicada la puesta en venta de las acciones que tenía el Estado Nacional de la empresa Transener. El Estado tenía el 26% en forma indirecta de las acciones y ahora va a dejar de estar presente en un sector estratégico muy fuerte, como es la energía para volcarlo al campo privado”.