Por: Diego Lanese

En los últimos días, una serie de fallos judiciales le pusieron un freno a las reformas de fondo que busca imponer el gobierno. Uno de los más importantes detuvo la disolución de Vialidad Nacional, una propuesta del Ministerio de Desregulación que buscaba fusionar una serie de entidades en un gran ente vial.

Lo mismo sucede con el INTA y el INTI, que los gremios buscar sostener con sus estructuras actuales. Además, la CGT logró rechazar el DNU “anti huelga”, que limitaba la capacidad de realizar paros en varias actividades mediante la declaración de esencialidad.

Todos estos recursos fueron promovidos por sindicatos, y muestran un foco de resistencia a las “reformas de hecho” que intenta  imponer la gestión libertaria, mientras negocia cambios en el mercado laboral más formales, en el criticado Consejo de Mayo.

En este contexto, la justicia rechazó la desregulación de la marina mercante, lo que fue festejado por la dirigencia. “Nos da un respiro”, afirmaron los promotores del amparo, que destacaron que a partir de esto quedan suspendidos “artículos claves” del decreto 340, que ya en junio fue repudiado.

El sector es considerado emblemático en el modelo laboral del gobierno nacional, ya que las distintas medidas –incluyendo un Régimen de Excepción que autoriza el uso de tripulaciones extranjeras –son vistas como “una reforma laboral encubierta”, una especie de ensayo para llevarla a todo el mercado del trabajo.

El Juzgado Nacional del Trabajo 32 resolvió la semana pasada suspender preventivamente varios artículos del DNU 340/2025 vinculados a la marina mercante. En el escrito, se señaló que el decreto fue dictado “sin respetar la Constitución y vulnera derechos laborales, sindicales y de organización”.

El fallo suspende la aplicación de los artículos 2, 3, 5 al 7, 9 al 11, 14 y 25 al 27 del DNU, y mantiene vigentes las normas que dichas disposiciones derogaban o modificaban. En la resolución, a la que tuvo acceso Política del Sur, se destaca que los trabajadores marítimos “son un sector socialmente vulnerable y que el decreto fue dictado mientras el Congreso estaba en funcionamiento, lo que agrava su ilegitimidad”.

En este sentido, la jueza Viviana M. Dobarro argumentó que las reformas impulsadas vía decreto” podrían afectar derechos garantizados por la Constitución Nacional y tratados internacionales”, y citó jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el uso limitado de los DNU.

El amparo al que le dio respuesta la justicia fue presentada por varios gremios del sector, que alertaron sobre “el irreparable daño que causa la apertura del Cabotaje Nacional a banderas extranjeras, la competencia desleal sobre las condiciones de trabajo de la tripulación, la carencia o inexistencia de Convenios Colectivos de Trabajo, el desinterés en la profesionalización y capacitación de los trabajadores y el desmedro de la seguridad en la navegación”.

Freno a la aplicación del Decreto 340/2025

Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso suspensión que modificaba la operación de la marina mercante🇦🇷

Juez Alonso Regueira aceptó cuestionamientos planteados por actores del sectorhttps://t.co/pa6PIogSjT

— BautiGonzalez (@gonbauti) July 18, 2025

“Este fallo nos da un respiro”, dijo el capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo. El dirigente remarcó que el fallo de la semana pasada “no es una cuestión definitiva”, por lo cual en este tiempo que no está el decreto en vigencia los gremios “debemos profundizar la lucha que venimos realizando, es el momento de hacer hincapié en el poder legislativo, para que ese DNU sea derogado definitivamente”.

Además, Moreno le pidió a los diputados “que traten los proyectos de ley incorporados al Congreso” para mejorar la realidad de la marina mercante. “El fallo es un límite que se le pone al gobierno, no es definitivo, por eso no podemos bajar los brazos, ahora la pelota está en nuestro campa, tenemos que ser responsables y avivar la llama en el poder legislativo para que haga lo que corresponda”, dijo Moreno en diálogo con Política del Sur, que entiende que si no logran frenar al oficialismo “van a venir por todo, y no podemos permitirlo”.

“Es importante que la Justicia se expida a favor de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores de la Marina Mercante y nos brinde el primer límite al avasallamiento que implica esta desregulación sobre la actividad, que en definitiva no deja de ser una regulación, pero en contra de los intereses nacionales”, recalcó.

Una vez conocido el nuevo fallo, Moreno realizó un análisis mediante un posteo en sus redes sociales donde explicó los alcances de la medida. “Desde el Centro de Patrones, junto a otros gremios del sector, presentamos un amparo porque este DNU fue dictado sin respetar la Constitución.

Vulnera derechos laborales, sindicales y entrega la soberanía del país”, dijo el referente sindical como parte de su análisis. Allí recordó que la jueza Viviana Dobarro “suspendió artículos clave del decreto”, al reconocer que los trabajadores marítimos “somos un sector vulnerable y que el Congreso estaba en funciones cuando se firmó el DNU. Ni necesidad ni urgencia”.

“La Justicia entiende algo que el Poder Ejecutivo ignora: La apertura del cabotaje a banderas extranjeras no es libertad de mercado. Es competencia desleal, es precarización, es inseguridad en la navegación, es entrega”,  agregó Mariano Moreno.

La justicia falló a favor de la Marina Mercante pic.twitter.com/oRLEWqjEMZ

— Mariano Moreno (@MorenoPatrones) July 21, 2025

Otro punto que intenta aplicar el gobierno en el sector es el llamado Régimen de Excepción, que busca desregular la forma de contratar tripulaciones. La nueva normativa apunta a “incentivar la inversión, reactivar el comercio exterior y fomentar la generación de empleo en la actividad marítima”, pero en el fondo es una “reforma laboral encubierta”.

Es que este régimen permite a los armadores nacionales “suspender temporalmente la bandera argentina en sus buques sin perder la matrícula nacional, posibilitando la inscripción en registros extranjeros cuando sea necesario”. Esto otorga “mayor flexibilidad operativa y reduce costos administrativos”.

A la par de esto se eliminan trámites como la renovación anual del Registro de Armadores Nacionales y se amplían las opciones para contratar personal embarcado, incluso a través de asociaciones gremiales u otras entidades habilitadas.

“Cuando no haya embarcaciones nacionales registradas o autorizadas para cabotaje por armadores nacionales, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) podrá otorgar permisos temporales de hasta 180 días a barcos extranjeros, con posibilidad de renovación”, destacó en sus argumentos el decreto en cuestión.