Por: Diego Lanese

Con apoyo de buena parte de la oposición, incluso aquella que se muestra dialoguista con el gobierno nacional, el Congreso avanzó en el tratamiento de la llamada Ley de Financiamiento Universitario, la propuesta que gremios, rectores y agrupaciones estudiantiles crearon para intentar salvar al sector del ajuste libertario.

Con buen respaldo en las distintas comisiones, el proyecto está listo para ser tratado en la cámara baja, para luego enfrentar como otras propuestas el veto presidencial, bajo el argumento de sostener el equilibrio fiscal. Para el sector, esta iniciativa –que garantiza recursos para el normal funcionamiento de las universidades y los fondos para mejorar los salarios de los docentes y nodocentes –es clave para lo que pueda pasar el segundo cuatrimestre.

Un dato clave es la cantidad de trabajadores que dejaron su cargo, en especial profesores vinculados a la investigación. Los datos que recogió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) apuntan a que un 5 por ciento de la plantilla renunció en lo que va del 2025, productos de las malas condiciones laborales y salariales.

Esto desmiente al gobierno, que difundió datos alentadores en materia de cargos. Estos datos y otros fueron presentados en un informe donde se denuncia la “dramática situación” de la educación superior.

La salida de profesores y docentes de la educación superior fue tema de discusión en la última reunión del CIN, que viene asegurando que muchos trabajadores abandonan sus cargos por los bajos salarios y las malas condiciones laborales. En estos días, el Ministerio de Capital Humano, que tiene bajo su órbita a la subsecretaría de Políticas Universitarias, negó renuncias masivas, y sostuvo que ahora había “más cargos que antes”.

“Según el Anuario de Estadísticas Universitarias 2023, la ejecución presupuestaria en gastos de personal financiados por el Tesoro Nacional ascendió a 1.156.794.874.718 pesos, con una planta total de 220.660 personas, lo que representa un costo promedio anual de 5.242.431 pesos por persona”, explicó la cartera que comanda Sandra Pettovello.

Si se hubiera reducido el personal, agregaron, “ello implicaría un excedente de 52.424 millones de pesos a valores de 2023, que actualizado a diciembre de 2024, supera los 119.000 millones de pesos”. “Ninguno de esos montos aparece como superávit en los presupuestos universitarios actuales”, afirmaron. De esta forma, se intentó salir al cruce de las críticas que comenzaron a darse en el sector, pero los rectores junto al Frente Sindical de Universidades Nacionales rechazaron las afirmaciones.

🗣️ "El segundo cuatrimestre en las universidades nacionales corre peligro: lo vamos a reiterar porque lo que está en juego es el funcionamiento de un sistema al que asisten más de 2,5 millones de estudiantes". https://t.co/2dg4MuwMF2

— CIN (@CINoficial) July 9, 2025

“Nunca perdimos tanto personal, y menos en el primer cuatrimestre del año”, le dijo a Política del Sur una fuente del CIN, que confirmó que son “un 5 por ciento de los cargos los que renunciaron hasta ahora”. Esto hace que sean 10 mil docentes y profesores los que migraron al sector privado o se fueron del país, entre otras cuestiones.

Además, mediante un comunicado se quejaron de la postura del gobierno: “En lugar de atender y ocuparse de la crítica situación que atraviesan las universidades, sin siquiera responder formalmente una nota elevada por los canales institucionales para advertir las dificultades que atravesamos, el gobierno nacional intenta correr el eje de la discusión”.

En la misma línea, los rectores de las universidades nacionales se refirieron a la grave situación salarial que atraviesa a los docentes, y que -paradójicamente- es reconocida en el propio comunicado firmado por el Ministerio de Capital Humano. “Es grave que la ministra y el subsecretario reconozcan en su propia nota que los docentes tuvieron una pérdida del 35 por ciento del poder adquisitivo de los salarios y no hagan nada al respecto”, lamentaron.

Por eso insisten que se apruebe la ley que garantiza mejoras en el presupuesto universitario y paritarias libres. Hasta ahora, el gobierno cerró de forma arbitraria los acuerdos, sin apoyo de los gremios, bajo el techo salarial que intenta imponer el Ministerio de Economía.

Al respecto, los datos fueron confirmados por un reciente informe presentado la semana pasada en la sede de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN). Se trata del primer reporte que el gremio elabora junto al Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), que busca ponerle datos concretos al ajuste libertario, y así producir materiales que permitan dar esta discusión sobre bases científicas.

En unidad, las entidades ofrecieron un panorama para saber del impacto del ajuste en los salarios de docentes, nodocentes e investigadores, además del impacto del recorte presupuestario. Entre los principales datos recompilados en el informe, al que tuvo acceso Política del Sur,  se denunció que los salarios de docentes e investigadores nacionales “cayeron un 29,3 por ciento en términos reales desde noviembre de 2023”, y el financiamiento educativo nacional “descendió al 0,7 por ciento del PBI, su nivel más bajo en 33 años”, según el informe.

También expone que el presupuesto de la Secretaría de Educación se redujo un 47,6 por ciento en dos años, mientras que el financiamiento científico cayó un 45,4 por ciento, afectando gravemente a organismos de CyT. El CONICET, por ejemplo, también perdió ante el ajuste libertario, y perdió un 32,8 por ciento de recursos en dos años. El caso más dramático es la Agencia I+D+I, recientemente intervenida por el gobierno: Perdió un 90 por ciento de su presupuesto en términos reales.

El martes presentamos en nuestra sede gremial, el primer informe mensual sobre la situación del Sistema Universitario, hay datos realmente alarmantes, pueden descargarlo acá: https://t.co/p5AZAmyNnX pic.twitter.com/LqqZom6ytH

— Daniel Ricci (@riccifedun) July 11, 2025

En la previa a la presentación del reporte, la cámara de Diputados trató en comisiones la denominada Ley de Financiamiento Universitario, que busca salvar el ajuste libertario a través de una serie de mecanismos que garanticen mejoras en los fondos presupuestarios, para permitir el funcionamientos de las casas de estudio y mejorar los salarios, que se están desplomando desde que asumió Javier Milei la presidencia.

En este sentido, el diputado Daniel Gollán, que preside la comisión de Ciencia, confirmó que se lograron las firmas necesarias para que se trate en el parlamente la propuesta, que el gobierno amenaza con vetar. Por el importante apoyo logrado, se cree que será difícil parta el oficialismo conseguir los votos para revertir la norma, en caso de aprobarse.

“Esto muestra que no es inmutable esto que pasa, vamos a cambiar las cosas, hay que generar conciencia en la gente de estas situaciones”, marcó Gollán al respecto. En cuanto a los efectos del ajuste, confirmó que el presupuesto de ciencia debería ser del 0,45 del PBI, según las leyes, pero hoy apenas alcanza el 0,16.