La informalidad laboral volvió a encender las alarmas en la Argentina. Según el último informe de Argendata, una plataforma desarrollada por Fundar y curada por Daniel Schteingart, el 42 por ciento de los trabajadores ocupados está en situación informal. Se trata de 8,8 millones de personas que no cuentan con aportes previsionales, cobertura médica, ni acceso a derechos laborales básicos. Del total, 5,5 millones son asalariados no registrados por sus empleadores y 3,3 millones trabajan por cuenta propia sin inscripción en el sistema previsional. El informe expone una realidad estructural que se acentúa especialmente entre los cuentapropistas, donde el 62 por ciento trabaja en negro.
El fenómeno no afecta por igual a todo el país. Las provincias del Norte Grande —como Salta, Santiago del Estero y Tucumán— presentan las tasas más altas de informalidad, con más del 50 por ciento de los asalariados sin registrar. Estas regiones, con bajos niveles de industrialización y economías centradas en el agro o la economía popular, carecen de condiciones para generar empleo formal. En contraste, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias patagónicas como Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén muestran niveles de informalidad inferiores al 20 por ciento, impulsadas por sectores industriales, servicios profesionales y alta presencia de empresas formales.
En cuanto a los sectores económicos, la informalidad supera el 60 por ciento en actividades como el agro, la construcción, la gastronomía y el servicio doméstico. Por el contrario, en ramas como la minería, el petróleo, las finanzas y los servicios profesionales, la informalidad es inferior al 15 por ciento.
Históricamente, la informalidad en Argentina ha tenido vaivenes. En los años ‘80, rondaba el 27 por ciento, pero se disparó al 49 por ciento tras la crisis de 2001. Luego cayó entre 2003 y 2011 gracias al crecimiento económico y a políticas de formalización, pero desde 2015 la tendencia volvió a subir. Actualmente, la informalidad entre asalariados se mantiene en el 36 por ciento, superando los niveles de países como Brasil (23,6 por ciento), Chile (14,8 por ciento) y Uruguay (9,6 por ciento), aunque por debajo de Bolivia, México o Perú, donde el empleo informal es dominante.
Entre los factores que alimentan la informalidad se destacan el estancamiento económico de la última década, la caída del empleo privado formal, el aumento del empleo público como contención social, y una presión tributaria elevada que desalienta la contratación legal. A su vez, millones de trabajadores informales quedan fuera del sistema previsional, sin cobertura de salud, licencias pagas ni representación gremial, lo que debilita la seguridad social y compromete la recaudación del Estado.
Los especialistas coinciden en que sin crecimiento sostenido no se puede revertir la informalidad, pero advierten que el crecimiento por sí solo no basta. Es necesario reformar el sistema tributario, crear incentivos concretos para registrar empleo, y fortalecer las instituciones laborales. Mientras tanto, más del 40 por ciento de los trabajadores argentinos siguen en condiciones precarias, sin acceso a derechos ni garantías, en un sistema que, en muchas regiones del país, hace de la informalidad la única opción para sobrevivir.
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